El Senado aprobó este jueves –por unanimidad– una moción presentada por el novoprogresista Juan Oscar Morales concediéndole a la secretaria de la Familia, Suzanne Roig, 48 horas para producir y entregar, so pena de desacato civil, documentos que no sometió, aunque se le requirieron, como parte de la pesquisa que el cuerpo legislativo conduce por supuestas presiones indebidas de la funcionaria para la otorgación de contratos.

“Fue mi primer requerimiento hace tres semanas. Mi equipo comenzó a hacer una reconciliación de preguntas con respuestas y, para muchísimas de las preguntas que hicimos, las respuestas son demasiado vagas o no hay respuestas. Queremos respuestas contundentes y, si no existe nada, que certifique”, dijo Morales a El Nuevo Día tras la votación.

Aseguró, de paso, que, aunque el Departamento de Justicia comenzó una pesquisa preliminar sobre las imputaciones contra Roig –que pueden desembocar en la recomendación de designar un fiscal especial independiente–, el Senado continuará con su investigación liderada por la Comisión de Familia, Mujer, Personas de la Tercera Edad y Población con Diversidad Funcional e Impedimentos, a cargo de la también novoprogresista Wanda Soto.

“Nosotros estamos claros. Sigue la pesquisa senatorial con el visto bueno del presidente (Thomas Rivera Schatz). Que nadie piense que en el Senado nos vamos a detener. Vamos a seguir nuestra investigación”, expresó Morales.

Las investigaciones surgen luego de que la exjefa de la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (Adsef) Blanca Medina Díaz fuera destituida y revelara que, supuestamente, era objeto de presiones y hostigamiento por parte de Roig, y otros funcionarios, para que evaluara y diera paso a contratos a las empresas NOLA Academy y Strategic Technology Advisors. Esta última compañía había presentado, al menos, dos propuestas a Roig para crear una plataforma de adiestramiento, a un costo de más de $300,000, con fondos del Programa de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF, en inglés).

El Senado también aprobó, por unanimidad, tres requerimientos de información –firmados por Morales– al Departamento de la Familia.

Morales solicita, en primer lugar, “información y documentos” del viaje que Roig hizo, junto a otros empleados de la agencia a España, en septiembre de 2025, para visitar la Fundación SAMU, que luego obtuvo un contrato de $355,646.50.

Pide, también, los datos sobre un viaje que Roig hizo a San Diego, California, en julio pasado, para participar de la “California USA Aging Answers on Aging Annual Conference”. Morales proveyó a El Nuevo Día la información obtenida al momento sobre ese viaje, que incluye dos certificaciones de que los fondos estaban disponibles, la petición de autorización –dirigida al exsecretario de la Gobernación Francisco Domenech–, la cotización de gastos y un cambio en la orden de compra.

“Yo estaba investigando ese otro viaje, que no llegó hasta nuestro conocimiento hasta que logramos obtener la evidencia, los pasajes y demás, para estar en posición de requerir información. Queremos saber para qué fue el viaje, por qué el viaje, qué resultado tuvo, si fue un contrato, uno adicional... Todas esas cosas queremos saberlas”, afirmó.

A ese viaje a San Diego, acudieron Roig, Brian Torres Figueroa y Linnette Martínez Ruiz, ambos identificados como ayudantes de la secretaria de la Familia. Martínez Ruiz es la esposa de Manuel Torres, actual propietario de la firma de cabildeo Politank, fundada por Domenech.

La cotización de las habitaciones, en el Hotel Marriott Marquis, fue de $8,643.75. La certificación de fondos para la orden de compra fue enmendada por “un cambio en los costos de los pasajes y de estadía por un error en la cantidad de días”, lee el documento, cuya cuantía final dice que fue de $9,283.86.

Además, Morales está solicitando a Familia que entregue toda la documentación sobre el cumplimiento contributivo y reglamentario de LAP Consulting Group, la empresa que tuvo a cargo la evaluación de NOLA Academy, Litoral Vivo y Coccoloba AgroEnvironmental para el proceso competitivo que terminó, en enero pasado, con la adjudicación de un contrato a favor de la primera empresa, por $38.7 millones en fondos del TANF. La adjudicación fue cancelada por Roig en mayo.

LAP Consulting es propiedad de Luis Pedraza González y fue contratada por Familia, pero, a su vez, su dueño, en su carácter personal, es contratista de Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (Assmca). Misael Pérez Marrero y Ramón Rodríguez Montalbán conformaron, con Pedraza González, el comité que evaluó a las tres empresas. Pérez Marrero y Rodríguez Montalbán son contratistas de la Assmca, supervisados por Pedraza González.