La Oficina de la Procuradora de las Mujeres presentó enmiendas sustanciales al Proyecto del Senado 185 que, entre otras cosas, eleva a rango de ley la declaración de Estado de Emergencia por Violencia de Género decretada por el gobernador Pedro Pierluisi.

En una ponencia del 31 de marzo dirigida a la Comisión de lo Jurídico, la procuradora Lersy Boria señaló, por ejemplo, que no se requiere un mandato de le adicional para que se implementen una serie de protocolos en los que colaboran la OPM, la Policía Estatal y la Municipal.

Boria también objetó un requerimiento incluido en el proyecto para que la OPM recopile estadísticas de violencia de género. En síntesis, señaló que la OPM ya está en ese proceso y recibiendo información de la Policía, el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos y la Oficina de la Administración de los Tribunales.

En cuanto al mandato al Departamento de Educación (DE) para que implemente un currículo de perspectiva de género, Boria señaló que la OMP favorece “contundentemente” la educación con perspectiva de género, pero objetó que esta se base en la “teoría abstracta, no documentada, no metódica y desacreditada académicamente” conocida como interseccionalidad.

Según Boria, igualmente se incluyen en el proyecto términos como perspectiva de género y feminicidio con “vaguedad y falta de estructura normativa”.

La interseccionalidad se define en el proyecto como “un lente de análisis que pretende romper con la idea de que las mujeres son un grupo homogéneo, igualmente posicionadas en las estructuras de poder. El lente de la interseccionalidad permite reflexionar e identificar diferentes tipos de opresión y desigualdades ya sea por género, raza, etnia o clases sociales, entre otras. Este lente permite ver que existen distintas condiciones de opresión, dominación o discriminación y que para combatir la desigualdad hay que tener en cuenta las distintas condiciones en las que se encuentran grupos históricamente marginados y discriminados…”

Boria planteó que no hay evidencia de que corrobore o valide la tesis de la interseccionalidad, criticó que la legislación no establece “mandatos ni normas concretas”, que el proyecto “es mayormente una exposición o argumentación” sobre la violencia de género, que es una legislación vaga, que las definiciones de violencia de género, feminicidio e interseccionalidad no son “definiciones operacionales” y que se sobre simplifica la complejidad del tema.

Boria también objeta que no se haga un análisis de la medida sobre los pasos tomados a través de la historia para atender el problema de la violencia de género,

La procuradora, quien entiende la necesidad de adoptar un Estado de Emergencia ya se logró con la Orden Ejecutiva de Pierluisi, sí recomendó una definición alterna de violencia de género, de género y de feminicidio.

Presentó, como recomendaciones a ser incorporadas para favorecer la medida, que se adopten las definiciones propuestas, que el proyecto de ley tenga un plan estructurado “preciso y documentado”, que se declare a la OPM como una agencia de servicios esenciales, que se establezca una fórmula que incremente el presupuesto de la OPM y que se aumente de $1 millón a $1.750 millones la asignación fija anual adicional incluida en la medida para la OPM, entre otras recomendaciones.

La presidenta de la Comisión de lo Jurídico del Senado, Gretchen Hau, expresó hoy preocupación sobre el proyecto, que es de la autoría de los los senadores José Vargas Vidot, Ana Irma Rivera Lassén, María de Lourdes Santiago, Rafael Bernabe, Javier Aponte Dalmau y Migdalia González. La medida ordena al DE iniciar un currículo con perspectiva de género, “pero no le dice cómo ni cuando”, dijo.

El proyecto de ley, más allá de recoger el espíritu de la Orden Ejecutiva que dio paso a la Declaración de Estado de Emergencia, también le reconoce legitimación activa a organizaciones y personas para reclamar en un tribunal por el incumplimiento del estado de emergencia.

El proyecto, igualmente, ordena a la policía municipal y estatal a ofrecer adiestramientos enfocados en perspectiva de género. Dispone, además, que el Departamento de Educación, como parte de la educación con perspectiva de género, incluya la violencia en el noviazgo, entre parejas de cualquier orientación sexual e identidad de género, en su currículo educativo para enfatizar la equidad de género y disminuir uno de los tipos de violencia más común entre jóvenes.

En la medida se legislan una serie de protocolos de prevención y respuesta ante la violencia de género en las escuelas, en el gobierno y en los cuerpos de policía estatal y municipal.

El proyecto también obliga al gobierno a recopilar estadísticas -y publicarlas- relacionadas a casos de violencia de género con categorías específicas donde se encontrarán el feminicidio, crímenes de odio, entre otros tipos de violencia de género. Estas estadísticas deberán contener el tipo de delito, género de la víctima, arrestos relacionados a los delitos, radicaciones en el tribunal por parte de los fiscales y si hubo convicciones por estos delitos.

También se exhorta, en respeto a la independencia judicial, al Poder Judicial y la Oficina para la Administración de los Tribunales a adoptar protocolos de educación, prevención y respuesta a situaciones de violencia de género en Puerto Rico, incluyendo situaciones relacionadas a los funcionarios del Poder Judicial. Igualmente, se le exhorta a esta rama de gobierno a renombrar las Salas de Violencia Doméstica como Salas Especializadas de Violencia de Género y expandir las mismas a todo Puerto Rico.

La medida obliga a la OPM, entidad que recibiría $1 millón adicionales anualmente, a preparar y divulgar informes inmediatos que recopilen información sobre las fallas del sistema, los recursos existentes y los recursos necesarios para la implantación de la declaración de emergencia. Igualmente, se le ordena a la OPM realizar campañas de orientación y educación que promuevan la erradicación de la violencia de género, a través de la educación con perspectiva de género.

También dispone que se hagan enmiendas a las leyes de la OPM, Ley de Reforma Educativa y la Ley para la Administración y Transformación de los Recursos Humanos en el Gobierno para atemperarlas a la intención legislativa.

Hau indicó esta tarde que espera celebrar vistas públicas sobre la medida a finales de mayo. Sin embargo, señaló que varias organizaciones defensoras de las mujeres no han entregado ponencias solicitadas para atender el proyecto, que también es evaluado por la Comisión de Asuntos de las Mujeres.

Según indicó Hau, las ponencias se solicitaron el 5 de marzo.

“Aún estamos en la espera de las ponencias del Observatorio de Equidad de Género, Movimiento Amplio de Mujeres de PR, ProFamilias, Siempre Vivas, InterMujeres, Colectiva Feminista en Construcción, Organización Puertorriqueña de la Mujer Trabajadora, Coordinadora Paz para las Mujeres y la Coalición 8Marzo”, sostuvo la también Senadora por Guayama.

“Incluso, el Departamento de Justicia tampoco ha enviado su ponencia, lo que es muy importante para que la Comisión de lo Jurídico haga su labor de análisis, que culmina con un informe final para que los senadores hagan análisis y lleguen a las determinaciones”, detalló Hau. "

Aunque en estos dos meses hemos tenido interrupciones por la pandemia, siempre hemos estado disponibles vía telefónica y de manera digital”.

El Colegio de Abogados y Abogadas se expresó a favor de la medida, pero con enmiendas. Se han recibido ponencias en contra de la doctora Maribel Rivera Cotto, las ciudadanas Gladys B. Batista, Brenda Vera Martínez y la entidad Mujeres por Puerto Rico.