Ni el padre ni el hermano de la secretaria de Vivienda, Ciary Pérez Peña, administradores de Yabucoa Auto Service –centro de inspección que hasta diciembre estuvo a nombre de la funcionaria–, comparecieron este miércoles ante la Comisión de Transportación de la Cámara de Representantes, que investiga presuntas irregularidades en la venta de marbetes.

Según el presidente de la Comisión, el representante José “Cheíto” Hernández, los administradores del establecimiento se excusaron alegando que no querían interferir con la investigación que el Departamento de Justicia lleva a cabo sobre el mismo asunto. La justificación no fue acogida.

“No comparecieron. Se excusaron porque están dándole espacio a la investigación de Justicia. Aun así, nosotros le contestamos que no estaban excusados, al igual que a los demás seis que no vinieron en el día de hoy”, apuntó Hernández, en un aparte con la prensa.

Adelantó que, la próxima semana, volverá a citar tanto a los familiares de Pérez Peña como a los titulares de los otros seis centros de inspección que no se presentaron este miércoles, y advirtió que, de no comparecer, activará los mecanismos adicionales que el reglamento de la Cámara provee.

De no comparecer “bajo apercibimiento de desacato”, entonces, la Comisión puede acudir a los tribunales por vía del presidente de la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez. “Si la próxima semana no acuden, nosotros vamos a trabajar con un apercibimiento de desacato”, dijo Hernández.

Yabucoa Auto Service estuvo bajo la titularidad de Pérez Peña hasta diciembre pasado, cuando la cedió a la corporación Yabucoa Auto Service LLC, presidida por Noel Pérez Martínez, su padre.

Como divulgó inicialmente el programa televisivo “Los datos son los datos” (WAPA), el centro de inspección supuestamente emitió más de 1,900 marbetes fraudulentos. Como resultado, se le impuso una multa de $987,500, la cual se habría transado por $5,000.

La Comisión de Transportación de la Cámara citó este miércoles a vista ejecutiva a 10 propietarios de centros de inspección –multados por supuestamente emitir marbetes ilegales–, como parte de una investigación. La información que resulte de los intercambios será comparada con la presentada a la Comisión por el Departamento de Hacienda, anticipó Hernández.

“No entiendo por qué esto tiene que ser una vista ejecutiva que, obviamente, nos obliga a nosotros a que nuestro deber de informar y fiscalizar, pues, se limite por las reglas de la Comisión, que nos impone un nivel de confidencialidad”, cuestionó el portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) en la Cámara, Denis Márquez.

“Mucha de esta información, o la inmensa mayoría, es información pública que se ha discutido en múltiples ocasiones... a todo el mundo, le interesa la responsabilidad de la secretaria de la Vivienda con un negocio que no es hasta diciembre de 2025 que renuncia a él”, agregó el legislador del PIP.

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