Una propuesta legislativa que busca someter a las personas convictas por delitos de incesto, agresión sexual y actos lascivos al tratamiento de castración química como alternativa para “ayudarlo a su rehabilitación y proteger a otras posibles víctimas”, fue presentada por los representantes del Partido Nuevo Progresista (PNP) José “Memo” González y Er Yazzer Morales.

Se trata de una propuesta que, según consta en el documento, fue radicada a petición de Cyd Marie Fleming, Ferdinand Pérez y el programa Jugando Pelota Dura (TeleOnce), el cual ambos moderan diariamente. “La violación puede ser considerada como un asesinato psicológico. La vida de las víctimas se ve nefastamente marcada, no tan solo por cicatrices físicas sino también por heridas psicológicas como el temor la repulsión y la vergüenza entre otras, las cuales estigmatizan la vida de estas víctimas por siempre”, lee la medida en su exposición de motivos.

Agregan, en la explicación, que a pesar de los esfuerzos de las autoridades para evitar que ocurra este tipo de incidente y de lograr una convicción, la persona agresora - luego de cumplir su condena-, regresa a la libre comunidad “sin que se haya mejorado su actitud u obsesión para con los niños”. Es por tal razón que los autores de la medida sugieren la implementación de la “castración química”, un método que ya están implementando estados como Florida y Connecticut “de manera satisfactoria y con muy buenos resultados”.

El interés primordial, sostienen los autores, “ es el proveer un mecanismo que sea eficiente para evitar que más niños sean abusados sexualmente por personas muchas veces enfermas y en ocasiones inescrupulosas”, pero también “ayudar a mejorar la condición mental o biológica que pueda provocar que una persona abuse de esta manera de menores de edad”.

La castración química, mediante la utilización del medicamento medroxyprogesterona, tiene el efecto de suprimir el apetito sexual en los hombres que tienen trastornos hormonales únicamente. Este fármaco, añaden los autores, tiene muy pocos o casi ningún efecto secundario. “De esta manera reforzará más la lucha contra los depredadores sexuales y a la misma vez se tratará cualquier condición que puedan sufrir los acusados de estos delitos”, exponen.

Los críticos de la castración química, incluida la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), afirman que este método “viola los derechos constitucionales de los delincuentes sexuales”, así como el “derecho implícito a la privacidad de un delincuente bajo la Decimocuarta Enmienda”, según recoge el portal FindLaw.

La imposición de la castración química vendría junto a la pena de cárcel ya establecida en los Artículos 130, 131 y 133 del Código Penal de Puerto Rico.

Fue el pasado 9 de marzo que los moderadores de Jugando Pelota Dura anunciaron que ya estaba redactada la propuesta y que se la harían llegar a los legisladores para su radicación.

González y Morales fueron los coautores del Proyecto de la Cámara 1644, medida que buscaba imponer hasta 25 años de cárcel a mujeres que abortran en Puerto Rico. La propuesta fue retirada ayer, martes, de todo trámite legislativo.

Experiencia en otros estados

Según el portal Find Law, en el caso de California y Florida las inyecciones son obligatorias para los delincuentes sexuales reincidentes, pero para los delicuentes primerizos es una determinación “discrecional” .

En California, al menos 15 delincuentes sexuales reincidentes han solicitado la castración quirúrgica como una forma de evitar el encarcelamiento indefinido. “Al menos dos delincuentes han sido dados de alta de hospitales psiquiátricos estatales después de la castración quirúrgica”, establece el reporte.

Dice, además, que en el 2019 Alabama se convirtió en el último estado en adoptar una ley de castración química obligatoria. El estatuto obliga a los delincuentes sexuales adultos cuyas víctimas tenían 12 años o menos a comenzar el tratamiento al menos un mes antes de obtener la libertad condicional y continuar hasta que un tribunal determine lo contrario.

En Alabama, los infractores deben pagar su propio tratamiento, aunque la incapacidad de pago no puede utilizarse como motivo para negar la libertad condicional.