Una semana antes que la gobernadora Jenniffer González anunciara, el pasado 11 de julio, el nombramiento de David Figueroa Betancourt a la jefatura de la Defensoría de las Personas con Impedimentos (DPI), el doctor presentó ocho demandas contra comerciantes locales por presuntas violaciones a la Ley federal para Estadounidenses con Discapacidades (ADA, en inglés).

Luego, el 8 de agosto, tras oficializarse su designación, le solicitó a su representante legal, el abogado José Velez Colón, que “desistiera con perjuicio” de los pleitos, un recurso que impide que la misma reclamación pueda volver a ser presentada.

Entre los demandados, estaba Bebo’s BBQ, cuyo propietario fue uno de los deponentes que participó este jueves en la vista pública de la Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos del Senado, en la que se evaluó a Figueroa Betancourt. Los negocios Big China, Burrillos, Casa Havana Puerto Rico y Ferrari Gourmet figuraban también como demandados.

“En mi carácter privado, había estado pidiendo que se reclamara accesibilidad en esos lugares y, cuando me nombran, me percato que puede ser una situación no apropiada, y le ordené al abogado que desestimara todas las querellas”, respondió el nominado, a preguntas del senador Luis Javier Hernández, portavoz del Partido Popular Democrático.

Pese a que desistió de los pleitos entre el 8 al 14 de agosto, uno de ellos, contra el restaurante El Cayo, en Fajardo, sigue activo, reveló, por su parte, el senador Juan Oscar Morales, del Partido Nuevo Progresista (PNP). “Hablé con personal de allí, los llevé hasta el estacionamiento y les expliqué cuáles eran las barreras”, ripostó Figueroa Betancourt.

Durante la extensa audiencia, Figueroa Betancourt pareció contradecirse en ocasiones ante preguntas de si había visitado cada uno de los establecimientos demandados. Dijo que, en algunos casos, había llegado a “los predios” o el área de estacionamiento. En otros, agregó, “las personas me decían sobre barreras”.

En total, el nominado ha presentado 27 demandas por presuntas violaciones a la ley ADA. En cada pleito, el abogado fue Vélez Colón, quien ha sido señalado por sectores comerciales por presuntamente presentar demandas frívolas. Aunque Figueroa Betancourt en algunas instancias ha prevalecido, en otras mediaron acuerdos extrajudiciales.

“Yo, por todos los medios, traté de que el récord quedara lo más claro posible. Creo que hay dudas que legítimamente se plantearon y tienen que aclararse. Vamos a examinar todas las ponencias, a repensar toda la evidencia documental que ha sido sometida y la que le fue requerida para, entonces, determinar si hacemos otra vista”, indicó el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz.

En respuesta a múltiples preguntas de senadores, Figueroa Betancourt negó que haya recibido compensación económica por alguno de los pleitos que presentó. Dijo, además, desconocer si Vélez Colón ha recibido algún dinero, más allá del pago de honorarios.

“Lo que yo me entero es que las personas van a arreglar las barreras y ellos hacen un acuerdo”, dijo durante la audiencia, en la que estuvo acompañado de legisladores y miembros de la población con diversidad funcional que le apoyan en su designación.

Una de las mayores preocupaciones del sector comercial –y así lo esbozaron– es el rol que Figueroa Betancourt pueda desempeñar desde la DPI por su cercanía con Vélez Colón, quien ha sido cuestionado en los tribunales por supuestamente promover pleitos de ley ADA, sobre todo, contra pequeñas empresas.

“Esto básicamente se ha convertido en un esquema. Inclusive, cuando recibí el emplazamiento la última vez, el emplazador me dijo: ‘No te preocupes porque ya he entregado varias docenas de demandas e iban a emplazar a los alcaldes; y estoy frustrado porque yo entré en la disyuntiva de la legalidad; simplemente yo solucioné y remedié el problema”, expresó Natanael Antigua, propietario de Bebo’s BBQ.

Aunque aseguró que Vélez Colón no mantiene contratos con la DPI, Figueroa Betancourt reconoció que consultó a la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) sobre la posibilidad de que el abogado se integrara a la dependencia, y aunque recibió el visto bueno, no procedió.

“Para mí, aquí el dilema es bastante claro. Yo no estoy confundido; estoy bien claro, porque estoy partiendo de las expresiones suyas. A veces, tratando de hacer el bien y hacer lo correcto, caemos en unas situaciones que, quizás, nos pueden traer unas dificultades”, aseveró el senador Ángel Toledo, del PNP.

El nominado reconoció, asimismo, que Vélez Colón, tal como reseñó El Nuevo Día, participó en una reunión de la DPI para procurar un “acomodo razonable” a nombre suyo, tras identificar unas áreas que necesitaban atención en la sede. Aseguró que el abogado no tuvo acceso a información privilegiada.

Figueroa Betancourt confirmó, a preguntas de Morales, que le concedió un contrato por $25,000 a la empresa NeoVision LLC, el cual, según el legislador, fue firmado por Sandra Velandia, socia de Vélez Colón. “Yo supe que trabajó con él en algún momento”, respondió. La empresa –contratada para servicios administrativos– fue incorporada el 22 de julio.

Otra consulta a la OEG hecha por Rivera Betancourt, el 22 de agosto, iba dirigida a saber si su hija podía trabajar como su asistente administrativa en la DIP. La respuesta fue negativa. “De los empleados que hay allí, yo dudo que muchos de ellos me vayan a asistir. Para yo ir al baño... tiene que ser una persona con experiencia y que sea totalmente de mi confianza”, expuso.

Tanto Toledo como Hernández expresaron su voto en contra del nominado.

“Viendo la totalidad de los eventos, no aconsejaría que sea usted el defensor de las Personas con Impedimentos. Allí, tiene que haber una persona que esté lejos de cualquier mancha, (de) que pueda utilizar esa entidad por 10 años para lucrarse”, declaró Hernández.