La Cámara de Representantes dio paso este jueves a un paquete de tres medidas presentadas por la gobernadora Jenniffer González como anticipo a su reforma al sistema contributivo y que habían quedado pendiente de consideración en la pasada sesión legislativa.

“Son tres medidas que son parte del compromiso de la administración para hacerle justicia nuestra gente”, subrayó el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, el representante Eddie Charbonier, al presentar las medidas durante la sesión ordinaria.

Se trata del Proyecto de la Cámara (PC)499, que propone aumentar la deducción máxima por aportaciones a cuentas de ahorro individual (IRA) educativas de $500 a $1,000; el PC 502, para establecer que la ganancia por la venta de una residencia principal está exenta de contribución sobre ingresos y contribución básica alterna; y el PC 503, que eleva de $5,000 a $7,000 la deducción máxima permitida por aportaciones a cuentas IRA en Puerto Rico.

“Ayudan a que exista una planificación no tan solo financiera, sino educativa, que papá o mamá puedan, desde temprana edad, aportar para la educación de sus hijos”, expuso Charbonier durante la discusión del PC 499. Este proyecto y el 503, dijo, equiparan las disposiciones del Código de Rentas Internas federal con el estatal.

El representante por San Juan indicó que, según un análisis de la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa (OPAL), el impacto económico del PC 499 se estima entre los $500 mil y $733 mil, definiéndolo como “sencillo” y que puede ser “superado”. El impacto del PC 503, sin embargo, puede alcanzar los $9.4 millones, solo para el año fiscal 2027, según la OPAL.

Según los informes del Comité de Reforma Contributiva, creado por la gobernadora, 17,634 contribuyentes reportaron aportaciones a cuentas IRA en 2022, totalizando $77 millones. La mayoría de estas aportaciones provino de contribuyentes con ingresos de $41,500 o más.

Al PC 502, en tanto, se le incluyó lenguaje para clarificar que, en vías a recibir la exención dispuesta en la legislación, la propiedad objeto de la compraventa tiene que ser la residencia principal del vendedor y este tiene que haberla vivido por los pasados cinco años. “Para aclarar dudas que puedan surgir, no aplica a los beneficiarios que ya tienen la Ley 60, entiéndase los individuos no residentes que llegan a Puerto Rico. Es estrictamente para locales”, indicó Charbonier.

“El mejor activo o el mayor activo que tiene una familia es su residencia, su hogar, más allá de las cuentas bancarias y lo demás; y a esa inversión le estamos dando un crédito o esa justicia al local”, expresó sobre el PC 502, que no tiene impacto sobre el fisco, según la OPAL.

Charbonier anticipó que la próxima semana citarán al componente fiscal del gobierno para conocer el estatus de la reforma contributiva y cómo van los ingresos, recaudos y gastos.

A pesar de su discusión y haber sido aprobado a viva voz, la Cámara dejó en asuntos pendientes la votación final del PC 165, para prohibir los baños inclusivos en dependencias gubernamentales y la Universidad de Puerto Rico (UPR), con el argumento de prevenir la violencia sexual contra la mujer.

La medida, de la autoría de la representante de Proyecto Dignidad, Lisie Burgos, será reconsiderada el jueves próximo –se anticipó– para incluirle enmiendas dirigidas a garantizar el acompañamiento de las personas con diversidad funcional al momento de utilizar un baño público.

Durante la discusión de la legislación –atendida por descargue–, Burgos argumentó que la pieza no es un “ataque” a grupos particulares, sino una “afirmación clara” de que la UPR debe velar por “la seguridad, intimidad y dignidad” de todos los estudiantes. “No es discriminación, es respeto al orden natural y la privacidad”, señaló, al alegar que, asimismo, responde a un “reclamo genuino” de padres y madres.

Para la representante del Partido Independentista Puertorriqueño Adriana Gutiérrez, sin embargo, el proyecto no solo parte de “puros prejuicios”, sino que no responde al fin alegado de atención de incidentes de agresiones en los baños inclusivos. “Basta ya de seguir legislando a base de prejuicios y misiones discriminatorias... parece mentira que estas sean las prioridades de esta Asamblea Legislativa”, apuntó

Como coautores, aparecen los representantes penepés Ensol Rodríguez, José Aponte Hernández, Wanda del Valle, Carmen Medina, José Hernández Concepción, José “Pichy” Torres Zamora, Fernando Sanabria, Edgar Robles, Omayra Martínez, Emilio Carlo Acosta y Jorge “Georgie” Navarro.