Carmen Ruiz Ambert recuerda vívidamente el día que llevó a su hija al Hospital Panamericano “esperanzada” de que recibiría la ayuda necesaria para su condición de demencia frontotemporal. Era el 7 de agosto y Carmen Gloria Canales ingresó a la institución caminando y sin ningún otro diagnóstico médico.

Siete días después –el 14 de agosto–, su hija abandonó el hospital en silla de ruedas y con “todo su cuerpo golpeado”, denunció este jueves la progenitora, en una vista pública de la Comisión de Salud del Senado. Canales, de 59 años, falleció el 21 de agosto y su cuerpo fue cremado esta semana.

Los hechos de presunto maltrato son investigados por el Negociado de la Policía, la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (Assmca), agencia licenciadora; la Oficina del Procurador del Paciente (OPP), donde Ruiz Ambert presentó una querella el 16 de agosto; y el Senado. El Panamericano también realiza una pesquisa interna.

“Estoy aquí por justicia, porque no creo que mi hija debió terminar así”, reclamó Ruiz Ambert ante la mirada del senador Rubén Soto, quien fue el único legislador en la audiencia.

Entre los deponentes citados, estuvo el licenciado Astro Muñoz Aponte, director ejecutivo del Panamericano, quien negó las imputaciones. “Desde ahora, les puedo decir que no hubo maltrato reportado”, esbozó.

Canales, quien tenía una maestría en educación preescolar, murió a siete días de haber sido dada de alta. Según el relato de Ruiz Ambert, la misma noche en que su hija salió del Panamericano, identificó hematomas en sus brazos, muslos y la parte baja de la espalda, así como unas úlceras en un muslo y la cadera izquierda.

“Me mataron a mi hija, me la mataron. Ella entró caminando, ella entró bien, ella entró a la oficina del doctor, la entrevistó... mi hija llegó sana y me la entregaron amoratada, con todo el cuerpo golpeado”, alegó la madre, entre lágrimas, mientras daba golpes con su mano izquierda sobre la mesa.

Alegó, además, que el personal del Panamericano no facilitó la comunicación con Canales durante la hospitalización, ni le despachó ciertos medicamentos. En otra instancia, “en un tono molesto”, contó, le reclamaron que su hija era “desorganizada”. “Una vez llamé ocho veces y no contestaron. Otras veces, me decían que mi hija estaba tranquila, durmiendo”, narró.

Tras ser dada de alta, Ruiz Ambert llevó a su hija a una sala de emergencias y también fue evaluada en el hogar por su médico primario.

La demencia frontotemporal es causada por un grupo de trastornos que gradualmente dañan los lóbulos frontal y temporal del cerebro. Estos daños provocan alteraciones en el pensamiento y la conducta. Los síntomas pueden incluir comportamientos inusuales, problemas emocionales, dificultad para comunicarse, desafíos en el trabajo y problemas para caminar, según el portal alzheimers.com.

Aunque negó los señalamientos contra la institución, el director ejecutivo del Panamericano dijo que se veía imposibilitado de compartir información médica relacionada con el ingreso de Canales –incluyendo diagnóstico y plan de tratamiento– por no contar con la autorización de la familia.

Muñoz Aponte alegó que, al momento de la admisión, todos los pacientes son evaluados por un trabajador social, una enfermera graduada y un médico generalista. Mientras, aseguró que todas las alegaciones de maltrato o negligencia contra la institución o su personal son investigadas. “Tenemos una política de cómo se corre ese proceso, y nos autoimponemos un ‘timeline’ para contestarles a los querellantes”, detalló.

Dijo que la investigación interna ya concluyó, pero los resultados, sin embargo, no han sido compartidos con la OPP.

En su alocución, Muñoz Aponte mencionó que tenía “un gran temor” de que “este tipo de intervenciones” tengan el efecto de que “se siga haciendo ver a los hospitales de salud mental como lugares donde se sufre”, lo que provocó la reacción del legislador, quien aclaró que no estaban adjudicando responsabilidades.

“Ahora bien, estamos ante el caso de una madre que perdió su hija y que, en su mente, está una posibilidad o un alegato, y eso no se puede invisibilizar. No puedo pasar por alto esto y lo menos que se merece Carmen Ruiz Ambert y su familia es que se sepa la verdad, y a esa responsabilidad no voy a rehusar”, afirmó Soto.

La procuradora auxiliar de Asuntos Programáticos de la OPP, Quetzy A. Soto Lugo, indicó que aún evalúan la documentación recibida, y anticipó que solicitarán copia del expediente médico. “El caso todavía está activo y continuamos en el proceso de investigación”, afirmó. De determinarse que hay méritos en la querella, el hospital se expone a una multa administrativa de hasta $10,000 por incidencia.

En los récords de la OPP, no constan multas contra el Panamericano, confirmó, por su parte, la licenciada Jarmilla A. González Echavarría, procuradora auxiliar de Asuntos Legales.

Soto indicó que la Comisión también citó a la directora del Instituto de Ciencias Forenses, María Conte, pero la funcionaria solicitó tiempo para completar peritajes adicionales que permitan determinar la causa de muerte que, al momento, es “inconclusa”, dijo Soto.

Otros organismos a citar podrían ser la Policía y el personal de la salud que haya evaluado a Canales luego de su hospitalización.