La senadoras María de Lourdes Santiago y Ana Irma Rivera Lassén recalcaron hoy la importancia de que se le dé paso en el Senado al proyecto que eleva a rango de ley la Declaración de Estado de Emergencia por Violencia de Género, al argumentar que la medida, si bien recoge la misión de la declaración suscrita por el gobernador Pedro Pierluisi, también va más allá en cuanto a protecciones y esfuerzos de fiscalización.

El Proyecto del Senado 185 fue radicado el 9 de febrero por Santiago, Rivera Lassén, Rafael Bernabe y José Vargas Vidot. Se les unieron como coautores Javier Aponte Dalmau y Migdalia González. La medida está referida a las comisiones de lo Jurídico, presidida por Gretchen Hau y Asuntos de la Mujer, dirigida por González.

Ninguna ha estado disponible hoy para hablar sobre el estatus del proyecto.

Ayer, el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, indicó que le daría prioridad a la medida en el trámite legislativo. La senadora Santiago indicó a este diario que lo que conoce del trámite legislativo es que, aunque no se han hecho vistas públicas, las comisiones de lo Jurídico y Asuntos de la Mujer han recibido memoriales.

Por un lado, Santiago confesó no tener información sobre los planes de Hau y de González, aunque indicó que ambas están comprometidas en defender la pieza. No obstante, opinó que el cuerpo legislativo debe darle velocidad al trámite.

“Hay unas aportaciones del proyecto que son fundamentales. Por ejemplo, el proyecto le reconoce legitimación activa a organizaciones y personas para reclamar en un tribunal por el incumplimiento del estado de emergencia”, señaló Santiago al aludir a cómo una violación a la Orden Ejecutiva de Pierluisi no sería suficiente para que un ciudadano u organización lleve un pleito ante un tribunal.

“Me parece que es es una contribución importante”, indicó Santiago, quien agregó que los cambios que proponga el Comité PARE serían implementados “por la buena fe” del Ejecutivo.

En declaraciones escritas, Rivera Lassén dijo que el Proyecto del Senado 185 “se presentó con premura, falta ahora que se le atienda con premura y se le cumpla con las víctimas de violencia de género y con todas las mujeres en sus diversidades que puedan estar hoy en riesgo”.

“Sin duda uno de los puntos importantes del proyecto es el tema de la educación con perspectiva de género. Una medida urgente para la prevención de la violencia y la construcción de un país inclusivo y de equidad”, insistió.

El proyecto ordena a la Policía municipal y estatal a ofrecer adiestramientos enfocados en perspectiva de género. Dispone, además, que el Departamento de Educación, como parte de la educación con perspectiva de género, incluya la violencia en el noviazgo, entre parejas de cualquier orientación sexual e identidad de género, en su currículo educativo para enfatizar la equidad de género y disminuir uno de los tipos de violencia más común entre jóvenes.

En la medida se legislan una serie de protocolos de prevención y respuesta ante la violencia de género en las escuelas, en el gobierno y en los cuerpos de policía estatal y municipal.

El proyecto también obliga a gobierno a recopilar estadísticas -y publicarlas- relacionadas a casos de violencia de género con categorías específicas donde se encontrarán el feminicidio, crímenes de odio, entre otros tipos de violencia de género. Estas estadísticas deberán contener el tipo de delito, género de la víctima, arrestos relacionados a los delitos, radicaciones en el tribunal por parte de los fiscales y si hubo convicciones por estos delitos.

También se exhorta, en respeto a la independencia judicial, al Poder Judicial y la Oficina para la Administración de los Tribunales a adoptar protocolos de educación, prevención y respuesta a situaciones de violencia de género en Puerto Rico, incluyendo situaciones relacionadas a los funcionarios del Poder Judicial. Igualmente, se le exhorta a esta rama de gobierno a renombrar las Salas de Violencia Doméstica como Salas Especializadas de Violencia de Género y expandir las mismas a todo Puerto Rico.

La medida obliga a la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM), entidad que recibiría $1 millón adicionales anualmente, a preparar y divulgar informes inmediatos que recopilen información sobre las fallas del sistema, los recursos existentes y los recursos necesarios para la implantación de la declaración de emergencia. Igualmente se le ordena a la OPM realizar campañas de orientación y educación que promuevan la erradicación de la violencia de género, a través de la educación con perspectiva de género.

También dispone que se hagan enmiendas a las leyes de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, Ley de Reforma Educativa y la Ley para la Administración y Transformación de los Recursos Humanos en el Gobierno para atemperarlas a la intención legislativa.