Las casetas enclavadas en el litoral de la Reserva Natural La Parguera, en Lajas, “no están legales”, reconoció este miércoles el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) durante la evaluación legislativa del proyecto de administración que busca conceder licencias de 40 años para la ocupación de estas estructuras.

“No están legales”, admitió Carla Marrero, ayudante especial y directora interina de la Oficina de Asuntos Legales del DRNA, en un intercambio con la senadora del Partido Independentista Puertorriqueño, María de Lourdes Santiago, en el que se le cuestionó sobre la legitimidad de las casetas, entre cuyos propietarios figuran los suegros de la gobernadora Jenniffer González.

“Lo que pretende la legislación es, eso mismo, establecer una huella de qué había para, entonces, a partir de eso, delimitar y establecer unos parámetros. Nuestra posición es que estas personas necesitan tener una regulación y, para eso, tenemos que tener una legislación que sea clara y específica, porque están ilegal”, dijo Marrero, en alusión al Proyecto del Senado (PS) 272, equivalente al Proyecto de la Cámara 269 y que ya se aprobó, en junio, en ese cuerpo.

El secretario auxiliar de Conservación e Investigaciones del DRNA, Farel Velázquez Cancel, dijo, en tanto, que las casetas “nunca debieron estar ahí”, a preguntas del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz.

En una vista pública de la Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos –también presidida por Rivera Schatz–, los funcionarios del DRNA se contradijeron en cuanto a la aplicabilidad del Reglamento 4860, que rige el manejo de las aguas territoriales y la zona marítimo terrestre, en la zona de las casetas. Mientras Velázquez Cancel dijo que el documento incide, Marrero opinó que contiene “lagunas”.

“Yo supondría que la agencia (DRNA) que administra ese reglamento nos puede decir si ese reglamento aplica (o no)”, expuso, en tanto, Santiago.

En la audiencia –que duró más de cuatro horas–, tanto Marrero como el oficial de Legislación y Reglamentación de la Junta de Planificación (JP), José Díaz, indicaron que el proyecto, de aprobarse, podría hacerse extensivo a otras comunidades donde haya estructuras similares.

“En el caso del proyecto de La Parguera, quizás no inmediatamente, pero puede servir de base para regular todas las áreas de la costa donde haya casetas similares”, dijo Díaz.

El PS 272 fue presentado en enero por la gobernadora –como el Proyecto de Administración 003–, a solo tres semanas de haberse instalado en La Fortaleza y en medio de una investigación del DRNA contra sus suegros por supuestas construcciones ilegales en una de sus propiedades en La Parguera.

Este miércoles, a preguntas del senador independiente de Eliezer Molina, Marrero alegó que desconocía si los suegros de González mantenían propiedades en la reserva natural, y sostuvo que la medida, según trabajada, “beneficiaría a todos los que están allí y al pueblo de Puerto Rico al ponerle fin a una incertidumbre jurídica”.

“¿Es ilegal lo que está allí?”, cuestionó Molina. “Ciertamente”, respondió Marrero.

La propuesta de la mandataria estipula la otorgación de licencias de 40 años para la ocupación de las estructuras existentes en el litoral de La Parguera. La legislación calca, en prácticamente todas sus disposiciones, una medida que, en 2016, fue avalada por el Senado y la Cámara de Representantes, antes de recibir el veto de Alejandro García Padilla, en medio de la amplia oposición de sectores ambientales y científicos.

Permite, entre otras cosas, la reparación de las residencias existentes para que “mantengan la pintoresca y colorida arquitectura que les ha convertido en un atractivo turístico”, y prohíbe “llevar a cabo obras de construcción fuera de la huella de ocupación de la estructura”, así como nuevos desarrollos. Igualmente, dispone el cobro de cánones, que serían entre 5% y 10% mayor a los establecidos y cobrados por el DRNA a las marinas y muelles.

Según el DRNA, la pieza dispone “condiciones específicas y exigentes” para garantizar que las actividades en La Parguera sean “sostenibles y compatibles” con la protección ambiental. La agencia agregó que los recaudos de los cánones permitirían conservar y fortalecer la zona como destino turístico y ecológico.

El Departamento de Desarrollo Económico y la Oficina de Gerencia y Permisos le otorgaron deferencia sobre el asunto al DRNA y la JP, aunque expusieron que el proyecto no interfiere con su funcionamiento y señalaron que es “meritorio” definir el área costera a la que le aplicarían las disposiciones. La Compañía de Turismo favoreció la legislación porque “equilibra el desarrollo económico con la conservación” y “potenciará el atractivo turístico de La Parguera”.

Por otro lado, Marrero indicó que el DRNA aún está recibiendo información solicitada a los propietarios de casetas para definir la huella en la zona.

“Hay un proceso que, de hecho, está ocurriendo, en el que estas personas nos están enviando y notificando, y sometiéndose al proceso de decirnos, mediante certificación, una declaración jurada, qué es lo que hay allí”, dijo, al sostener que los datos permitirán definir actividades prohibidas a futuro.

A mediados de junio, en otra vista, el DRNA informó que esperaba completar ese mismo mes la actualización del inventario de las estructuras en el litoral, un registro que no se actualiza desde 2013 y que, en ese momento, identificó 147 propiedades.

Entonces, la agencia había enviado 122 cartas a dueños, en virtud de la orden administrativa que firmó, en enero, el secretario del DRNA, Waldemar Quiles Pérez, para legalizar el estatus de decenas de estructuras.

“¿El DRNA no sabe qué ha ocurrido o no puede asegurar qué ha ocurrido entre 2013 al día de hoy?”, cuestionó Rivera Schatz, a lo que Marrero respondió que la agencia no podía identificar si algún propietario “cambió” la huella existente.

Desde enero, agregó Marrero, se han realizado cuatro intervenciones con caseteros por construcciones ilegales o intervención con los recursos naturales. “Todavía no se ha emitido una querella, como tal, porque eso está en un proceso adjudicativo”, expuso.