Las legisladoras del Proyecto Dignidad, Joanne Rodríguez Veve y Lisie Burgos Muñiz, refirieron hoy al Departamento de Justicia y al Departamento de la Familia a cuatro clínicas de terminación de embarazo por posibles violaciones a la Ley 246-2011 para la Seguridad, Bienestar y Protección de Menores.

Según las legisladoras, en los pasados cinco años, unas 118 menores de 15 años se sometieron a abortos en estas clínicas y la mayoría de los casos, no fueron referidos para investigación de una posible agresión sexual a las agencias correspondientes.

“Referimos al Departamento de Justicia y al Departamento de la Familia, los hechos sustentados por la evidencia referida, para que en cumplimiento con sus respectivos deberes ministeriales, investiguen si alguna de estas 118 menores de 15 años o menos, fue víctima de agresión sexual, y si las clínicas, o los profesionales de la salud que allí laboran, incumplieron con su deber de referir estos casos a las autoridades correspondientes, en violación a la Ley 246-2011″, indicó la senadora Rodríguez Veve, en compañía de Burgos Muñiz, en conferencia de prensa en el Capitolio.

La portavoz de prensa del Departamento de Justicia, la licenciada Joan Hernández Marrero, dijo que recibieron hoy el referido de las legisladoras del Proyecto Dignidad. “Se atenderá conforme al proceso establecido en el Departamento”, indicó Hernández Marrero.

El referido es contra Pro Familia-IELLA, Darlington Medical Associates, Women’s Medical Pavilion y Clínica de Planificación Familiar. Rodríguez Veve indicó que la información que acompaña el referido la recopiló la Comisión de Asuntos de Vida y Familia del Senado, que ella preside como parte del proceso de vistas públicas del Proyecto del Senado 495, que busca que en los casos de terminaciones de embarazo en menores de 18 años se requiera la autorización de al menos uno de sus padres o custodios legales.

De acuerdo con los datos suministrados por Rodríguez Veve, de las cuatro clínicas, sólo Profamilia refirió cuatro casos de violación, o sospecha de esta, en menores de 18 años o menos, a la Línea Directa de Maltrato del Departamento de la Familia y al Centro de Ayuda a Víctimas de Violación (CAVV).

“De la información provista por esta clínica se desprende que, de estos cuatro casos, uno de ellos es de una menor de dieciséis (16) años o más. La clínica no especifica la edad de las menores de los otros tres (3) casos referidos”, sostuvo la senadora.

Rodríguez Veve dijo que la clínica Darlington Medical Associates les indicó, también por escrito, que no refieren casos de violación, o sospecha de esta, al Departamento de la Familia, sino al Hospital Universitario. En cuanto a Women’s Medical Pavillion y Clínica de Planificación Familiar, según Rodríguez Veve, llevaron a cabo 17 y 82 abortos respectivamente, en menores de 15 años o menos, entre los años 2018 al 2022, y no refirieron estos casos al Departamento de la Familia o al Negociado de la Policía.

“Las clínicas, al atender estos 118 casos de menores de 15 años o menos, estuvieron ante un hecho fehaciente que demuestra, al menos, sospecha de que se cometió una agresión sexual al amparo del Artículo 130 del Código Penal de Puerto Rico, y de sospecha de abuso sexual al amparo del Artículo 3(b) de la Ley 246-2011″, insistió la legisladora.

Añadió que, en una vista pública celebrada el 9 de mayo, el Departamento de la Familia testificó que entre los años 2018 y 2022, no recibió referido alguno de las clínicas de aborto en Puerto Rico por casos de violación, o de sospecha de esta, en menores edad.

“Lo que sí está claro es que un profesional de la salud que advenga en conocimiento, no solamente de un caso de violación, sino tan siquiera de sospecha de violación, que es un tipo de maltrato, viene obligado a hacer los referidos correspondientes. Si es una menor de 15 años o menos, esa es la obligación en ley”, dijo Rodríguez Veve.

La senadora indicó que evalúa la posibilidad de obligar, mediante los tribunales, a las clínicas de terminación de embarazo a comparecer a las vistas de la comisión. “Ciertamente fueron debidamente citadas a comparecer y decidieron no comparecer. Enviaron sus memoriales por escrito, contestaron el requerimiento de información solicitado por escrito”, sostuvo.

Rechazó las alegaciones de las clínicas de optar por no acudir a las vistas públicas porque se enfrentarían a un ambiente hostil y a un ánimo prevenido. “Cualquiera que quiera ver las vistas que se han llevado a cabo tanto del 693, cuando participaron los profesionales de la salud y los diferentes grupos en contra del proyecto, igual que los que quieran ver las vistas públicas del 495 van a llegar a sus propias conclusiones de que sencillamente eso son excusas, justificar lo injustificable y no darle cara al pueblo de Puerto Rico”, reclamó Rodríguez Veve.

Añadió que las vistas continúan el 23 y 25 de mayo con la comparecencia del secretario del Departamento de Justicia Domingo Emanuelli Hernández.