La Cámara de Representantes aprobó este martes un proyecto de ley para declarar cada 25 de marzo como el “Día del Niño por Nacer”, una medida que, según su autora, la portavoz de Proyecto Dignidad, Lisie Burgos, busca seguir allanando el camino hacia la erradicación del aborto en la isla.

El Proyecto de la Cámara (PC) 794 tiene como propósito “promover la celebración, el respeto y la defensa a la vida humana desde el momento de la concepción”.

“Esta medida es un paso fundamental para seguir construyendo la cultura de vida y sirve para que, como sociedad puertorriqueña, realicemos una reflexión profunda en torno al rol fundamental de la familia y la dignidad inviolable de todo ser humano, lo que incluye el niño por nacer”, argumentó Burgos.

“Reconozco que nos queda un largo camino para hacer el aborto impensable en nuestro país, pero esfuerzos legislativos como este contribuyen a ir transformando la cultura de muerte que ha imperado en Puerto Rico”, agregó la legisladora.

Para la representante del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Adriana Gutiérrez, la legislación representa un paso más dirigido a “erosionar” los derechos reproductivos de las personas gestantes.

“Esta medida, sin duda alguna, no es un acto neutral ni es un acto meramente simbólico. Esta medida, como muchas otras que se han convertido en ley, forma parte de una estrategia y una agenda política para redefinir desde la concepción el alcance de los derechos, con el efecto práctico de erosionar derechos reproductivos reconocidos -y actualmente protegidos- por nuestro ordenamiento jurídico”, aseveró Gutiérrez.

En medio de una crisis en los servicios de salud y la inseguridad que enfrentan muchos niños víctimas de maltrato, la prioridad de la Asamblea Legislativa debería estar dirigida, a juicio de la legisladora independentista, a reforzar los servicios prenatales, promover una educación sexual integrada y conceder licencias de maternidad y paternidad dignas.

“Seamos coherentes y consistentes con nuestros discursos, nuestros mensajes y nuestro trabajo legislativo. No podemos proclamar la defensa de la vida mientras ignoramos, precisamente, las condiciones materiales que hacen que muchas mujeres tengan que enfrentar embarazos y maternidades en contextos de precariedad y en contextos de violencia”, subrayó Gutiérrez durante la sesión legislativa.

“No podemos defender la dignidad del que está por nacer mientras se desprotege la dignidad de quien ya está aquí con nosotras y con nosotros”, señaló. “Nuestra función aquí, como legisladoras, no es imponer creencias, sino garantizar el derecho y convivencia de todos los que convivimos en nuestro país”, apuntó.

Como parte de evaluación de la medida, se le solicitaron memoriales explicativos a los departamentos de Estado y Justicia. Este último no remitió comentarios, mientras la secretaría de Estado dijo que la propuesta representa un “aporte significativo y distintivo al repertorio de conmemoraciones oficiales del país”.

El PC 794 recibió 40 votos a favor y ocho en contra de la delegación del PIP, integrada por Gutiérrez, Nelie Lebrón, Denis Márquez; y sus homólogos del Partido Popular Democrático (PPD) Estrella Martínez, Swanny Vargas Laureano, Ángel Fourquet Cordero y Héctor Ferrer Santiago. De la misma forma, votó en contra el representante del Partido Nuevo Progresista (PNP) Roberto López Román.

La Cámara dio paso, además, al Proyecto del Senado (PS) 508, para eliminar el requisito de bachillerato en premédica, un paso que -junto a otras iniciativas incluidas en la medida- busca mitigar la escasez de galenos en la isla.

Además de eliminar el requisito de bachillerato en premédica, la legislación propone modernizar los procesos administrativos para la solicitud y recertificación de licencias y facilitar la integración a la práctica local de médicos licenciados en la jurisdicción federal.

“Aunque le estaremos votando a favor de la medida, hay un problema fundamental vinculado con esto que no se menciona en el proyecto, que es, con nombre y apellido, los planes médicos de este país que martirizan a los médicos, que provocan que médicos tengan graves problemas en la administración de sus oficinas y en sus ingresos”, expuso Márquez, representante del PIP.

La medida fue aprobada con 47 votos a favor y la oposición de Burgos, de Proyecto Dignidad.

Los requisitos con los que tienen que cumplir los aspirantes al examen de reválida de medicina en Puerto Rico, así como los médicos que provienen de otras jurisdicciones a nivel federal, para obtener su licencia, representan un obstáculo para que estos profesionales se establezcan y practiquen la medicina en la isla, según la medida legislativa.

Según la exposición de motivos, legislaciones como esta, junto a otros esfuerzos, resultan urgentes para detener la fuga de médicos. Para 2030, establece la pieza, se estima que cerca del 50% de los médicos especialistas que ejercen hoy la profesión hayan cesado su práctica.

De otra parte, fueron derrotados el PS 202, que creaba la Oficina de Transferencia de Tecnología y Propiedad Intelectual del Departamento de Educación, y el PS 197, que agrupaba bajo el Código Municipal todas las disposiciones relativas al programa de educación para la prevención y manejo de la violencia doméstica al que se someten los policías municipales.