El Colegio de Contadores Públicos Autorizados favoreció este miércoles el “propósito general” de la reforma contributiva propuesta por la gobernadora Jenniffer González, pero señaló que la medida, tal cual radicada, significaría un aumento de la tasa marginal máxima de 31.35% a 33%, lo que podría “afectar las oportunidades de inversión” para Puerto Rico, una advertencia a la que la Asociación de Bancos se unió.

Aunque la tasa marginal máxima vigente es de 33%, actualmente, las personas con ingresos en exceso de $100,000 tienen derecho a un descuento de 5% del total de su responsabilidad contributiva que quedaría eliminado –según el proyecto– para los períodos posteriores al año contributivo 2024, explicó el presidente del Colegio, David Rodríguez Ortiz.

Dicho descuento permite o establece que la tasa marginal máxima –para este renglón contributivo– sea de 31.35%, en vez de 33%. “Ello (eliminación), desde el punto de vista de desarrollo económico, puede ponernos en una posición de desventaja, si los inversionistas eligen invertir en jurisdicciones con una tasa máxima marginal menor”, arguyó el contador público autorizado.

Un aumento en la tasa marginal máxima, agregó, puede alterar percepciones de competitividad, especialmente en un contexto donde Puerto Rico compite con jurisdicciones que promueven tasas más bajas, certeza contributiva y marcos regulatorios estables para atraer y retener capital humano y financiero.

“El riesgo radica en la señal que envía la medida. Los inversionistas, profesionales altamente remunerados y empresarios que evalúan establecerse o expandir operaciones en Puerto Rico no solo analizan el efecto marginal de una tasa, sino la trayectoria del sistema contributivo en su conjunto”, subrayó.

“Si bien aliviar a la clase trabajadora y a la clase media es una meta legítima y necesaria, ese alivio no debe lograrse a expensas de erosionar la base de contribuyentes de altos ingresos que, además de aportar una porción significativa del recaudo, suelen ser motores de inversión, creación de empleo y actividad empresarial”, añadió.

La Asociación de Bancos, a través de su presidenta, Zoimé Álvarez, levantó la misma preocupación. “En la medida en que aumentamos la tasa máxima, Puerto Rico se vuelve menos competitivo en términos de tasa de impuestos al momento de atraer contribuyentes que puedan estar sujetos a dicha tasa”, dijo la licenciada.

Las expresiones de ambos surgieron durante la segunda vista pública de la Comisión de Hacienda del Senado para evaluar la reforma contributiva, contenida en el Proyecto del Senado 912. Junto a ellos, depusieron representantes del Departamento de Justicia y la Junta de Planificación (JP).

La reforma contributiva tiene como enfoque la reducción de tasas a los contribuyentes con ingresos anuales de entre $25,000 y casi $90,000. Incluye otras medidas complementarias orientadas a “corregir rezagos históricos” del sistema, como la revisión y ajuste por inflación de las exenciones personales, por dependientes y para pensionados.

Para Rodríguez Ortiz, la propuesta representa un “paso intermedio” razonable mientras se trabaja, de forma más amplia y estructurada, una reforma comprensiva que atienda de “manera balanceada” a individuos, corporaciones, entidades conducto, impuestos al consumo y contribuciones municipales.

Recordó, igualmente, que aún está ante la consideración de la Asamblea Legislativa el Proyecto de Administración 47, que tiene el fin de establecer una contribución especial a ingresos de intereses, dividendos y ganancias de capital a largo plazo. “Dicho proyecto es uno medular para el desarrollo económico de Puerto Rico, por lo que recomendamos que se culmine el trámite legislativo”, afirmó.

El Colegio tomó con “cautela”, asimismo la eliminación de la exención tributaria a los equipos de placas solares y a los autos híbridos, eléctricos o “plug in”, ya que, aunque puede responder a necesidades fiscales inmediatas, podría entrar en tensión con la política pública de energía renovable.

En su experiencia, agregó, medidas como estas promueven cambios de conducta, lo cual puede no solo reducir los potenciales ahorros, sino desincentivar la actividad económica, provocando que el gobierno no genere los ingresos esperados por la venta de vehículos o el impuesto sobre equipos solares.

“Recomendamos auscultar alternativas para cumplir con dichos estimados sin eliminar estas exenciones, en beneficio de la política energética del país”, planteó Rodríguez Ortiz.

El equipo fiscal del gobierno ha estimado que la eliminación de ambos renglones representa $48 millones de los $550 millones del impacto estimado de la reforma. Asimismo, ha negado que su aplicación represente un cambio en la política energética vigente.

“La Asamblea Legislativa tiene plena facultad para crear, modificar o eliminar exenciones contributivas, siempre que respete principios constitucionales como la igual protección de las leyes y la no retroactividad indebida”, estableció, por su parte, la licenciada Ketsy N. García Rosario, en representación de Justicia.

Justicia, al igual que la JP, favoreció la reforma contributiva. No obstante, presentó varias enmiendas técnicas para atender, por ejemplo, incisos omitidos y aclarar la intensión legislativa. “La medida no aparenta imponer contribuciones de carácter confiscatorio ni alterar derechos adquiridos, sino que se orienta a reforzar el cumplimiento de las obligaciones contributivas ya existentes”, analizó García Rosario.

El presidente de la JP, Héctor A. Morales, sostuvo en tanto, que la inversión por el costo para la reforma –$550 millones– tendría un impacto directo, indirecto e inducido en la economía de $1,413 millones en la producción local.

Las vistas continúan el próximo sábado 24 de enero, en la Cámara de Representantes, con la comparecencia de la Asociación de Industriales, la Asociación de Energía Solar y Almacenamiento de Puerto Rico y la Asociación de Constructores.