El representante José “Che” Pérez Cordero –a cargo de evaluar la reforma judicial ya aprobada en el Senado–señaló este martes que la Asamblea Legislativa tiene mecanismos de “rendición de cuentas”, que, a su juicio, hacen falta en el Poder Judicial, al distanciarse de las comparaciones de los directivos de esa rama sobre que los presidentes legislativos también nombran a sus subalternos, como lo hace la jueza presidenta del Tribunal Supremo, Maite Oronoz Rodríguez.

“He escuchado comparar estas designaciones que se hacen también aquí, en la Rama Legislativa, pero no necesariamente coinciden con el funcionamiento de la Asamblea Legislativa. Los 53 miembros fueron escogidos por el pueblo de Puerto Rico. (El partido mayoritario de) ese cuerpo colegiado escoge al presidente y le delega esas funciones de administrar. Aquí, hay un mecanismo de rendición de cuentas. El día que el presidente le falte la confianza, la mayoría del cuerpo colegiado puede tomar la determinación de levantar un cuestionamiento, se vota y se escoge otro presidente. Esa facultad no existe dentro del Tribunal Supremo. ¿Por qué?”, opinó el presidente de la Comisión cameral de lo Jurídico, en vista pública.

Como parte de la evaluación del Proyecto del Senado (PS) 1096, de la autoría del presidente Thomas Rivera Schatz –que busca, entre otras cosas, delegar funciones de designación de jueces regionales y otros puestos al pleno del máximo foro judicial–, las principales preguntas de Pérez Cordero fueron dirigidas a cuestionar las responsabilidades para rendir cuentas de la Oficina de Administración de los Tribunales (OAT), que dirige el juez apelativo Sigfrido Steidel Figueroa, nombrado por Oronoz Rodríguez.

Steidel Figueroa replicó que “hay distintas maneras en que el Poder Judicial da cuentas” respecto a las demás ramas de gobierno, al mencionar la evaluación del propio presupuesto de la OAT, las investigaciones legislativas a las que deben responder, y las auditorias de la Oficina de la Contralora y otras agencias fiscalizadoras en el Ejecutivo.

“Hay precedentes judiciales que aclaran ese poder de designación de la figura del juez presidente, nombrado por el primer ejecutivo y bajo el consejo y consentimiento del Senado. Si hay alguna preocupación de que el Poder Judicial deba tener otros mecanismos de rendición de cuentas, yo soy el primero que estoy abierto a que usted me los comparta y, dentro de la estructura administrativa vigente, buscamos la manera de viabilizarlo. No significa que (actualmente) no tengamos que rendir cuentas”, añadió.

Sobre la intención del PS 1096, Steidel Figueroa planteó que, para cambios tan amplios en la Judicatura, correspondería “una enmienda constitucional”. Además, aseguró que las enmiendas propuestas afectarían el “acceso a la justicia”.

“Aun así, habría ciertos problemas (con la medida) porque, dentro de la estructura del Poder Judicial, se diluye no solamente la cadena de mando, sino la línea de responsabilidad última. El mejor ejemplo que podemos tener son las del Poder Ejecutivo y el Legislativo. Claro que los máximos líderes de esas entidades deben tener amplias facultades de designación de su personal de confianza con el que trabajan directamente. No se trata, meramente, de que ejerce una función nominal, tienen que tener la capacidad para hacerlo de manera efectiva, y eso implica que puedan elegir su propio equipo de trabajo”, afirmó.

Al respecto, Pérez Cordero sostuvo que, con los cambios en “la cadena de mando”, no necesariamente se trastocaría la comunicación y agilidad entre los directores de la OAT para ejercer las funciones dentro de la Judicatura, uno de los argumentos que los representantes de la dependencia trajeron a la comisión.

Steidel Figueroa argumentó, en tanto, que, en la mayoría de las jurisdicciones estadounidenses, se emula el modelo de Nueva Jersey y se reconoce “una figura fuerte” liderando los tribunales supremos.

“Hay una interpretación distinta a la que plantea OAT y aquí nos corresponderá determinar si se le dará paso a esta medida”, continuó el representante del Partido Nuevo Progresista (PNP).

En su turno de preguntas, sin embargo, Pérez Cordero defendió las intenciones de Rivera Schatz ante señalamientos de Steidel Figueroa sobre que, en la exposición de motivos del proyecto, no se señala ningún problema administrativo que amerite una reforma judicial.

“El proyecto de ley no necesariamente significa que se está haciendo algo mal. A lo mejor, la intención, precisamente, es que sea aún mejor, que se establezca y se atempere, luego de 74 años, a la visión moderna”, sostuvo, adelantando su postura.

Las delegaciones del Partido Popular Democrático y Partido Independentista Puertorriqueño han rechazado la pieza, que fue aprobada, en julio, por 18 senadores del PNP.