La Asamblea Legislativa dio paso a dos resoluciones conjuntas que permitirían transferir al Municipio de Camuy la Finca Nolla, una reserva natural protegida, y el Parque Nacional de las Cavernas del Río Camuy, que, en sus años de gloria, llegó a ser la segunda atracción natural más visitada en Puerto Rico.

La aprobación de las resoluciones conjuntas de la Cámara 145 y 147 pone en riesgo la preservación de ambos espacios naturales, advirtió este domingo el portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) en el Senado, Adrián González. “El Municipio se está convirtiendo en un realtor para conseguir una corporación privada que administre el parque y una reserva natural”, apuntó.

La Finca Nolla, localizada en el litoral costero de Camuy, forma parte del inventario de áreas con prioridad de conservación que administra el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), propietario de las tierras desde 2011. De las 115 cuerdas que integran el espacio ecológico, el 85% está compuesto por humedales estuarinos y palustres.

“Por tratarse de un componente tan grande de manglares y dunas, es una barrera costera natural contra el embate de la marejada ciclónica”, detalló González sobre la importancia de preservar el área para la seguridad de las comunidades cercanas.

El autor de la Resolución de la Cámara 145, el representante Joel Franqui Atiles, alega que, desde el 2015, el Municipio de Camuy –como parte de un acuerdo de colaboración– ha asumido un rol activo en el desarrollo del área y en la búsqueda de posibles alianzas público-privadas que permitan maximizar el uso del predio, pero la falta de titularidad “limita” su alcance.

El año pasado, el gobierno municipal intentó realizar en los terrenos el evento Titans Race 5K, pero el DRNA le denegó el permiso solicitado porque ponía en riesgo la integridad del espacio. Residentes en la zona tampoco favorecieron la actividad.

“¿Qué tipo de alianza público-privada puede darle un mejor uso del que le ha dado la Universidad de Puerto Rico (UPR) y el DRNA por la pasada década?”, señaló González, en referencia al programa Vida Marina del recinto de Aguadilla de la UPR, que realiza iniciativas en el área para la preservación y restauración de dunas.

“Los terrenos no están abandonados, y la comunidad ha colaborado muchísimo con la preservación, porque esa es su barrera”, señaló el senador pipiolo.

Tanto González como su compañera de delegación, María de Lourdes Santiago, cuestionaron, asimismo, la estabilidad económica del gobierno municipal de Camuy, que la semana pasada recibió $925,000 en fondos estatales –de un pote de casi $25 millones– para cuadrar las operaciones del año fiscal que cierra este lunes.

“¿Cómo se puede pensar que una municipalidad que tiene que estar suplicando para cuadrar la chequera puede asumir esas nuevas obligaciones? No, no va a pasar”, apuntó Santiago.

Tanto en el caso de la transferencia de la Finca Nolla, como en el reclamo de titularidad del Parque Nacional de las Cavernas del Río Camuy, la legislación establece que el Comité de Evaluación y Disposición de Propiedades Inmuebles evaluará la viabilidad de ambas transacciones y que, de no emitir una determinación final en 30 días, se darán por aprobadas.

Desde el paso del huracán María en 2017, el Parque Nacional de las Cavernas del Río Camuy ha enfrentado múltiples retos para retomar sus operaciones. En 2021 logró abrir parcialmente, pero al año siguiente, el huracán Fiona forzó el cierre.

El parque, que llegó a recibir 100,000 visitantes anualmente, volvió a abrir parcialmente a mediados de 2023, para clausurar sus puertas a los pocos meses.

El pasado cuatrienio, el alcalde de Camuy, Gabriel Hernández, le solicitó al gobierno central que le cedieran el parque con el fin de desarrollarlo con la asistencia del sector privado mediante una alianza público-privada (APP). En aquel entonces –en 2021– precisó que el Municipio no tenía el dinero para mantener la instalación.

Hernández estimó que el parque necesitaría una inversión privada de $20 millones “para que sea competitivo”.

De igual forma, fue aprobada una tercera resolución conjunta –de la autoría de Franqui Atiles– para transferirle al Municipio de Camuy el área escénica del barrio Puente, actualmente bajo titularidad de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT). La zona, según la exposición de motivos, “ha permanecido cerrada e inactiva durante años, sin plan de desarrollo o uso público efectivo”.

Las tres resoluciones pasan ahora a la consideración de la gobernadora Jenniffer González.

Otras medidas rumbo a La Fortaleza son el Proyecto de la Cámara (PC) 375, que prohíbe las maniobras, tales como “wheelies”, “stoppies” o “burnouts”, en las vías públicas; y el PC 491, para que el gobierno notifique a los conductores electrónicamente cuando se acerque la fecha del vencimiento del marbete vehicular.

También está listo para la consideración de la gobernadora el PC 504, que propone una serie de iniciativas para simplificar, con la integración de herramientas digitales, el cumplimiento contributivo de Puerto Rico, y uniforma las fechas de radicación de planillas.

Con el aval de ambos cuerpos cuenta, asimismo, el PC 586, que extiende a 10 años el término para la dirección de la Defensoría de las Personas con Impedimentos. La medida también elimina la facultad del Consejo Directivo para designar al defensor, y coloca dicha responsabilidad sobre el Ejecutivo con el consejo y consentimiento del Senado.