Representantes del Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD) y el Servicio Nacional de Meteorología (SNM) respaldaron este lunes un proyecto de ley que impondría mayores sanciones contra aquellos que ignoren las advertencias de las autoridades ante situaciones de emergencia debido al mal tiempo o disturbios atmosféricos.

No obstante, advirtieron que la medida requiere acciones adicionales para educar a la ciudadanía sobre mecanismos de prevención y, de esa manera, intentar reducir el riesgo de muertes por ahogamientos en las playas.

“El 80% de los puertorriqueños no sabe nadar, lo cual representa un riesgo significativo. Llevamos más de 10 o 15 años estudiando las corrientes marinas, y se registran en promedio unas 30 muertes al año. Si no actuamos desde ahora con nuestros niños, en 10 años estaremos hablando de cifras similares. Es urgente trabajar, tanto en medidas inmediatas como en programas educativos en las escuelas que fomenten el conocimiento del riesgo y la prevención”, planteó Ernesto Morales, coordinador de avisos del SNM.

El Proyecto de la Cámara (PC) 908 busca enmendar el Artículo 7 de la Ley de Navegación y Seguridad Acuática (Ley 430-2000) con el fin de establecer sanciones de hasta $500 y la posible confiscación de embarcaciones para las personas que no hagan caso a las advertencias meteorológicas.

Según la enmienda propuesta, toda persona que ignore un aviso de condiciones meteorológicas del SNM y el NMEAD incurrirá en un delito menos grave, que se traducirá en una multa de entre $100 y $500 por infracción.

Además, la legislación permitiría la confiscación inmediata de las embarcaciones de recreo o vehículos de navegación que sean utilizados en medio de estas advertencias. Toda persona que obvie las alertas de las autoridades, igualmente, tendría que sufragar los gastos de las operaciones de búsqueda y rescate si ocurre una emergencia.

Francisco Bruno Orellano, subcomisionado del NMEAD, respaldó el PC 908, al señalar que provee a las autoridades una herramienta más clara para intervenir en situaciones de riesgo en cuerpos de agua.

Explicó que, aunque ya existen leyes y sanciones, no siempre funcionan como disuasivo suficiente, por lo que consideró que el proyecto de ley añade un mecanismo para prevenir conductas de riesgo. No obstante, enfatizó que la posibilidad de sanciones más severas no sustituye la necesidad de fortalecer la educación y la orientación ciudadana.

Bruno Orellano destacó que, tanto el Departamento de Seguridad Pública, el SNM y los municipios, han impulsado esfuerzos de orientación, los cuales deben continuar como parte de la estrategia para reducir incidentes, junto con las nuevas herramientas legales que propone la medida.

El SNM, en tanto, sugirió ampliar la educación sobre los riesgos de ahogamiento en las playas desde el nivel elemental del sistema escolar y mediante campañas de concienciación dirigidas a la población general y visitantes.

“Somos 3.3 millones de habitantes en la isla, pero son 4 millones de turistas que visitan al año sin saber sobre los riesgos marítimos”, indicó Morales, al resaltar que el 70% de las muertes por ahogamiento en Puerto Rico han sido turistas.

En la vista pública de la Comisión cameral de Recursos Naturales, presidida por la representante Elinette González Aguayo, los legisladores presentes coincidieron en que el PC 908 es necesario para reforzar la seguridad en los cuerpos de agua y atender los riesgos asociados a condiciones meteorológicas adversas y conductas negligentes. También enfatizaron en el componente educativo.

“Empezando por el Departamento de Educación, nosotros tenemos que tratar de salvar a todo el que se vaya a ahogar, tenemos que dar el conocimiento a nuestros niños de cómo protegerse en cuerpos de agua”, expresó el representante novoprogresista Luis Pérez Ortiz.

La representante de Proyecto Dignidad, Lisie Burgos Muñiz, resaltó la necesidad de desarrollar, a la par, un programa de mercadeo para orientar al público, “no solamente al que visita, sino también al público local”.