El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez, confirmó este lunes que ese cuerpo legislativo enmendará el presupuesto para el próximo año fiscal remitido por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), en unión al gobierno, con la intención de atender el reclamo de transparencia en la distribución de algunas partidas planteado por los alcaldes.

“Hemos tomado la decisión que vamos a enmendar el presupuesto del país para que haya esa transparencia y que esas partidas estén identificadas, cosa de que haya la visibilidad para los alcaldes y para el pueblo de Puerto Rico”, anunció el líder cameral, durante una conferencia de prensa junto el liderato de la Asociación de Alcaldes y la Federación de Alcaldes.

Desde hace unas semanas, los ejecutivos municipales han exigido especificidad en la distribución de una partida de $59 millones destinada para el pago de servicios esenciales, como, por ejemplo, el servicio de ama de llaves y paramédicos.

“No vislumbro ningún problema con la Junta porque vamos a utilizar exactamente el mismo lenguaje que se utilizó en el presupuesto vigente, que la Junta avaló”, anticipó Méndez.

“Es una forma mucho más ágil para (que) la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) pueda disponer de los fondos y que lleguen inmediatamente a los gobiernos municipales”, argumentó Méndez.

Se trata de la tercera reunión que sostiene el liderato de la Cámara de Representantes con los presidentes de las organizaciones que representan a los alcaldes populares y novoprogresistas en búsqueda de soluciones para atender la “precaria” situación fiscal en la que se encuentran, al menos, 14 pueblos.

Durante este reciente encuentro, se discutió, además, el desembolso de los $35 millones que se destinaron para un “rescate financiero” para los ayuntamientos -anunciado por la gobernadora Jenniffer González hace dos semanas- y de $49.5 millones para cubrir el “cost share” o costo compartido de los proyectos de reconstrucción del huracán Fiona (2022).

“Relacionado a los $35 millones, ya se sometió ante la Junta, el viernes pasado, la solicitud para poder distribuirlos. Recuerden que eran $35 millones que tenían un apellido distinto y un poco más restricto en su utilización”, señaló el director de la OGP, Orlando Rivera Berríos.

“Estamos hablando que se pueden beneficiar 44 municipios, de acuerdo al análisis que se realizó, y el análisis va cónsono a la situación fiscal y al ‘cash’ disponible que tienen los municipios”, expuso Rivera Berríos.

Respecto al desembolso de los $49.5 millones para cubrir el costo compartido de los proyectos de reconstrucción de Fiona, Rivera Berríos dijo que este miércoles discutirá el asunto con la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3).

Concluida la reunión, el presidente de la Federación de Alcaldes, Gabriel Hernández, dejó abierta la posibilidad de identificar nuevas partidas -no incluidas en el presupuesto- para atender la crisis fiscal de los ayuntamientos, pero ello implicaría recortes a otras instrumentalidades públicas.

“Tenemos que recordar que no podemos salir del marco de $13,095 millones, que es el presupuesto de Puerto Rico, así que habría que buscar de qué agencia hacer algún tipo de recorte”, expuso Hernández, líder de los alcaldes novoprogresistas, al decir que discutieron el asunto con la JSF.

Como parte de sus reclamos, los alcaldes también pidieron la disposición inmediata de $2.1 millones -bajo la custodia de la OGP- correspondientes al pago de la patente municipal de telecomunicaciones.

Hernández explicó el dinero corresponde a un “sobrante” por concepto del cobro de la patente de telecomunicaciones desde 2018, cuando el dinero pasó a la custodia de la OGP tras la eliminación de la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales (OCAM).

“Lo que estamos solicitando es que se pasen a los gobiernos municipales para que también sean parte del rescate financiero”, sostuvo el también alcalde de Camuy, al señalar que la distribución del dinero requiere legislación.

Mientras todo eso se resuelve, agregó el presidente de la Cámara, continuarán buscando fondos adicionales para atender las inquietudes de los municipios. “Queremos ser responsables, queremos tener un presupuesto balanceado, certificado por la Junta para que sea el inicio de la salida de la JSF de Puerto Rico”, subrayó Méndez.