Aunque desde perspectivas distintas, varios deponentes favorecieron esta mañana un proyecto de ley que persigue despenalizar la posesión de 14 de gramos de marihuana y que ese fin se logre mediante legislación y no a través de una consulta popular.

Sobre el tapete estuvieron el Proyecto de la Cámara 1037, que despenaliza la posesión de hasta 14 gramos, aunque mantiene una multa de $500, y el PC 975, que propone consultar a la ciudadana sobre la idea de despenalizar. Esta última pieza legislativa no fue favorecida en una vista de la Comisión de lo Jurídico.

Por despenalizar, se entiende que el Estado asumirá una postura de manos afuera y no castigará con sanciones penales a ciudadanos que sorprendidos en posesión de 14 gramos de marihuana o menos. La legalización, que no está contemplada en las medidas atendidas hoy, naturalmente incluye la despenalización, pero también la regulación completa de una nueva industria de la marihuana recreacional, además del uso de la sustancia, incluyendo la cantidad a comprarse permitida, los parámetros de cantidad, los lugares para su uso y los métodos para su adquisición.

Mientras tanto, el trámite legislativo apenas comienza pues el representante popular Héctor Ferrer Santiago está preparando su propio proyecto de ley. Indicó en un aparte con periodistas que no hay duda de que la balanza cada vez más se inclina a favor de que un ciudadano no sea procesado criminalmente por posesión de marihuana.

Hace más de un mes el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, anticipó que en el cuerpo legislativo no había los votos para la despenalización.

“A mi entender es momento de comenzar a hablar de crear un marco regulatorio por la coyuntura histórica en que nos encontramos. Necesitamos nuevas fuentes de ingreso para el Gobierno y ¿qué mejor oportunidad que un marco regulatorio para el cannabis?”, sostuvo Ferrer Santiago al precisar que ha tenido acceso al un estudio que demuestra que en un primer año de legalización de la marihuana el Estado podría ingresar hasta $522 millones adicionales y se crearían más de 10,000 empleos.

“La Universidad de Puerto Rico necesita dinero, los pensionados necesitan dinero y los policías y los municipios necesitan ingresos”, dijo al oponerse a la alternativa del referéndum. Dijo que no tiene prisa por radicar su propio proyecto. De hecho, organizará un foro de cannabis para legisladores la semana que viene y sostuvo que no tratará de persuadir a los autores del PC 1037 o el PC 975 a que retiren sus medidas.

La propuesta de la legalización y la creación de un marco regulatorio del cannabis también es respaldada por el gobernador Alejandro García Padilla.

“Es evidente que la política antidrogas ha fracasado. Nadie debería estar preso por la mera posesión de cannabis para consumo personal. Hay que hacer todo lo necesario para detener la aplicación de tan trágica política pública. Estoy convencido de que llegó el momento de atemperar la legislación a la realidad social actual. De eso se trata la iniciativa que impulsa el representante Héctor Ferrer Santiago. Aquel paso que dimos con el cannabis medicinal, y que ha sido de beneficio para docenas de miles de pacientes, debe continuar evolucionando, de manera que se vea el potencial que esto tiene también en el marco de la reactivación económica del país. Este proyecto puede ofrecer parte del dinero público que tanto se necesita para los maestros, policías, municipios y la Universidad de Puerto Rico. Es dinero nuevo sin impuestos nuevos. Con una estructuración responsable este proyecto puede, no solo traer ahorros al erario público, sino atraer inversión, crear empleos y diversificar nuestra base económica”, sostuvo en declaraciones escritas.

El PC 1037 es firmado por los representantes populares Orlando Aponte Rosario y Juan José Santiago y el PC 975 por Aponte Rosario, Santiago y los penepés Joel Franqui y José “Che” Pérez Cordero. Ferrer Santiago sí dijo que se reuniría con Aponte Rosario.

Carla Correa Cepeda, de la organización no gubernamental Intercambios Puerto Rico, señaló que la opción del referéndum contemplada en el PC 975 no es la alternativa correcta en momentos de crisis fiscal. Además, advirtió, como también lo hizo el profesor de Derecho, José Antonio Maes Aponte, que el PC 1037, de otra parte, no atiende de ninguna manera cómo adquirir la sustancia y tampoco modifica la Ley del Departamento de Seguridad Pública para modificar la manera en que los policías intervendrían, si procede, con personas en posesión de hasta 14 gramos de la sustancia.

Ferrer Santiago sostuvo que la mejor manera de adquirir la marihuana regulada sería en dispensarios de cannabis medicinal y favorece el límite de 28 gramos ya que es la cantidad límite que puede adquirir un paciente de cannabis medicinal durante un periodo de tiempo.

El PC 1037, advirtió Correa Cepeda, debe ser enmendado para que se le remueva la multa de $500 que se mantiene a todo ciudadano sorprendido con hasta 14 gramos de marihuana.

