Una legislación bipartita para crear el cargo del vicegobernador fue presentada este viernes por los representantes José “Conny” Varela y José “Pichy” Torres Zamora, un esfuerzo que busca llenar un vacío que quedó al descubierto tras la renuncia, en el 2019, del gobernador de Ricardo Roselló Nevares.

“Luego de la crisis que confrontamos... Vimos la necesidad de garantizar que quien ocupe la gobernación sea evaluado por los votantes, y esté comprometido con el programa del partido que lo eligió”, dijo Varela, representante del Partido Popular Democrático (PPD).

La legislación propone enmendar la Constitución de Puerto Rico para permitir la elección de un vicegobernador mediante el voto directo de los ciudadanos. La persona en carrera tendrá que ser del mismo partido político que el gobernador o gobernadora electo.

“La enmienda propuesta le asignaría a la persona electa la dirección del Departamento de Estado, junto con todos los poderes y deberes que éste ejerce, así como cualquier otro deber o función que le asigne el gobernador”, dispone la Resolución Concurrente de la Cámara 27, radicada el viernes.

La propuesta, no obstante, dispone que el gobernador y vicegobernador serán elegidos conjuntamente. Es decir, que concurrirán ambos en las urnas como una sola candidatura o candidatura agrupada. “Este requisito persigue minimizar la posibilidad de conflictos entre el gobernador y el vicegobernador, motivados por la elección de candidatos antagónicos o pertenecientes a partidos o movimientos políticos diferentes, o candidaturas independientes”, destaca la legislación.

Según datos incluidos en la legislación, 42 de los 50 estados disponen en sus constituciones la elección de un vicegobernador conjuntamente con el gobernador.

La Constitución de Puerto Rico establece, en su Artículo IV, que, ante una vacante en el cargo de gobernador, ya sea motivada por muerte, renuncia, destitución, incapacidad total y permanente, ausencia temporal o cualquier otra causa absoluta, dicho puesto será ejercido inmediatamente por quien ocupe la secretaría de Estado.

Mientras, la Ley 7 de 1952 dispone el orden sucesivo cuando simultáneamente estén vacantes la gobernación y la jefatura de Estado. En ese caso, el cargo recae exclusivamente en funcionarios del gabinete constitucional, iniciando por el secretario de Justicia.

Este panorama fue, precisamente, al que se enfrentó el país, en 2019, tras la dimisión de Rosselló Nevares, quien fue sustituido por la entonces secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, a pesar de esfuerzos del exmandatario por dejar en su puesto a Pedro Pierluisi, al nominarlo como secretario de Estado.

La consulta especial a la ciudadanía para enmendar la Constitución sería pautada, de aprobarse la resolución concurrente que la recoge y ser convertida en ley, para en o antes del 31 de diciembre del 2026.

“De tener el cargo de gobernador vacante, el pueblo se sentiría más tranquilo al saber que el sucesor es una persona que también pasó por el rigor de una elección, además de que se podría evaluar la posibilidad de separar la elección del comisionado residente en una papeleta única”, expuso, de otra parte, Torres Zamora.

Esta no es la primera vez que se radica un esfuerzo similar. En el 2019, el presidente de la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez, radicó una legislación a los mismos fines. Mientras, más recientemente, la senadora penepé Roxanna Soto Aguilú presentó el Proyecto del Senado 559 para que, ante la ausencia de un secretario de Estado en posición de asumir el cargo de gobernador, sea el presidente del Senado quien dirija las riendas del país.