El Senado aprobó este lunes remover al Negociado de la Policía del Departamento de Seguridad Pública (DSP), una promesa de campaña de Jenniffer González que tomó más relevancia en días recientes tras el reclamo de los uniformados para que el gobierno les pague, al menos, $32 millones adeudados en horas extras.

“Esto es una promesa de la gobernadora, y vamos a volver a darle al superintendente el control total de la Policía”, expuso el portavoz del Partido Nuevo Progresista (PNP) en el Senado, Gregorio Matías, al presentar el Proyecto de la Cámara (PC) 406, atendido vía descargue.

La medida recibió 24 votos a favor y la única oposición de la senadora del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), María de Lourdes Santiago.

En 2017, la administración de Ricardo Rosselló Nevares promulgó la Ley 20, con la idea de integrar, bajo una misma estructura, las agencias de ley y orden. Entonces, se prometieron economías en la gestión administrativa, mejor coordinación interagencial y estandarizar los procesos de adquisiciones, tecnología y capacitación.

En una vista reciente con motivo de la discusión del PC 406, el componente fiscal de la administración González favoreció la separación del Negociado de la Policía del DSP alegando que la integración no logró los ahorros ni la agilidad administrativa que se prometió. Por el contrario, alegaron, representó la pérdida de autonomía y sumó capas de burocracia que aún dificultan la gestión del cuerpo de seguridad.

Bajo el DSP, están también los negociados de Bomberos, Emergencias Médicas, Sistema de Emergencias 9-1-1, Manejo de Emergencias y Administración de Desastres, e Investigaciones Especiales. Inicialmente, también estuvo el Instituto de Ciencias Forenses, pero, en 2020, recuperó su independencia.

“Después que nosotros demos este voto, vamos a poner a los policías en una visión, donde el que los dirige, los administra, es el que les paga y el que está pendiente a sus necesidades”, argumentó Matías, un expolicía.

El portavoz del Partido Popular Democrático (PPD) en el Senado, Luis Javier Hernández, argumentó, por su parte, que la promesa de campaña de la gobernadora fue eliminar el DSP, no desintegrarlo por etapas, y reclamó acción en esa dirección.

“Parecería ser entonces que ella (González) nos va a llevar al suplicio poco a poco e ir eliminando del DSP a aquellas agencias que las circunstancias del día a día así se los plantee, como es el caso de la Policía”, dijo Hernández, al alegar que la primera ejecutiva le ha dado la espalda a los policías.

“Hoy, lamentablemente, los policías de Puerto Rico sufren lo que es y lo que será, durante todo este cuatrienio, la doble cara de esta administración”, expuso el senador de la Pava, al consignar su voto a favor de la medida.

Santiago, portavoz del PIP, reconoció que la legislación “es un paso en la dirección correcta”, pero sostuvo que la falta de pago de las horas extras a los policías no es un problema que resuelve el proyecto.

“El pago por horas extras está dispuesto por ley. No es un problema estatutario ni estructural, es un problema de un país en quiebra que tiene que pedirle permiso a la junta de control fiscal para cumplir con sus obligaciones en ley, obligaciones que tenían que haber sido contempladas en el presupuesto de este año fiscal”, apuntó Santiago.

Afirmó que el ente federal ha fallado en anticipar cuáles serán los gastos del gobierno. “Está pasando con los policías, está pasando con los proveedores de servicios de Educación Especial”, agregó la líder pipiola.

Santiago alegó, asimismo, que la legislación “politiza” aún más la Uniformada al colocar en manos del Ejecutivo la concesión de los rangos de comandante, inspector, teniente coronel y coronel. “Ahora, es Jenniffer González quien va a decir quién merecer ser inspector o no en un cuartel. Yo no veo qué propósito cumple eso, no veo de qué manera eso alimenta la confianza de país en la Policía”, señaló.

Adicional, dijo, el proyecto “descarta” toda referencia al acuerdo de la Reforma de la Policía. “Ciertamente, tratar de esconder el asunto bajo la alfombra por vía legislativa no es la forma jurídicamente correcta”, mencionó Santiago, al consignar el voto en contra.

El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, defendió la estructura del DSP, al sostener que hubo eficiencias administrativas y resultados afirmativos en la lucha contra el crimen. Argumentó que los problemas que ha generado la estructura se resolvían, a su juicio, si las jefaturas del DSP y la Policía recaían en una misma persona.

“Los problemas de dinero se resuelven con dinero. Un policía con un retiro digno puede estar en una sombrilla o fuera de la sombrilla y tiene un salario digno”, aseveró en referencia al pago de horas extras.

La legislación fue aprobada con enmiendas, por lo que regresa a la Cámara.