La prometida reforma contributiva nunca llegó. La congelación del impuesto al inventario –una de las promesas programáticas del Partido Nuevo Progresista (PNP)– se hizo sal y agua en medio de un proceso que colocó frente a frente al Ejecutivo, el liderato legislativo y los alcades, populares y penepés.

Algunos nombramientos de la gobernadora Jenniffer González volvieron a enfrentar la oposición de la mayoría novoprogresista. Mientras, siguen sobre la mesa –desde la anterior sesión ordinaria, que culminó el 30 de junio– un paquete de medidas que trastocan el Código de Rentas Internas y enfrentan reparos de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

La oposición habla de una segunda sesión ordinaria sin mayores resultados y de promesas inconclusas. La mayoría del PNP, no obstante, se expresa complacida con los resultados alcanzados. Apunta a la fiscalización, a la atención de temas “importantes” y a la “apertura” para atender medidas de las minorías.

“Hemos tenido que fiscalizar a nuestra propia administración. No hemos rehuido a eso. Hemos hecho comisiones totales, y los nombramientos que hemos investigado que no cumplen con los requisitos, le hemos votado en contra. El saldo neto, al final del día, es positivo. Creo que la Legislatura vino a trabajar, y lo estamos demostrando, no con palabra sino con resultados”, sostuvo el portavoz alterno del PNP en el Senado, Juan Oscar Morales.

Según datos oficiales, González ha presentado para consideración de la Legislatura 82 proyectos de administración, 33 de los cuales se han convertido en ley. De estas 33 leyes, seis corresponden a esta segunda sesión legislativa, que comenzó el 18 de agosto y terminó este martes. Este cuatrienio, sin embargo, se han promulgado 128 estatutos.

Los nombramientos sometidos, de otra parte, totalizan 331. La mayoría han sido confirmados, pero otros, de gran envergadura, fueron rechazados por la mayoría senatorial, como fue el caso de David Figueroa Betancourt a la jefatura de la Defensoría de las Personas con Impedimentos (DPI), quien enfrentó señalamientos por supuestamente promover la presentación de demandas frívolas por alegadas violaciones a la Ley federal para Estadounidenses con Discapacidades (ADA, en inglés).

A 11 meses del nuevo gobierno, la administración de González aún carece, además, de un director para el Puerto Rico Innovation and Technology Service (PRITS), organismo que ha estado en el ojo público ante las denuncias sobre supuestas presiones o intervenciones indebidas ocurridas presuntamente en el contexto del proceso de confirmación de los nominados para que favorecieran ciertos contratos. Los tres designados por la gobernadora para dirigir la agencia han sido retirados sin consideración legislativa.

También permanece sin dirección oficial el Departamento de Agricultura, luego que la gobernadora designara al exsecretario Josué Rivera como nuevo presidente ejecutivo del Banco de Desarrollo Económico (BDE) tras la confirmación de Carmen Vega Fournier como contralora de Puerto Rico. A la cabeza de la agencia, de forma interina, permanece el subsecretario Irving Rodríguez Torres.

“En el balance mío, como portavoz, cumplimos con el 90% de los proyectos de administración. Hemos aprobado leyes importantes en términos de bienestar social, adultos mayores, salud, desarrollo económico y la defensa del consumidor. Me siento tranquilo con la sesión y el trabajo que hemos hecho”, expresó el portavoz del PNP en la Cámara, José “Pichy” Torres Zamora.

Aunque el tema energético siguió siendo predominante en la discusión legislativa, fue el asunto contributivo –incluyendo la propuesta eliminación del impuesto al inventario– el que pareció dominar la atención pública, en gran parte debido a la expectativa que se creó con la legislación para reformar el sistema tributario, que aún no ha sido enviada por la gobernadora.

“Hubiese esperado que hubiésemos atendido la reforma contributiva, que tan necesaria es, pero por las razones que sea, no se ha presentado ante la Legislatura. El compromiso es que, una vez se someta, lo vamos a atender con la mayor responsabilidad porque es un tema contemplado en nuestra plataforma”, reconoció Morales.

La posibilidad de una sesión extraordinaria para considerar la reforma contributiva sigue latente, pero el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, ha anticipado que pausará la evaluación de otras medidas de índole tributario ya presentadas hasta que la gobernadora radique la anticipada propuesta.

La mandataria ha presentado 13 piezas contributivas, siete de las cuales son ley. De las seis medidas restantes, vetó el Proyecto de la Cámara (PC) 420, que congelaba el impuesto al inventario, mientras que el PC 505, que impone a los futuros inversionistas residentes una responsabilidad tributaria de un 4%, permanece ante la consideración de un comité de conferencia.

