Desde finales de 2021, el Departamento de Educación ha acumulado $57.8 millones en créditos de energía, producto de la presentación de correcciones en la facturación, ajustes por estimaciones incorrectas y la cancelación de servicios.

De esa cifra, la mayor partida corresponde al año fiscal 2022-2023, cuando la agencia obtuvo $21.7 millones en créditos. Este año fiscal, dicha cifra asciende a $3.6 millones.

Mediante el uso de nueva tecnología, Educación ha presentado ante LUMA Energy 10,431 reclamaciones, para un total de $90.5 millones. De esa cantidad, se han reconocido $57.8 millones. “Uno de los hallazgos más relevantes ha sido la identificación inicial de escuelas cerradas con servicio eléctrico activo”, reveló Johanelly Maldonado, directora de la Oficina de Servicios Generales del Departamento de Educación.

Los datos surgieron durante una audiencia pública de la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes, presidida por Víctor Parés, que investiga el pago por el servicio eléctrico en las escuelas públicas, conforme a la “Ley del Programa de Medición Neta en la Autoridad de Energía Eléctrica” (Ley 114-2007).

Maldonado explicó que, a finales del 2021, el Departamento implementó el sistema MIGS (Monitor Inteligente de Gastos y Servicios), una herramienta tecnológica diseñada para centralizar el monitoreo de la facturación, identificar anomalías, gestionar reclamaciones, documentar investigaciones, dar seguimiento a créditos, validar contadores y ejercer control operacional del gasto.

Actualmente, mediante MIGS, se monitorean 1,557 cuentas de energía eléctrica correspondientes a unas 850 unidades del sistema escolar. Educación paga cada año entre $41 millones y $54 millones por el servicio de luz.

MIGS, detalló Maldonado, incorpora un mecanismo de generación automática de alertas relacionadas con incrementos en consumo o facturación, como cambios en la demanda, consumo en instalaciones cerradas y contadores inactivos con facturación. “Estas alertas permiten la intervención temprana y evitan la acumulación de gastos indebidos”, explicó.

Maldonado no pudo especificar si previo al 2021, año en que LUMA asumió la administración del sistema de transmisión y distribución eléctrica, la agencia realizó reclamaciones por el cobro irregular de energía. “No tengo constancia sobre eso”, manifestó.

“El tema con LUMA ha mejorado mucho, del 2021 para acá, pero todavía no estamos conformes... Seguimos teniendo situaciones con monto en exceso, con estimados, y somos muy meticulosos con el pago de las cuentas”, apuntó la funcionaria.

Como resultado del uso de MIGS, la agencia también logró identificar y eliminar 446 cuentas que permanecían activas en planteles o instalaciones de la agencia en desuso.

Actualmente, 135 escuelas cuentan con sistemas solares instalados en alguna parte de su infraestructura, específicamente aquellos que sirven de refugio.

La licenciada Saraí Ruiz Maisonet, directora de Política Pública de Educación, propuso, ante los miembros de la Comisión cameral de Gobierno, enmiendas a la “Ley de Transformación y Alivio Energético” (Ley 57-2014) para facilitar el proceso de objetar facturas y activar el proceso de investigación.

El Artículo 6.27 del mencionado estatuto dispone que, para que el administrador del sistema energético -en este caso, LUMA- comience a investigar una reclamación, la parte promovente debe pagar “la cantidad correspondiente al promedio de las facturas no disputadas durante los últimos seis meses”.

En el caso de Educación, dijo Maisonet, dicho requisito resulta “oneroso” y, en la práctica, puede convertirse en una barrera para el ejercicio efectivo del derecho a objetar facturas. Los procesos “rigurosos” de certificación fiscal y autorización presupuestaria a los que está sujeta la agencia, agregó, “no permiten realizar pagos con la inmediatez que presupone” la Ley 57-2014.

A tales efectos, sugirieron que se exonere a la agencia de pagar el promedio de la factura al presentar una objeción o que se le conceda un término de 90 días para hacer el desembolso luego de someter la reclamación.

“LUMA no ha dejado de recibir las reclamaciones, lo que pasa es que ya tenemos $57.8 millones en créditos y, cada vez que hacemos una reclamación, nos hacen el ‘disclaimer’ (la advertencia)..., y entendemos que legalmente hay un tema de fondos públicos que hay que atender”, señaló Maldonado.