La Comisión de Transportación y Obras Públicas del Senado emitió un informe negativo del proyecto de administración que legalizaba el tránsito de vehículos todoterreno por ciertas vías públicas, confirmó este jueves su presidente, Héctor Joaquín Sánchez.

“La divergencia entre lo que el Proyecto del Senado (PS) 916 dice representar y lo que efectivamente dispone genera una incongruencia que esta Comisión no puede avalar. La medida, tal como fue radicada, no recoge fielmente las recomendaciones del proceso multisectorial que le dio origen y, por consiguiente, no satisface los estándares de seguridad vial, protección ambiental y fiscalización efectiva que este Alto Cuerpo y la ciudadanía merecen”, concluyó la Comisión.

Tras el informe negativo, el proyecto no puede ser llevado al pleno para votación.

Una versión igual sigue ante la consideración de la Cámara de Representantes, pero el presidente de la Comisión de Transportación de ese cuerpo, José “Cheíto” Hernández, le aconsejó a la gobernadora Jenniffer González que retire la propuesta, en este caso, el Proyecto de la Cámara 1018.

“Mi recomendación a La Fortaleza es que retire el proyecto”, dijo Hernández, al confirmar que también se inclinan a emitir un informe en contra de la medida. “Vi el informe del Senado y estamos más o menos en la misma línea”.

“Si ellos (La Fortaleza) entienden que deben radicar otro proyecto con otras características, pues, lo hablamos con mucho gusto”, agregó.

El Nuevo Día solicitó y aguada por una reacción de la gobernadora.

La medida de administración disponía la creación de un registro, bajo el nombre “VTT Street-Legal”, que hubiera permitido a los conductores –que cumplieran con su inscripción– manejar vehículos todoterreno, así como de baja velocidad, en ciertas carreteras (secundarias y terciarias). Durante la discusión senatorial, sin embargo, diversas entidades no favorecieron la legislación, según radicada.

Una de ellas fue la Policía, que recomendó múltiples enmiendas, entre estas, establecer los 18 años como la edad mínima para operar un vehículo todoterreno. El PS 916 otorgaba dicha autorización desde los 16. Otra sugerencia iba dirigida a enmendar la “Ley de Vehículos y Tránsito” (Ley 22-2000) para establecer la “obligación expresa” de que todo concesionario o distribuidor autorizado registrara el vehículo ante el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) como condición previa a su entrega al comprador.

Sin embargo, una de las principales preocupaciones de los legisladores –de ambas cámaras y todos los partidos–es que la medida dejaba en manos del DTOP definir, mediante reglamento, las vías por las que transitarán los “four tracks”. De parte de la administración, hubo resistencia, incluso, a que el reglamento, una vez diseñado, requiriera de la aprobación de la Asamblea Legislativa para su entrada en funcionamiento.

En su informe negativo, la Comisión senatorial reconoció la necesidad de atender la problemática de la proliferación de los vehículos todoterreno y de baja velocidad, pero sostuvo que las disposiciones incluidas en el PS 916 “no eran cónsonas con el proceso técnico, multisectorial y basado en evidencia” que el propio gobierno impulsó mediante la Orden Ejecutiva OE-2025-029.

En junio, la gobernadora anunció la creación de un comité de trabajo para ayudarla en el diseño de un marco regulatorio para el tránsito de este tipo de vehículos. Por ejemplo, el informe final del grupo de trabajo recomendó que los vehículos todoterreno solo transitaran por vías previamente designadas y que se excluyeran de las autopistas, expresos y vías de acceso restringido parcial o permanente. Sin embargo, el PS 916 establecía que “podrán transitar por todas las vías públicas, incluyendo autopistas, carreteras estatales y municipales pavimentadas”.

“Esta disposición contradice la recomendación del grupo de trabajo y fue señalada como un riesgo significativo por múltiples comparecientes”, dispone el informe.

Asimismo, el grupo de trabajo recomendó la creación de un endoso especial en la licencia de conducir, que incluiría la aprobación de un curso teórico práctico certificado por la Comisión para la Seguridad en el Tránsito y la Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles. El proyecto lo sustituía por una autorización de circulación expedida por el DTOP, “sin incorporar los controles de capacitación y certificación interagencial que el grupo consideró esenciales”, concluye el informe.

Entre las entidades que se opusieron a la legislación, estuvieron la Asociación de Compañías de Seguros y las administraciones de Vieques y Culebra. Otras, como el Departamento de Justicia, la Oficina del Comisionado de Seguros y la “Latin American Motorcycle Association”, favorecieron el proyecto con enmiendas.