El representante Jorge “Georgie” Navarro, del Partido Nuevo Progresista, radicará legislación para exponer a los estudiantes de nivel superior del sistema público de enseñanza a experiencias e información que, a su juicio, evitarían o minimizarían los riesgos de que incurran en conductas violentas o delictivas.

La legislación busca llevar hasta las aulas a jueces, fiscales, abogados e, incluso, confinados y exconfinados para que compartan sus experiencias de vida con los menores. Contempla, además, visitas supervisadas a instituciones correccionales, tribunales y cuarteles de la Policía para que los jóvenes puedan observar, de primera mano, el funcionamiento del sistema y la realidad de la privación de libertad.

“(El proyecto) se aleja de la enseñanza teórica tradicional para crear un impacto emocional y psicológico que fomente una reflexión profunda en los estudiantes”, argumentó Navarro.

La violencia juvenil ha sido tema recurrente en las pasadas semanas, tras registrarse varios incidentes dentro y fuera de los salones de clases. El 11 de agosto, por ejemplo, ocurrió el asesinato de Gabriela Nicole Pratts Rosario, de 16 años, en un incidente en el que estuvo involucrada otra menor de edad, según las autoridades.

Días después, a un menor, de 15 años, se le ocupó un arma de fuego en la escuela Jaime Collazo del Río, en Morovis. Mientras, en San Juan, un adolescente fue víctima de agresión por parte de varios estudiantes, en hechos reportados en la escuela Inés María Mendoza, confirmó la Policía.

“Las estadísticas son claras: en 2017, un 17.1% de los estudiantes (de escuela superior) ya eran víctimas de acoso escolar y, para 2022, la cifra era de uno de cada cinco niños. No podemos permitir que el miedo se convierta en parte de la rutina escolar. Es hora de tomar medidas audaces y proactivas”, indicó Navarro, al citar datos del informe “Perfil de Salud y Seguridad del Estudiantes” del Instituto de Estadísticas.

La legislación, que crearía la “Ley del Programa de Concienciación y Prevención del Delito en las Escuelas”, está fundamentada en dos “pilares”: la educación a través del testimonio y la experiencia inmersiva.

“El testimonio de un confinado sobre su vida en prisión, el relato de un fiscal sobre la acusación de un joven, o la reflexión de un juez sobre la sentencia que cambió una vida son lecciones que ningún libro de texto puede impartir”, afirmó el representante. “Queremos que nuestros jóvenes comprendan las consecuencias reales y a largo plazo de sus acciones de una manera directa y visceral”, añadió.

El programa, que sería requisito para la graduación de escuela superior, sería coordinado por el Departamento de Educación, en alianza con el Departamento de Corrección y Rehabilitación, el Departamento de Justicia, la Administración de los Tribunales, la Policía y organizaciones sin fines de lucro.

“El proyecto busca establecer un programa educativo compulsorio y sin precedentes para estudiantes de escuela superior, enfocado en mostrar de manera directa las consecuencias de la violencia y la actividad delictiva a través de experiencias inmersivas y el testimonio de actores del sistema de justicia”, acotó Navarro.