La Coalición en Contra de la Quema de Carbón anunció hoy, martes, la radicación de una pieza legislativa que ordena el “cese inmediato” de las operaciones de la planta de AES Puerto Rico, en Guayama, y obliga a la compañía a realizar las “acciones correctivas necesarias” para mitigar cualquier contaminación del agua, suelo y aire atribuible a sus residuos.

La Resolución Conjunta de la Cámara 268 fue radicada el pasado jueves, 27 de enero, por la representante Mariana Nogales, del Movimiento Victoria Ciudadana.

En conferencia de prensa frente al Capitolio, portavoces de la Coalición y Nogales explicaron que la medida surge en respuesta a dos incidentes recientes relacionados con “la carbonera”: las preocupaciones de la Agencia federal de Protección Ambiental (EPA, en inglés) en cuanto a las medidas de AES para evitar que sus residuos impacten las aguas subterráneas de la zona, y el presunto rescate económico que la empresa le pidió al gobierno.

“Y no es solo esto lo que hace que pidamos el cierre, sino años de estudios (sobre contaminación) que han caído en oídos sordos. Esperamos que este proyecto determine el cierre de la carbonera ya, lo más pronto posible, y que los legisladores se alineen con el pueblo y voten a favor”, expresó Timmy Boyle, de la Alianza Comunitaria Ambiental del Sureste, una de las entidades de la Coalición.

Por su parte, Nogales explicó que el mandato de su resolución está dirigido, específicamente, al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) y la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe).

Destacó que la pieza también ordena que AES asuma la responsabilidad económica “sobre toda medida que se entienda necesaria”, y que el DRNA entable acciones civiles de daños y perjuicios contra la empresa para recobrar el valor total de los daños ambientales y a la salud pública que hubiera causado.

“No estamos hablando de cualquier persona y no vamos a esperar hasta el 2027 (para el cese del uso de carbón, como ordena la Ley 17-2019). Estamos hablando de criminales ambientales que, por décadas, han afectado la vida y la salud de las personas en estas comunidades. Estamos hablando de una compañía que ha contaminado el Acuífero del Sur, las calles, las residencias… todo lugar donde se han depositado sus residuos de combustión dizque amparándose en que eran un material seguro, y sabemos que no es así”, dijo la representante.

“Lo que queremos es que el gobierno decida por la vida… que el gobierno tenga los pantalones de cerrar de manera inmediata la carbonera AES y que, al fin, defienda a la gente, que ha sido afectada directamente”, agregó, tras informar que procurará que otros legisladores apoyen su resolución.

AES: “Acelerar la transición”

Mediante declaraciones escritas enviadas a El Nuevo Día, AES Puerto Rico indicó, en primer lugar, que la planta produce hasta el 25% de la energía que consume el país, “al menor precio del sistema y de manera confiable”. Aseguró que ha cumplido con su contrato con la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) por los pasados 20 años.

“Hemos solicitado a la AEE acelerar la transición energética de nuestros activos hacia energía renovable, bajo estricto cumplimiento de la Ley 17-2019. De igual forma, hemos manifestado de manera clara, pública y abierta, incluso a través de diversos medios de comunicación, nuestra disponibilidad a colaborar con la transición energética de Puerto Rico y esto requiere también el consenso proactivo de las autoridades gubernamentales, empresas e individuos. A nivel mundial, llevamos años sustituyendo plantas de carbón por generación renovable, ya que es una tendencia mundial y es nuestro compromiso”, sostuvo la empresa.

“Puerto Rico se encamina hacia el futuro de la energía sustentable gracias a la visión acertada que han iniciado las autoridades y hoy, más que nunca, nuestra empresa reafirma ese compromiso con el país”, añadió.

Proveen alternativas

Cuestionado sobre cómo se sustituirá la electricidad que produce AES, Boyle puso en duda que la generación con carbón llegue al 25% y la estimó en 15%. Señaló que, “ahora mismo, (AES) tiene apagada una de sus unidades (por mantenimiento) y nadie ha notado la diferencia”.

