En el inicio de la tercera sesión ordinaria, la gobernadora Jenniffer González presentó, para consideración de la Asamblea Legislativa, un proyecto de ley para calificar como asesinato la muerte del “concebido en cualquier etapa de gestación dentro del útero materno”.

“En ánimos de mantener coherencia entre las disposiciones civiles y penales, es necesario hacer constar y definir en el Código Penal vigente que el asesinato contra un ser humano incluye al concebido en cualquier etapa de gestación dentro del útero materno”, lee parte de la legislación que cuenta con dos páginas.

Según la exposición de motivos del Proyecto del Senado 923, la inclusión de la disposición en el Artículo 92 del Código Penal de Puerto Rico -que define asesinato como “dar muerte a un ser humano a propósito, con conocimiento o temerariamente”- es necesaria “para mantener coherencia entre las disposiciones civiles y penales”.

A finales del 2025, la primera ejecutiva promulgó la Ley 166-2025, “en honor a Keishla Madlane Rodríguez Ortiz y a la criatura que llevaba en su vientre, quienes fueron asesinados el 29 de abril de 2021”, que, entre otras disposiciones, tipifica como asesinato en primer grado cuando se da muerte a propósito y con conocimiento a una mujer embarazada, resultando, además, en la muerte del concebido en cualquier etapa de gestación dentro del útero materno.

Asimismo, con la firma de la Ley 183-2025, enmendó el Artículo 67 del Código Civil para reconocer al concebido en cualquier etapa de gestación dentro del útero materno como persona natural.

El Proyecto del Senado (PS) 504 -ahora Ley 183-, recibió el rechazo de médicos y profesionales del derecho que advirtieron que la propuesta, no solo representa un “ataque directo” contra las mujeres y personas con capacidad de gestar, sino que, además, pone en riesgo la práctica médica. Entre los que abogaron por que no se aprobara el proyecto, figuraban 300 médicos que publicaron una carta abierta con su posición.

Los galenos argumentaron, igualmente, que la legislación afectaría “de manera desproporcionada a mujeres racializadas como no blancas, empobrecidas y de comunidades marginalizadas”.