La Cámara de Representantes aprobó esta noche, mediante descargue, el proyecto de ley que impondría requisitos adicionales para acceder a información pública, esto a pesar de que el presidente del cuerpo legislativo, Carlos “Johnny” Méndez, aseguró, el miércoles, que “no había prisa” en atender la legislación.

La movida surgió cerca de las 7:30 p.m., a horas de que culminara el plazo para aprobar legislación en esta sesión. Como parte de las enmiendas, se le eliminó a la legislación todo el contenido de las páginas 10 a la 13.

La medida ahora pasará ante la consideración de un comité de conferencia donde se atenderían las diferencias que existen entre ambos cuerpos relacionadas con la legislación.

La votación final fue de 29-24. El representante Ramón Torres Cruz, del Partido Popular Democrático (PPD) indicó a El Nuevo Día que siete miembros del Partido Nuevo Progresista (PNP), y la representante de Proyecto Dignidad, Lisie Burgos Muñiz, votaron en contra, junto con la delegación del PPD y los miembros del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP).

Los representantes del PNP que votaron en contra fueron Fernando Sanabria Colón, Odalys González González, José “Che” Pérez Cordero, Emilio Carlo Acosta, Wanda del Valle Correa, Carmen Medina Calderón y Christina Muriel Sánchez.

“La delegación del Partido Independentista Puertorriqueño, ante la ausencia de un debate, vamos a emitir un voto explicativo en contra”, anticipó su portavoz, Denis Márquez.

Ambos cuerpos tendrán hasta el 18 de noviembre para llegar a un entendido sobre la legislación de la autoría del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz.

El representante y portavoz del PPD en la Cámara, Héctor Ferrer Santiago, lamentó la manera en la que la medida se aprobó mediante descargue, situación que tomó por sorpresa a los legisladores.

“Es lamentable para el país que a esta hora de la noche, en la última sesión para aprobar medidas, se apruebe el proyecto mediante descargue. Tratamos de tomar turnos (para debatir la legislación) y no se nos concedieron. Esto tomó por sorpresa a todo el mundo”, resaltó Ferrer Santiago a El Nuevo Día.

“Este proyecto no se discutió de la manera correcta, en ninguno de los cuerpos, y es lamentable para el pueblo porque se trata del acceso a información pública. Vemos un patrón del gobierno de Jenniffer González de esconder información cuando se solicita. A fin de cuentas, el que no quiere entregar información es porque algo esconde”, añadió el legislador.

Por su parte, Torres Cruz calificó la votación como “un día triste para el acceso a la información, para la libertad de prensa y para la democracia”.

“Teníamos esperanza de que no se aprobara, pero a última hora decidieron descargarlo. No hay palabras completas para describir lo que sucedió. Se le da la espalda a la libertad de información y a la Constitución, por lo que, por mucho tiempo, se ha luchado. Estamos entregando derechos”, enfatizó Torres Cruz.

Torres Cruz recordó que mantiene una demanda en los tribunales para obligar a la Policía de Puerto Rico a entregar un documento preparado por su División Legal que el superintendente Joseph González utilizó para determinar que no tiene el poder para eliminar la escolta de la exgobernadora Wanda Vázquez Garced.

“Como miembro de la Comisión de Seguridad Pública, solicité ese documento y la Policía aún no lo ha entregado. Así que acudí a los tribunales, como ciudadano, solicitando dicho documento, y tampoco se me ha entregado”

La representante por el PIP, Adriana Gutiérrez Colón, resaltó, en un vídeo publicado en la cuenta de Facebook de Márquez en la que compartió con la representante Nelie Lebrón Robles, que, contrario a las expresiones de Méndez de que “no había prisa para rendir el informe y que se llevaría de manera sosegada”, el proyecto bajó mediante descargue.

“Eso no fue lo que sucedió y es una traición al país, al derecho al acceso a la información pública, y una falta de palabra tanto del presidente de la Cámara (Méndez) como de los representantes en la Cámara que dijeron que esta medida no correría con el mismo proceso que corrió en el Senado. Pero, en efecto, así sucedió”, enfatizó Gutiérrez Colón.

Por su parte, Márquez añadió que “las ponencias que se presentaron ante la Comisión de lo Jurídico demostraron a la saciedad lo malo de este proyecto de ley. Descaradamente, en la tarde, escuchamos al Departamento de Justicia y a la Oficina del Inspector General avalar una medida que atenta contra el derecho a la información”.

Entretanto, la directora ejecutiva de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), la licenciada Annette Martínez Orabona, resaltó, mediante declaraciones escritas, que la aprobación de la medida fue “una afrenta al pueblo y (a) su derecho fundamental de acceso a la información pública de manera oportuna”.

“Con esta acción, los miembros de la Cámara a favor de esta medida demuestran que la vista pública que citaron ayer, miércoles, no era más que una mera formalidad, realizada a la prisa, para continuar con un trámite expedito sin justificación. La amplia oposición de diversos grupos y organizaciones comunitarias demuestra que esta medida no le conviene a nadie, excepto a aquellos que persiguen ocultarle algo al país. La aprobación del Proyecto del Senado 63 es contrario a todo lo que representa una democracia participativa”, recalcó Martínez Orabona.

El PS 63 enmienda la Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública (Ley 141-2019) para imponer requisitos adicionales a las solicitudes de información en poder de las agencias gubernamentales.

Entre otras cosas, elevaría a 20 días laborables el término para la entrega de información, en lugar de los 10 días actuales, y 20 días más como prórroga, para un total de 40. Al sumar días feriados y fines de semana, el tiempo real sería de dos meses.

Asimismo, exige notificar a los jefes de agencia cada petición para considerarse “no defectuosa”, y ordena incluir la dirección postal y el correo electrónico en las solicitudes, lo que, como han advertido algunas entidades, perjudica a ciudadanos sin acceso a estos recursos, además de que expone a los solicitantes a “carpeteo” o actos de persecución al interior de las agencias.