El designado secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Waldemar Quiles Pérez, deberá rendir cuentas al Senado por la orden administrativa que permite archivar los casos relacionados con construcciones ilegales en La Parguera, en Lajas, luego de que el presidente entrante de la Cámara Alta, Thomas Rivera Schatz, planteara este viernes que la determinación del funcionario, a horas de ser nombrado, resultó en “preocupación y controversia” para diversos sectores.

“Siempre va a tener efecto sobre la confirmación cualquier declaración que él haga previo a ese proceso, pero lo que nos proponemos es traerlo, porque ha levantado algún tipo de preocupación y controversia la primera orden que él imparte tan pronto llega allí, al cabo de unas horas de haber sido asignado”, dijo Rivera Schatz, desde su oficina, en el Capitolio.

Más temprano este viernes, en su usual mensaje de “buenos días” en Facebook, había anticipado que el Senado citaría a Quiles Pérez. “Tendrá todo el espacio para expresarse y todos los senadores para preguntarle”, expuso en su publicación.

A pocos días de que inicie la primera sesión ordinaria del cuatrienio, y con ello, la evaluación de los nombramientos de la gobernadora Jenniffer González, Rivera Schatz insistió en que “algunos sectores han planteado que hay que examinar con detenimiento de qué se trata (la orden administrativa), porque crea una percepción que quizás no es correcta, pero queremos profundizar sobre eso”.

A solo horas de haber sido designado, Quiles Pérez promulgó en la noche del jueves la orden administrativa 2025-001, que establece, además, el cobro de derechos por el uso de terrenos y aguas de dominio público en ese litoral.

La firma de la orden se produjo en momentos en que la gobernadora ha sido cuestionada sobre la continuación de la investigación en contra de sus suegros, José Vargas Cortés e Irma Rivera Llavona. Desde mayo del año pasado, el DRNA investiga una querella contra ambos por el presunto corte ilegal de mangles y por supuestamente haber realizado, sin los debidos permisos, trabajos de ampliación y remodelación de un tablado o muelle en la residencia que adquirieron, en 2017. El matrimonio ha negado los señalamientos.

“De la misma manera que la gobernadora creó un comité para los temas de energía, contributivo o permisos, el secretario designado pudo haber creado un grupo de trabajo de personas entendidas en la materia que repasaran eso, y no en cuanto al caso de Lajas solamente, sino en todo Puerto Rico. Puede haber personas que tengan algún derecho y puede haber otros que estén violando la ley. Eso debió examinarse por un grupo más amplio”, opinó Rivera Schatz.

El Nuevo Día contactó a la exsecretaria del DRNA Anaís Rodríguez Vega, quien ordenó la pesquisa contra los suegros de González, pero respondió que, por el momento, no emitirá expresiones. En entrevista previa antes de dejar el cargo, Rodríguez Vega había recomendado continuar con el proceso administrativo que el DRNA llevaba contra de los suegros de la gobernadora.

La nueva orden administrativa del DRNA –de siete páginas– autorizó el mantenimiento y la reparación de propiedades privadas ubicadas en la zona marítimo terrestre, y detalla que la edificación de estas estructuras tuvo su auge principalmente en 1960.

“No sabemos cuántas querellas hay, cuánta gente pudiera estar en violación o no; si, en efecto, hubo procesamiento selectivo o no... Todos esos datos tienen que examinarse con detenimiento. (La orden de DRNA) deja sin efecto todas las investigaciones”, declaró Rivera Schatz, acompañado del nuevo portavoz del Partido Nuevo Progresista en el Senado, Gregorio Matías.

Añadió que su voto de confirmación en nombramientos “siempre ha dependido de que las personas cumplan con todos los requerimientos, no tan solo legales, sino en términos de las respuestas que ofrezcan”.

En su mensaje matutino en Facebook, también planteó: “El procesamiento selectivo para criminalizar, demonizar y perseguir a ciudadanos por razones políticas o de cualquier otra índole es despreciable e inaceptable. El gobierno siempre debe actuar con justicia para erradicar ese tipo de procesamiento con rapidez y sin titubeos”.

A horas de darse a conocer la firma de la orden administrativa, Quiles Pérez afirmó que el documento fue redactado y preparado por la administración anterior del DRNA, pese a que, justo antes de dejar el cargo, Rodríguez Vega afirmaba que “esos casos (contra los suegros de González) fueron radicados y deben continuar sus procesos administrativos”.

“La orden administrativa para establecer el cobro de derechos para el uso de terrenos y aguas de dominio público en La Parguera en el municipio de Lajas fue redactada y preparada por la administración anterior y eso quedó constatado durante el proceso de transición”, dijo Quiles Pérez, en declaraciones escritas.

Añadió que la orden hace un reconocimiento a las condiciones históricas, culturales y turísticas del sector La Parguera, que es un “modelo a seguir en otras áreas de Puerto Rico con condiciones similares”.

“Se hizo una interpretación jurídica de la reglamentación del presente de lo que todos saben ha sido la planificación del pasado, esto dentro del contexto histórico de la isla”, destacó.

Planteó que la orden reconoce unos derechos adquiridos de todos los que tienen una residencia en La Parguera, pero, a su vez, establece unas “claras responsabilidades” que los dueños tienen que cumplir.

“De esta manera, terminamos con el limbo jurídico que ha perdurado por décadas, el cual ha sido detrimental tanto para los propietarios de las residencias en La Parguera, como para el gobierno de Puerto Rico”, sostuvo.

Con la emisión de la orden, según el designado secretario, “vamos a realizar los trabajos para obtener huella física de estas estructuras. Con esto mantendremos así el control de esa huella para que en el futuro tengamos evidencia de la misma y nadie pueda expandirla”.

Los portavoces del Partido Popular Democrático (PPD) en el Senado, Luis Javier Hernández Ortiz, y en la Cámara de Representantes, Héctor Ferrer Santiago, señalaron como “un descaro que no se puede permitir y que tiene graves consecuencias legales”, la orden administrativa.

“Ayer jueves, el designado firmó, su primera orden administrativa mediante la cual estableció el cobro de derechos para el uso de terreno y agua de dominio público en La Parguera, en Lajas, al mismo tiempo que ordenó que se archivarán los casos relacionados con construcciones ilegales en ese litoral costero por alegadamente convertirse en académicos”, expuso Ferrer Santiago.

Para ambos legisladores, quienes son abogados, esta situación es un mal precedente y es la misma actitud trumpista de tratar de estar por encima de la ley. “Con tantas situaciones ambientales serias que estamos enfrentando en Puerto Rico, la primera acción del designado Quiles es hacer público un serio conflicto de interés. Debió inhibirse de ese caso, por tratarse de los suegros de su jefa, y que tanto los reglamentos como el sistema judicial se encargaran de hacer su trabajo”, añadió Hernández Ortiz, en comunicado de prensa.