“No se ha dado a conocer una estrategia de qué va a ocurrir si las personas votan a favor de la medida”, dijo al referirse exclusivamente a proyecto del referéndum. “No se tiene claro por qué 14 gramos y no se utiliza la misma medida propuesta para el cannabis medicinal”, dijo.

Maes Aponte, miembro de un bufete de abogados llamado Van Den Berg, que dedica el 90% de su práctica a la industria del cannabis medicinal, afirmó que hay “múltiples estudios” que evidencian las cualidades terapéuticas de la marihuana. “ya se reconoce el uso medicinal y hay 23 jurisdicciones en la nación (Estados Unidos) para uso adulto... es una tendencia mundial también”.

En su ponencia, Maes Aponte señaló que él favorece la legalización de la sustancia para lo que llamó el “uso adulto controlado”, pero las medidas derrotan el objetivo que se pretenden alcanzar. Por ejemplo, señaló no dispone dónde se puede adquirir la marihuana -él recomienda que sea en dispensarios de cannabis medicinal-, de dónde provendría la marihuana y no se detalla por qué se escoge la cantidad permitida de 14 gramos,

Al no incluirse los lugares en que se puede adquirir, advirtió que resurgirían los puntos de drogas en que se venden marihuana, que fueron afectados con el desarrollo de la industria del cannabis medicinal, según indicó.

“La despenalización, sin la legalización generará un aumento en la criminalidad, del narcotráfico y el fortalecimiento de una economía subterránea de venta de cannabis y sus productos derivados”, afirmó Maes Aponte.

Mientras tanto, el presidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico, Víctor Ramos, describió el PC 1037 como un “primer paso” para superar el modelo actual penal, pero igualmente señaló que la propuesta es “tímida porque se limita a la posesión para consumo de la marihuana” y añadió que la medida debe ampliarse a otras sustancias.

En una postura algo confusa, Ramos básicamente señaló que los drogodependientes no deben ser castigados penalmente.

“El gobierno debe cesar de penalizar a los enfermos y debe centrar todos sus esfuerzos y recursos en asegurar una política pública efectiva en contra del tráfico ilícito de estupefacientes”, indicó Ramos, quien indicó no favorecer la legislación sobre la consulta popular ya que, según dijo, se puede tergiversar la controversia y “se pierde de perspectiva la urgencia y necesidad de resolver este asunto”.

Tras reiterar que favorece un proyecto que igualmente despenaliza la posesión de hasta 14 gramos de marihuana, detalló todos los efectos supuestamente nocivos relacionados a su uso.

Dijo que la marihuana es la droga ilícita más utilizada en Estados Unidos, que es frecuentemente utilizada por adolescentes y mujeres embarazadas. También señaló que produce euforia y una variedad de “efectos potencialmente dañinos”. También señaló que existe la percepción errónea de que la marihuana “no es tan dañina como otras drogas” e igualmente advirtió que su uso “parece estar asociado con riesgos para el uso de opioides”.

A preguntas de Ferrer Santiago, Ramos reconoció que no existen cifras oficiales sobre fatalidades asociadas al uso de la marihuana, contrario al abuso del alcohol y otras sustancias.

Ramos argumentó que realizar un estudio clínico sobre una sustancia prohibida es cuesta arriba. Sin embargo, Ferrer Santiago le respondió que hay 22 estados en Estados Unidos donde se ha aprobado el uso recreacional de la marihuana y tampoco hay estadísticas de muertes por uso excesivo de la sustancia.

El Departamento de Salud declinó esta mañana opinar sobre los méritos de ambas medidas.

El argumento del secretario de Salud, Carlos Mellado López, al expresarse sobre las medidas en sendas ponencias entregadas a la Comisión de lo Jurídico de la Cámara de Representantes es que el único ámbito de acción de la agencia en el contexto de la marihuana es regular el uso del cannabis medicinal.

“El Departamento de Salud, por conducto de la Junta Reglamentadora de Cannabis Medicinal, tiene como fin educar a la ciudadanía sobre el uso permitido del cannabis medicinal en la isla. No obstante, en virtud de la legislación vigente, esta carece de autoridad en ley para proveer un marco regulatorio y atender el uso del cannabis para fines no medicinales. Correspondería en ese caso, a las entidades de ley y orden, entre estas el Departamento de Justicia y el Departamento de Seguridad Pública, a implementar un sistema robusto para despenalizar la posesión simple del cannabis de menos de 14 gramos de cannabis para fines no medicinales, que a su vez cumpla con las exigencias del marco regulatorio federal e impidan el tráfico y la distribución ilegal del cannabis en Puerto Rico”, indicó Mellado López.

El Departamento de Justicia solicitó ser excusado de la vista de hoy, presidida por el representante popular Orlando Aponte Rosario.