A menos de 48 horas del término original de vencimiento, el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez, solicitó formalmente a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) una extensión al período del evaluación del nuevo presupuesto, hasta el 19 de junio, a fin de alinearlo con las exigencias constitucionales de responsabilidad fiscal y las prioridades ciudadanas.

“Considerando la complejidad de la revisión presupuestaria en curso, junto con nuestro deber de producir un presupuesto legislativo final que demuestre una gestión fiscal sólida y que se alinee con las necesidades de los residentes de Puerto Rico, solicitamos una extensión de la fecha límite de entrega hasta el 19 de junio”, lee la carta de Méndez, con fecha del 3 de junio.

Según el calendario trazado por la JSF, la Legislatura tenía hasta este viernes para someter su revisión del presupuesto del próximo año fiscal, que comienza el 1 de julio. Sin embargo, el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, Eddie Charbonier, había anticipado, a principios de semana, que consideraban solicitar al ente una extensión al período de evaluación.

“Esta extensión permitirá que la JSF, junto con la Cámara de Representantes y el Senado, participen en una deliberación más profunda e informada. También, proporcionará el tiempo necesario para incorporar información adicional recibida de los municipios y agencias ejecutivas, y así finalizar una propuesta legislativa que cumpla tanto con nuestra responsabilidad constitucional como con los estándares establecidos por la ley Promesa”, agrega la misiva.

La gobernadora Jenniffer González presentó un presupuesto consolidado de $33,570 millones, incluyendo $13,180 millones con cargos al Fondo General.

En entrevista previa, Méndez había indicado a El Nuevo Día que, entre los ajustes presupuestarios, estaría identificar la asignación de fondos para la rehabilitación de Roosevelt Roads, en Ceiba; y para el mantenimiento de las carreteras. A esto, Charbonier había añadido la identificación de fondos para la ampliación de los servicios de SER de Puerto Rico, la adquisición de patrullas para la Policía y el mantenimiento de escuelas públicas.

Entre las asignaciones que podrían recibir enmiendas, está la partida de $9.5 millones incluida para la Iniciativa para la Desreglamentación y Eficiencia Administrativa (IDEA), liderada por la licenciada Verónica Ferraiuoli, con la intención de revisar y simplificar los procesos y estructura gubernamental.

Otra preocupación, según Charbonier, es que el presupuesto no es específico en el uso de algunas partidas. Por ejemplo, no se consiga una asignación para el mejoramiento de escuelas, ni se aclara si es que esos fondos están incluidos en el presupuesto del Departamento de Educación.

En su carta, Méndez sostiene que el enfoque de la Cámara no ha cambiado, que es, dijo, actuar con responsabilidad y elaborar un presupuesto equilibrado que responda a las necesidades del pueblo, fortalezca la responsabilidad fiscal, promueva la estabilidad económica y cumpla con el plan fiscal y los objetivos establecidos bajo la ley Promesa.