Pendientes a la firma de la gobernadora está el PC 502, para establecer que la ganancia por la venta de una residencia principal esté exenta del pago de contribución sobre ingresos y contribución básica alterna, y el Proyecto del Senado (PS) 494, que eleva de $5,000 a $7,000 la deducción máxima permitida por aportaciones a cuentas IRA (cuenta de retiro individual) en Puerto Rico.

“La reforma contributiva tiene que bajar con el aval de la JSF. El deseo que tenemos los legisladores es, primero, corregir unos desfases en términos del Código de Rentas Internas y bajar los por cientos contributivos a la clase media”, señaló Torres Zamora.

Ante la ausencia de una reforma que impacte el próximo ciclo contributivo, el portavoz del PNP en la Cámara no descartó concederle un alivio inmediato a través de ahorros identificados a los contribuyentes. El cuatrienio pasado, mediante una resolución legislativa, el gobierno entregó un incentivo reintegrable –que osciló entre los $250 y $2,000– a los ciudadanos que cualificaron.

“En términos procesales, que llegue ahora o llegue en enero (la reforma contributiva) ya no hace diferencia. Lo importante es que se vea y que el balance sea neutro”, expuso.

Para el portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) en la Cámara, Denis Márquez Lebrón, lo más trascendental de esta sesión son “los intentos y las acciones” dirigidas a “quitarles” derechos a los individuos y comunidades.

Entre los proyectos que “así lo demuestran”, dijo, está el PS 63, que dificulta el acceso a información pública, y el PC 310, que dispone que, para presentar acciones judiciales por violaciones en obras de construcción, las comunidades y personas deben probar un “daño inminente” de parte de los desarrolladores.

El PS 63 recibió el aval de la Cámara de Representantes tras sufrir múltiples enmiendas. La medida obtuvo 28 votos a favor y 20 en contra, incluyendo cuatro de la delegación del PNP. En el Senado, la medida recibió 19 votos a favor, todos de la delegación del PNP, y siete en contra. La legislación pasaría ahora ante la consideración de la gobernadora en La Fortaleza.

“El hecho de que se haya aprobado en ambos cuerpos, independiente del trámite legislativo, es una manifestación también en contra de la comunidad y el ejercicio de la libertad de información y prensa”, dijo Márquez Lebrón, en referencia al PS 63. En esa mismo línea, agregó, está el PS 504, que reconoce al nasciturus como una “persona natural”, el cual recibió el aval de ambas cámaras.

Respecto al tema energético, Márquez Lebrón señaló que “no pasaron grandes cosas” y cuestionó que la Cámara ocupara parte del tiempo en abordar el tema de energía nuclear. “Me parece que es patético cuando todo el mundo sabe que lo que la ley dispone es ampliar las fuentes de energía renovable”, expuso.

El portavoz del Partido Popular Democrático (PPD) en el Senado, Luis Javier Hernández, en tanto, dijo que el país sigue a la espera de la cancelación del contrato concedido a LUMA Energy. “Este ha sido el único gobierno, a diferencia de otros, que en estos primeros 100 días ha estado plagado de controversias, de crisis y de ineficiencias gubernamentales... No presentó la reforma de permisos y tampoco la reforma contributiva”, expuso.

La prioridad, sostuvo, debe estar en reducir el costo de vida de los ciudadanos resultado de las alzas tarifarias al servicio de luz y por “no atender adecuadamente” el tema de los aranceles impuestos por la administración de Donald Trump. “La prioridad de nuestra delegación va a ser procurar que el gobierno cumpla con su palabra”, apuntó Hernández.

Entre las promesas cumplidas en esta sesión, está la aprobación del PC 406 (Ley 83-2025), para remover al Negociado de la Policía del Departamento de Seguridad Pública (DSP), y el PC 500 (Ley 78-2025), otra medida de administración que exime del pago de contribución sobre propiedad mueble los medicamentos recetados.

Sobre el tintero, quedó el PC 915, también de administración, que pretende cambiar la estructura operacional del Departamento de Educación y crear las posiciones de subsecretario y principal oficial financiero, y el PS 777, una medida presentada a solicitud de la Federación de Alcaldes que, entre otras cosas, permitiría a los ejecutivos municipales reclamar ante sus respectivas legislaturas un alza salarial.

También quedó sobre la mesa el PC 269, presentado en enero por González, que concedería licencias de ocupación a las estructuras existentes en La Parguera, en Lajas. Presentó el proyecto de ley a solo tres semanas de haber llegado a La Fortaleza y en medio de una investigación del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) contra sus suegros por supuestas construcciones ilegales en una de sus propiedades. La legislación está ante la evaluación del Senado.