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Los presidentes de Cámara de Representantes y Senado, Rafael “Tatito” Hernández Montañez (izq) y José Luis Dalmau Santiago.
Los presidentes de Cámara de Representantes y Senado, Rafael “Tatito” Hernández Montañez (izq) y José Luis Dalmau Santiago. (Teresa Canino Rivera)

Los presidentes de Cámara de Representantes y Senado, Rafael “Tatito” Hernández Montañez y José Luis Dalmau Santiago, respectivamente, anunciaron hoy, miércoles, la impugnación, ante el Tribunal Federal, de la extensión indefinida al contrato suplementario de LUMA Energy que el gobierno acordó a finales de noviembre pasado.

“Formalmente la Cámara y el Senado de Puerto Rico unen fuerzas para impugnar en el Tribunal Federal la extensión de forma unilateral del Gobierno de Puerto Rico del contrato de LUMA…”, dijo el presidente de la Cámara durante una conferencia de prensa celebrada en el Salón de los Próceres en El Capitolio.

La presentación del recurso legal, se da tras agotar los remedios legislativos y administrativos, indicaron los presidentes. “No hay duda que este contrato -que ya lleva siete aumentos al costo energético del país- ha afectado el bolsillo de todos los puertorriqueños…y, al final, no solo es el costo oneroso, es el mal servicio que le sirve a Puerto Rico”, señaló Hernández Montañez.

Le presentamos, iniciando el cuatrienio, al Gobernador proyectos de la Cámara y del Senado para enmendar el contrato de LUMA, para que la transición tardara seis meses más y no afectara a los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), para que se enmendará protegiendo los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico. Todos esos proyectos fueron vetados”, destacó, por su parte, Dalmau Santiago.

El recurso judicial, el cual será presentado el próximo lunes, estará sustentado en dos reclamos principales: que la extensión del contrato no contó con el respaldo de los representantes del interés público y tampoco fue aprobado mediante legislación, según lo dispone la Ley 120-2018 y la Ley 29-2009, respectivamente.

La Ley 20-2018 estipula que “la aprobación por la Junta de Directores de la Autoridad bajo el Artículo 9(g)(iii) de la Ley 29-2009 deberá contar con el voto afirmativo de ambos representantes del interés público en el caso de cualquier transacción de la AEE que no involucre la venta de activos de la AEE”.

Desde antes que la Autoridad de Alianzas Público Privadas (AAPP) diera su visto bueno a la extensión contractual, el líder cameral había planteado que, si los representantes del interés público en la Junta de Directores del organismo –nominados por los presidentes legislativos– no se expresaban a favor de la transacción, esta sería nula. Sin embargo, ante las abstenciones de estos funcionarios –Liza Ortiz y Eduardo Ferrer– en la votación, la mayoría de la Junta de Directores interpretó que la extensión de un contrato existente no requería el aval de los miembros del interés público.

Contrario al contrato suplementario previo, que se extendía hasta que AEE completara su reestructuración financiera o hasta un máximo de 18 meses, el pacto ratificado en noviembre pasado no fija un límite a su vigencia. El término de 15 años del acuerdo principal entre LUMA y el gobierno no comienza a correr hasta que la AEE salga de la quiebra. “Es un cheque en blanco a una compañía que hasta ahora no ha demostrado la capacidad para dirigir la energía de este país”, advirtió Dalmau Santiago.

“La Asamblea Legislativa hoy da un paso en la dirección correcta, le demuestra al país que está dispuesto a sentarse a la mesa de buena fe y lo hace de forma desprendida y conscientes de nuestro deber histórico. Le toca ahora al gobernador responder si tiene la misma buena fe y el mismo derecho y el mismo deseo de encontrarnos en beneficio del bolsillo de los consumidores”, señaló Hernández Montañez.

En expresiones previas, el consorcio afirmó que concentra sus esfuerzos en “construir un mejor futuro energético para Puerto Rico, dejando a un lado el pasado y la política”.

“Para que quede claro, nada nos distraerá de esta misión crucial. Sin importar dónde vivas en esta hermosa isla, deberíamos estar entusiasmados con las oportunidades increíbles que nos esperan, las cuales nos ayudarán a alcanzar el futuro energético más confiable, más resiliente y más limpio que nuestros clientes esperan y merecen”, afirmó al ser abordada sobre la posibilidad del pleito legal.

Puntos claros

Los líderes legislativos anunciaron, además, que le enviaron ayer una carta al gobernador con seis disposiciones con las que deberá cumplir la futura alianza público privada para la operación del sistema de generación eléctrico para contar con el respaldo de la Asamblea Legislativa.

Dijeron que el futuro contrato debe disponer que cualquier ahorro alcanzado en la transacción se refleje en una reducción directa en la factura de los abonados, que no arriesgue los empleos y beneficios de los trabajadores de la AEE destacados en esa área y que no sirva de “pretexto” para la contratación de socios, aliados, subsidiarias ni entidades ligadas a la compañía operadora.

Otros puntos medulares sería darle prioridad a la contratación de empresas y empleados locales, garantizarle al pueblo y a la Asamblea Legislativa acceso a las métricas relacionadas al desempeño del contrato y, por último, que cualquier extensión o acuerdo posterior cuente con la aprobación de los representantes del interés público.

“Yo estoy en contra de la privatización de servicios esenciales, pero si el gobernador y el gobierno de turno quiere privatizar, háganlo bien, porque si lo hacen mal, sepan las compañías que van a contratar que cuando el pueblo en las próximas elecciones adjudique y le de la victoria al Partido Popular, el Partido Popular se va a encargar de esos contratos. Si están mal hechos y no le sirven bien al pueblo de Puerto Rico, no puede ser”, aseveró Dalmau Santiago.

Hernández Montañez, por su parte, le dijo al gobernador que “tiene una gran oportunidad” de sentarse a la mesa y evitar que la próxima transacción “terminemos en los tribunales de nuevo”.

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