“Puerto Rico tiene una capacidad instalada de sobre 5,000 megavatios. Son plantas que no están en función porque (el gobierno) prefiere las privadas porque no le toca darles mantenimiento. AES factura $350 millones al año para enfermarnos. Si se usaran esos fondos para reparar las plantas que están en malas condiciones o para nuevas facilidades solares (energía renovable), no tendríamos que esperar a que lleguen los $9,000 millones federales (de recuperación posdesastres para la revitalización de la red eléctrica)”, manifestó.

Nogales agregó que el solicitado cierre de la planta de AES vendría acompañado “del compromiso” de reducir el consumo energético entre 15% y 25%, lo que supondría menos generación.

A preguntas de El Nuevo Día sobre si la cancelación del contrato conllevaría un cargo que pudiera traducirse en un alza en la factura de luz, la representante contestó: “AES nos ha dado el fundamento (para cancelar el contrato), porque nos ha dicho que no están en condición económica para seguir operando, a menos que el gobierno los rescate. Ellos mismos han admitido la justificación para cancelarles el contrato antes de tiempo. Si no pueden operar, vamos a ayudarles a cerrar”.

La empresa ha negado que tenga problemas económicos.

Exigen estudio a Salud

En la conferencia de prensa, también estuvo el doctor Domingo Cáceres, asesor médico de la Coalición, quien abogó por que el Departamento de Salud realice “algún tipo de estudio” en las comunidades de Guayama para “identificar la realidad de las enfermedades” atribuibles a la planta.

Según Cáceres, quien es médico de familia, en dichas comunidades hay alta prevalencia de enfermedades respiratorias, cardiovasculares y diabetes, entre otras condiciones, cuyo origen serían metales pesados y polvo fugitivo.

En la misma línea, el químico ambiental Osvaldo Rosario, asesor científico de la Coalición, manifestó: “Son muchos años trabajando con las comunidades y denunciando esta nefasta planta, que le está quitando vida al pueblo, no solo a través de las emisiones al aire, sino también a través de las cenizas tóxicas y cancerígenas que ha tirado en todo Puerto Rico”.

Resaltó que las denuncias ciudadanas datan de más de 15 años y tienen su origen en que “los problemas con las cenizas” están “bien documentados en la literatura”.

Asimismo, Rosario hizo referencia a un reciente estudio de la Universidad de Harvard, que reveló que una de cada cinco personas en el mundo muere debido a contaminación del aire, “y esta planta (AES) es una de las que más contaminación del aire genera en Puerto Rico”.

Felícita Burgos, coordinadora en Puerto Rico de la Red Continental Cristiana por la Paz –otra de las entidades de la Coalición–, contó, por su parte, que han visitado “casa por casa”, al menos, cinco comunidades en Guayama y “hemos encontrado niños con cáncer, enfermedades respiratorias en adultos y jóvenes, enfermedades en riñones, mucha gente con diabetes y mucha gente de luto”.

“Hay mucha tristeza en las comunidades cercanas a la planta. Incluso, hemos llevado al gobernador (Pedro Pierluisi) todas las peticiones de la comunidad (para el cierre) de la planta y no se ha hecho nada. Parece que cayeron en oídos sordos las peticiones de estas comunidades que luchan por su salud… lo que están pidiendo es salud y el derecho a la vida, que es fundamental, y por eso el llamado a los líderes es a que atiendan la situación como una emergencia”, acotó.

De paso, Boyle detalló que la Coalición ha recogido más de 4,400 firmas de ciudadanos pidiendo el cierre de AES.

Uno de esos ciudadanos es Erasmo Cruz, de Comunidad Guayamesa Unidos por tu Salud –también parte de la Coalición–, quien se cuestionó “por qué el gobierno no ha hecho nada” por ellos. “Yo espero que el gobierno, por fin, haga algo por nosotros. Estamos contaminados por la criminal AES, pero quien tiene la culpa es el propio gobierno de Puerto Rico”, puntualizó.

El Movimiento Socialista de Trabajadoras y Trabajadores y Yabucoeños Pro Calidad de Vida son las otras dos organizaciones que componen la Coalición.