El secretario de la junta de directores del Hospital El Maestro, Pablo Serrano, anticipó el domingo que esta semana ese organismo decidirá el futuro de la institución médica, que el martes pasado anunció el despido de 62 empleados y la reducción del número de camas disponibles, de 254 a 18.

“Esta semana, se está tomando una decisión”, expuso Serrano, al ser cuestionado por miembros de la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes, presidida por Gabriel Rodríguez Aguiló, durante una vista ocular en las instalaciones.

Actualmente, explicó Serrano, la junta de directores analiza tres alternativas: transferir la administración del hospital a un operador privado, vender las instalaciones o acogerse al Capítulo 11 de reorganización bajo la Ley de Quiebras. “No hay otra alternativa fuera de estas en estos momentos. Estamos trabajando esta situación día a día”, apuntó.

El recorrido de la Comisión de Salud de la Cámara por el hospital dejó al descubierto la crisis fiscal que atraviesa. El hospital comenzó operaciones en 1959 con el propósito de proveer servicios de salud a los maestros y sus familiares.

Actualmente, la institución tiene internados 12 pacientes, aunque tienen capacidad para 18. Los enfermos han sido ubicados en una misma ala del hospital, y las demás áreas y niveles han sido clausurados. En los pasillos de las zonas cerradas, no hay acondicionador de aire, y la humedad es evidente. La institución no cuenta con acondicionador de aire central.

En sala de emergencias, en tanto, cuatro enfermeras asistían a otras siete personas. A pesar de que la nómina del hospital alcanza solo 166 trabajadores, Serrano aseguró que todas las áreas están cubiertas. A nivel clínico, dijo, no cuentan con terapistas físicos. Hace ocho años que cerraron el área de obstetricia.

“El cierre no está contemplado. Hay entidades bien interesadas en obtener las facilidades, y estamos tomando decisiones día a día”, aseguró.

La organización elegida, sin embargo, debe ser parte del tercer sector como requisito para poder acceder a los $160 millones que tiene asignado el Hospital El Maestro en fondos de la Agencia federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) para mejoras en infraestuctura.

A pesar de que la asignación se concretó hace unos dos años, el dinero no ha sido desembolsado por FEMA debido a que el hospital no ha podido cumplir con el 10% en pareo que exige el gobierno federal.

“Esto se ha prolongado un poco porque tenemos que ser responsables con las personas que vienen. No es traer dinero nada más. Es que tengan una visión salubrista, que tengan una misión de atender al pueblo. Este hospital tiene una misión y una visión, y esa misión y visión, estamos luchando por mantenerla”, expuso Serrano.

Pero, ¿qué pasó? Serrano explicó que la crisis del Hospital El Maestro está relacionada con la emigración de pacientes y el alza en el costo de los servicios de salud. A estos factores, se suma la regionalización de la industria y que instituciones hermanas han desarrollado sus planes médicos.

“En San Juan, el Municipio tiene ocho salas de emergencias 24/7, sin contar el hospital municipal”, añadió Prudencio Laureano, administrador del hospital hace 11 meses. “Lo que está pasando en el hospital que nosotros estamos gerenciando también está pasando en otros hospitales”, expuso.

“Esas situaciones reales que están ocurriendo en Puerto Rico se suman a una situación donde nosotros, por ciertas y debidas razones, a través de los tiempos, no se tomaron las medidas adecuadas como para poder afrontar esta situación”, reconoció Laureano.

Las cuentas de El Maestro fueron embargadas recientemente por el Servicio de Rentas Internas (IRS, en inglés) –lo que agravó la situación económica–, hasta tanto cumplan con una deuda de cerca de $1.5 millones.

Para poder cumplir con el pago de la nómina, que asciende a $160,000 bisemanales, y sostener sus operaciones, el hospital recibe dinero de la Asociación de Maestros de Puerto (AMPR).

La deuda total del hospital asciende actualmente a entre $30 millones y $40 millones, lo que supone un incremento respecto a los $29.6 millones de acreencias que fueron consignadas en el informe de costos sometido, en 2022, ante los Centros de Servicios para Medicare y Medicaid (CMS).

Entre las obligaciones que mantienen, hay $11.8 millones correspondientes al pago de luz y $871,000 por el servicio de agua.

Durante el recorrido, Serrano indicó que, a finales de la semana pasada, recibieron una notificación de Triple S Advantage avisándoles que quedaban eliminados de su red de proveedores de servicios. “Fue una notificación un poco difícil, sin sentido, en estos momentos”, dijo Serrano.

El 40% de los pacientes que recibe la institución son de Triple S Advantage.