En nueve meses, la Oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada (OPPEA) recibió 1,648 querellas por explotación financiera, datos que -al igual que estadísticas previas- reflejan un incremento sostenido en esta modalidad de maltrato cometida contra los adultos mayores.

De las 1,648 querellas, recibidas entre el 1 de octubre de 2024 y el pasado 30 de junio, 1,549 responden a adultos mayores que viven en comunidad y las restantes 99 son de personas que residen en instituciones de larga duración. “Nuestros datos estadísticos muestran un aumento sostenido en el maltrato de explotación financiera durante los últimos años”, señaló Stephanie Rivera, abogada de la OPPEA, durante una vista pública en el Senado.

Rivera explicó que entre las querellas de maltrato que atiende la agencia, las principales modalidades son negligencia y negligencia propia. Para el año fiscal 2023-2024, agregó, la Oficina recibió un total de 8,138 querellas. De estas, 5,046 correspondían a maltrato.

La OPPEA es la instrumentalidad pública encargada de fiscalizar las querellas de maltrato hacia los adultos mayores, según dispuesto en la Ley 121 del 2019, conocida como la “Carta de Derechos de los Adultos Mayores”. El estatuto define la explotación financiera como el uso impropio de los fondos, de la propiedad o de los recursos de un adulto mayor por otra persona.

Según los datos de la OPPEA, las modalidades más comunes de la explotación financiera son: la transferencia de fondos no autorizados a través de transacciones electrónicas, cierre de cuentas a nombre del adulto mayor sin su autorización, la utilización del dinero para abrir una nueva cuenta a nombre de otra persona, transacciones no autorizadas en las tarjetas de crédito o débito, retiros en cajeros automáticos a espaldas del tenedor de la cuenta y la utilización de la firma en documentos como solicitudes de préstamos.

También se han reportado otras instancias, como la compra de bienes, productos o servicios que no responden a las necesidades del adulto mayor, gravámenes sobre bienes inmuebles o muebles, manejo inadecuado de sus fondos, negar el acceso a los bienes propios del adulto mayor y radicaciones frívolas de peticiones de declaración de incapacidad, entre otras.

“Un elemento de particular relevancia en estos casos es la identidad del perpetrador, de quién se trata, el que ejecuta la explotación financiera. En la mayoría de estas situaciones es por una persona de confianza del adulto mayor, como familiares, amistades y vecinos”, expresó Rivera.

Explicó que entre octubre de 2023 y septiembre de 2024, la OPPEA recibió 2,103 querellas por explotación financiera en las que el perpetrador supuestamente era el hijo o hija del adulto mayor. Mientras, se presentaron 296 contra otros parientes, 282 hacia desconocidos y 257 contra nietos. También se presentaron denuncias contra amigos o vecinos, hermanos y proveedores de servicios.

“Dado que la explotación financiera es una modalidad de maltrato, toda persona que sospeche que un adulto mayor es víctima debe notificarlo a las agencias concernientes”, dijo Rivera. La Unidad de Protección y Defensa de la OPPEA es la división encargada de recibir, evaluar y referir las querellas, en el caso de aquellas que así lo requieran.

Rivera dijo que, en aquellos casos en los que el adulto mayor indica que autorizó la transacción o que no se fundamenta el referido, pues el funcionaro asesora al adulto mayor sobre lo que consiste explotación financiera y cómo prevenirla. Si, de otra parte, se valida los señalamientos, se procede a referir el asunto al Negociado de la Policía y el Departamento de la Familia.

Entre el 1 de octubre de 2024 y el 30 de junio, la OPPEA ha referido a la Policía 389 casos de explotación financiera. De estos, 40 responden a adultos mayores que residen en instituciones de cuidado prolongado y 349 a adultos mayores que viven en comunidad.

Referente al nivel de esclarecimiento de los referidos a las instituciones financieras, Rivera no pudo proveer un número, aunque se comprometió a someter los datos en cinco días.

De la audiencia pública de la Comisión de Familia, Mujer y Adultos Mayores del Senado también participó la licenciada Zoimé Álvarez, presidenta de la Asociación de Bancos. Álvarez aseguró que están comprometidos con la protección financiera de los adultos mayores y presentó varias sugerencias de enmiendas para reforzar la aplicación de la Ley 121.

Dijo que la Asociación tiene una guía de cómo trabajar posibles referidos de explotación financiera. No obstante, sugirió que las dependencias concernientes canalicen por rango de urgencia las querellas que envían a las instituciones bancarias como parte de su investigación.

“Me gustaría que se pueda estudiar la posibilidad de extenderle una inmunidad civil a cualquier ciudadano que haga un referido de esta naturaleza tan importante como explotación financiera, porque muchas veces un ciudadano se puede ver cautivo de no hacer un referido por el miedo de que sea demandado”, agregó Álvarez.

Señaló que, como un esfuerzo adicional a lo que hacen las instituciones bancarias, la Asociación mantiene campañas de educación dirigidas a orientar y educar sobre fraudes, como el robo de identidad y crímenes cibernéticos.

Para el 2024, la población de adultos mayores en la isla se estimaba en 962,802, un 29.6% de la población total; y se espera que para el 2030 esa cifra alcance el 35%.