Un proyecto radicado en el Senado busca enmendar la Ley 25 de 1992 para establecer requisitos adicionales en casos de convictos por feminicidio y otras categorías, además de eliminar la referencia al Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (sida).

La “Ley 25 para el Egreso de Pacientes de S.I.D.A. y de otras Enfermedades en su Etapa Terminal que están Confinados en las Instituciones Penales o Internados en las Instituciones Juveniles de Puerto Rico” dio paso a la excarcelación de Hermes Ávila Vázquez, un hombre de 52 años convicto en 2005 por el asesinato de una mujer, pero que fue liberado en 2023 por una presunta paraplejia.

Tras su liberación, Ávila Vázquez fue imputado por el asesinato en Manatí de Ivette Joan Meléndez Vega, de 56 años.

De acuerdo a un comunicado de prensa emitido por la oficina de la senadora Nitza Moran Trinidad, el Proyecto del Senado 1466 buscará eliminar la referencia específica al Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) y en los casos de convicciones por feminicidio, agresión sexual, actos lascivos, incesto, trata humana, acecho, venganza pornográfica, violencia doméstica, entre otros delitos relacionados, la evaluación deberá ir acompañada de una recomendación del Secretario de Justicia, la Oficina de la Procuradora de la Mujer, y un sicólogo autorizado.

La medida fue radicada por petición de la procuradora interina de las Mujeres, Madeline Bermúdez, quien reiteró además que la participación de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres “garantizaría que se tomen en consideración las preocupaciones y necesidades particulares de las víctimas/sobrevivientes, así como proporcionaría un filtro adicional de protección y seguridad para ellas”.

Por su parte, la senadora Moran Trinidad justificó la eliminación de la referencia al Sida debido al desarrollo en la medicina en los últimos años y para atemperar la medida a la época moderna.

“Nos parece que mantener la referencia específica al SIDA en la Ley Núm. 25 es una que no van acorde con los descubrimientos y avances de hoy día. Por lo tanto, proponemos que se elimine dicha mención del estatuto y solo se utilice el término “enfermedad terminal”, lo cual promueve un enfoque inclusivo y respetuoso hacia todos aquellos que enfrentan condiciones médicas terminales”, indicó Moran.

Ávila Vázquez fue sentenciado en el 2005 a 122 años de cárcel pero en abril de 2023 se le permitió salir porque supuestamente sufría de varias condiciones de salud que no le permitían “desplazarse” ni “hacer unas funciones fisiológicas que cualquier persona, sin sus condiciones, podía hacer de forma normal”.

Su salida de prisión fue autorizada luego de que un panel de médicos lo evaluara y el personal del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) hiciera una evaluación en la comunidad donde iba a residir.

A partir de ese momento, era supervisado por personal del DCR que lo veía mensualmente, alternando entre la oficina de la agencia y visitas a su casa. Escobar destacó que, al imputado, incluso se le brindó una cama de posición, silla eléctrica y una silla de ruedas regular para poderse desplazar, así como pañales desechables.