La Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) y el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) recomendaron este lunes eliminar del proyecto de ley que otorgaría un 40% de descuento en el pago de multas de tránsito o peajes sobre 20 tipos de infracciones que entienden representan “un alto riesgo a la seguridad vial” –como regatear, wheeliar y conducir bajo los efectos del alcohol–, y cuya sanción no debería quedar exenta.

“Permitir una amnistía sobre el pago de estas violaciones... podría enviar un mensaje equivocado a la ciudadanía y debilitar los esfuerzos de prevención y concienciación. Por tanto, proponemos que dichas infracciones sean expresamente excluidas”, expuso Daniel A. Rojas, abogado principal de la secretaría de Asuntos Legales del DTOP.

La lista de las multas que podrían ser eliminadas de la medida para que no les aplique el descuento incluye, además, conducir a exceso de velocidad, rebasar la luz roja, el uso indebido del rótulo de estacionamiento para impedidos, utilizar el celular mientras se conduce y no usar el asiento protector para menores.

El propósito del Proyecto de la Cámara (PC) 602 es conceder un incentivo que promueva el pago acelerado de multas expedidas y registradas en las estaciones de AutoExpreso, faltas administrativas relacionadas con derechos vencidos de permiso de vehículos de motor, entre otros, según la exposición de motivos.

Entre 2022 y 2025, según datos presentados por la OGP, se emitieron sobre dos millones de multas por infracciones a la Ley de Vehículos y Tránsito (Ley 22-2000), que totalizan $520 millones en deudas. De este total, $243 millones corresponden a recargos.

No obstante, de acogerse las enmiendas propuestas por la OGP y el DTOP para reducir el alcance de la legislación, el monto en deudas acumuladas en ese período -y al que le aplicaría el descuento de un 40%- se reduciría a $63 millones.

La OGP sugirió, además, incluir lenguaje que permita al DTOP excluir mediante reglamento cualquier otra falta administrativa o violación –no incluida en las excepciones sugeridas– que entienda atenta contra la seguridad vial o política pública.

“Es indispensable subrayar que el alivio no debe interpretarse como un cheque en blanco. Por el contrario, debe tratarse de un incentivo que adelante recaudos y depure cuentas por cobrar, siempre que se ejecute bajo parámetros estrictos que protejan el Tesoro estatal”, expuso Osvaldo Guzmán, en representación de la OGP.

Asimismo, la OGP propuso integrar “controles cuantificables” que permitan dejar sin efecto el beneficio en caso de que el impacto en las finanzas del gobierno supere los umbrales acordados con el equipo fiscal.

Otras posibles enmiendas presentadas por el DTOP, en una vista pública de la Comisión de Transportación e Infraestructura del Senado, fueron definir la fecha límite para los boletos elegibles y la posibilidad de eliminar la alternativa de plan de pago del proyecto de ley, con el fin de evitar duplicidad y confusión entre los ciudadanos.

Roberto Rivera Cruz, en representación de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), enfatizó en la necesidad de asegurar que la medida no trastoque el presupuesto del gobierno, por lo que, dijo, deben incluirse “medidas compensatorias”. Propuso que el asunto sea considerado en conjunto con las propuestas de reforma contributiva anticipadas por el Ejecutivo.

“Sería prudente esperar a que se presenten estas medidas para ver cómo pueden integrarse a la discusión, de forma tal que el impacto que pueda tener se considere de manera holística”, expuso Rivera Cruz.

Un informe de la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa (OPAL) estimó en $103.7 millones el potencial impacto en los recaudos del gobierno de aprobarse la medida. El Departamento de Hacienda –en una ponencia escrita– planteó un escenario similar, al proyectar en $113.6 millones el costo de la amnistía.

Hacienda solicitó un término de 120 días para implementar la medida, si finalmente es avalada por las cámaras legislativas y la gobernadora Jenniffer González, quien, sin embargo, ha planteado que resulta innecesaria, ya que la Ley 52-2025, firmada en julio, ofrece alternativas de pago.

El secretario de Hacienda, Ángel L. Pantoja, favoreció, en la ponencia, la inclusión de una lista taxativa de multas aplicables. “Concurrimos con el DTOP en que la amnistía debe aplicar al pago total de las multas sin permitir acogerse a planes de pago”, expuso.

El senador Héctor Joaquín Sánchez, presidente de la comisión senatorial, indicó que la propuesta legislativa es “loable”, pero sostuvo que, en su ejecución, hay que tomar medidas para evitar que, de convertirse en ley, sea impugnada por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

“Ya hay un presupuesto aprobado y se está contando con este dinero, pues nosotros tenemos que ser bien responsables en qué vamos a aprobar”, expuso, al reconocer que sería una “opción” limitar su alcance como sugirieron la OGP y el DTOP.