Entre denuncias de “usurpación constitucional” y presunta revancha político partidista, la delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP) en el Senado aprobó este jueves la legislación dirigida a reestructurar el Poder Judicial, una medida que las minorías catalogaron como un “desmantelamiento democrático”, pero que la mayoría parlamentaria defendió por entender que resuelve un debate histórico sobre la administración de los tribunales.

“Una cosa es organizar los tribunales inferiores, fijar competencia y regular nombramientos dentro del marco constitucional, y otra muy distinta es usar una legislación para redefinir la estructura del Poder Judicial y subordinar su independencia a conveniencia del momento político”, apuntó el senador José A. Santiago, del Partido Popular Democrático.

“La línea entre reglamentación legítima y usurpación constitucional no es borrosa, es clara, y esta medida la cruza”, agregó Santiago, durante el debate que se extendió por dos horas.

Desde su presentación, el Proyecto del Senado 1096, aprobado con 18 votos a favor y siete en contra, enfrentó la oposición de diversas estructuras judiciales y expertos en Derecho Constitucional, que apuntaron que violenta la separación de poderes que la carta magna establece entre las funciones reglamentarias del pleno del Tribunal Supremo y la autoridad ejecutiva de la jueza presidenta, cargo que ocupa Maite Oronoz Rodríguez desde 2016.

Aprobado en el Senado en el último día permitido para ello en esta sesión ordinaria, pasó a la Cámara de Representantes, pero no fue atendido, quedando pendiente para el próximo ciclo, en agosto.

“Decir que, de alguna manera, este proyecto pretende quitarle poderes a la presidenta del Tribunal Supremo es mentir, y es mentir a sabiendas de la falsedad que se está diciendo”, expresó, por su parte, el presidente del Senado y autor de la pieza, Thomas Rivera Schatz.

“Si estuviéramos equivocados en aprobar esta legislación... quien así lo piense, puede ir al tribunal, nos puede llevar y hacer el planteamiento”, añadió Rivera Schatz. “La Constitución, desde siempre, ha dicho que el Poder Judicial de Puerto Rico se ejercerá por el Tribunal Supremo. Cualquier persona de inteligencia promedio entiende eso”.

Como parte de la discusión en el hemiciclo, se aprobó una enmienda de sala que revirtió un cambio previo y devolvió a siete años, en lugar de cinco, el requisito mínimo de experiencia profesional para ocupar el cargo de juez del Tribunal de Primera Instancia.

“Este lamentable momento es la actitud del ‘barrimos’ que ustedes (PNP) nos repiten, convirtiéndose en el desgraciado banquete total de otra época. Es el mismo patrón que hemos visto en otras democracias que se van vaciando por dentro, no por golpe de Estado, sino por legislación u órdenes ejecutivas”, puntualizó Santiago.

Desde la promulgación de la Constitución del Estado Libre Asociado, en 1952, el juez presidente ha tenido la facultad de designar a los jueces administradores de cada región judicial y nombrar a los directores auxiliares que laboran bajo el director de la Oficina de Administración de los Tribunales, funciones que los opositores del proyecto consideran que ahora pasarían al Supremo en pleno, creando disloques en el manejo de la Rama Judicial.

“Este proyecto lo que hace es clarificar de forma taxativa, de forma clara y directa, lo que ha sido, desde el 1951, el debate sobre quién administra la Rama Judicial y, si bien es cierto que la mayoría de los jueces asociados del Tribunal Supremo pertenecen al honroso Partido Nuevo Progresista, lo primero que todo el mundo tiene que recordar es que son peritos en Derecho, los llamados a defender la Constitución”, expuso la senadora Roxanna Soto Aguilú, del PNP.

Por su parte, la portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño, María de Lourdes Santiago, reconoció el matiz partidista que ha rodeado los tribunales de la isla, recordando que, en el pasado, la forma coloquial de referirse al Supremo era como el “segundo comité popular de Puerta de Tierra”. Sin embargo, criticó duramente la medida del PNP, al advertir que “dos males juntos no hacen un bien y la revancha no debe ser un principio que guíe la acción legislativa”.

Respecto a la intención legislativa de eliminar prospectivamente la categoría de juez municipal para uniformar la estructura del Tribunal de Primera Instancia, Santiago señaló que las salas municipales representan un servicio importante en el acceso a la justicia al atender asuntos, como la atención de órdenes de protección por Ley 54 y las solicitudes de hospitalizaciones por salud mental forzosas (Ley 408).

Otras medidas aprobadas este jueves fueron el Proyecto del Senado 782, para fortalecer la estructura organizacional de las policías municipales; y la Resolución Conjunta del Senado 195, que asigna $4.7 millones provenientes de los ingresos generados por las “máquinas de juegos de azar en ruta” para distribuir entre varios municipios, con el fin de fortalecer sus operaciones y la prestación de servicios esenciales.

También, fueron aprobados el Proyecto de la Cámara 1316, que propone crear un mecanismo especial para facilitar la inscripción en el Registro de la Propiedad de solares municipales ubicados en los centros urbanos; y el Proyecto de la Cámara 1304, para eliminar el modelo obligatorio de escaneo de contenedores en los puertos.