La Cámara de Representantes aprobó este jueves el Proyecto de la Cámara 165, para prohibir los baños inclusivos en dependencias gubernamentales y la Universidad de Puerto Rico (UPR), con el argumento de que la medida busca prevenir la violencia sexual contra las mujeres.

“Creo que el proyecto queda de una manera que cubre las necesidades no solo del sector conservador, no solo de las personas que piensan sobre la seguridad de las jóvenes, sino también para las personas con impedimento”, sostuvo la representante novoprogresista Wanda Del Valle, al presentar la legislación.

El proyecto de ley recibió 37 votos a favor y 11 en contra.

Como parte de la discusión legislativa, la medida fue enmendada para hacerla extensiva a las corporaciones públicas y municipios. Establece, además, que no se permitirá “personas del sexo opuesto en baños para un sexo determinado” y provee para que los baños con solo un equipo sanitario sean designados como baños familiares.

Del mismo modo, determina que todos los baños serán divididos por el sexo biológico de las personas, “específicamente baños para las mujeres y baños para los hombres”. “Esto es estigmatizar. No sé por qué decimos que, en este proyecto y en esta Cámara, no se estigmatiza”, expuso el representante popular Domingo Torres.

Señaló que, durante el proceso de vistas públicas, no se presentaron estadísticas que evidenciaran que los baños inclusivos aumentan los riesgos de agresión. Asimismo, dijo, la Policía no pudo establecer, a través de sus números, “consistencia” sobre los lugares donde ocurren las agresiones.

La autora de la medida, la representante por Proyecto Dignidad, Lisie Burgos, manifestó, durante su turno de debate, que, con la aprobación de la pieza, “se le hace justicia a las mujeres que defendemos nuestros derechos y nuestra privacidad”.

“Los baños específicos para mujeres han sido un logro producto de una lucha histórica aún hoy no zanjada”, añadió Burgos, quien planteó que permitir los servicios sanitarios inclusivos es “ser cómplices de una crasa y violenta invisibilización y anulación de los derechos de las mujeres, además de estar habilitando a potenciales agresores”.

Opinó que, con la medida, se protegen garantías constitucionales como igual dignidad para todos los ciudadanos y el disfrute a la vida y libertad del ser humano.

Burgos negó que se esté afirmando que las personas que “se autoperciben diferentes a su sexo biológico constituyan un riesgo para la sociedad”. Insistió en que la medida responde a un interés apremiante en salvaguardar la vida, dignidad y seguridad de las mujeres.

En tanto, el presidente de la Federación LGBTQ+ de Puerto Rico, Pedro Julio Serrano, afirmó que el proyecto es un ataque a la comunidad trans, intersex y no binaria, al no permitirles acceso a un servicio básico, que es poder ir a un baño sin temor a ser discriminado.

“Aunque algunas de las enmiendas presentadas iban encaminadas a aparentar remediar el asunto, la realidad es que no son suficientes. No hay garantías para que las personas trans, intersex y no binarias tengan acceso a los baños familiares o asistidos. Esto debido a que no se asignan fondos para que dichos baños familiares sean construidos o habilitados. Todo se queda en una medida aspiracional”, añadió Serrano por escrito.