Pese a ser el patrocinador estatal, el secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Waldemar Quiles, alegó este martes que no posee el expediente administrativo completo ni los estudios técnicos desarrollados como parte de la planificación y ejecución del proyecto de canalización del río Piedras.

Aunque estaba citado, Quiles no compareció a una vista de la Cámara de Representantes, que investiga el impacto ecológico y comunitario de la canalización. En su lugar, cursó una ponencia, de tres páginas, en la que se limitó a decir que la gerencia del proyecto la tiene el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos (USACE, en inglés).

“Dado que el proyecto se encuentra bajo la jurisdicción de la USACE, el DRNA otorga deferencia a los comentarios e información que dicha entidad tenga a bien proveer, por lo que sugerimos que cualquier solicitud relacionada sea dirigida a esta autoridad federal”, lee la ponencia.

En una audiencia previa, el biólogo Fred Schaffner sostuvo que, como patrocinador estatal del proyecto, el DRNA tiene la facultad, incluso, de detener el proyecto en cualquier momento.

“Acabo de ver la ponencia del DRNA que dice que ellos no tienen que ver nada con esto... estoy loco por verlos aquí. Yo, que llegué a esto los otros días, le puedo dar ‘forward’ (enviar) a todo los documentos que me ha enviado la comunidad; si acaso, le hacemos una recopilación y hasta le saco las copias”, dijo, en reacción, el portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) en la Cámara, Denis Márquez.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Adultos Mayores y Bienestar Social, Ricardo “Chino” Rey Ocasio Ramos, anticipó que volverá a citar a Quiles. “Nuestra gente necesita información actualizada de lo que le va a pasar a ellos. Tienen una incertidumbre y los adultos mayores están prácticamente con depresiones”, expresó.

La idea de canalizar el río Piedras –al que el USACE se refiere como el río Puerto Nuevo– se ha propuesto desde finales de la década de 1970, sin que se haya podido concretar ante deficiencias de financiamiento federal y la fuerte oposición comunitaria.

A la fecha, el grueso de las obras ejecutadas ha tenido lugar en la parte norte de la cuenca, que incluyen las zonas de Bechara –cerca del área industrial y los muelles de carga de la capital– y el estuario de la bahía de San Juan. En curso, se encuentran trabajos de reemplazo del puente de la avenida Roosevelt y la canalización y profundización del río en la zona de Puerto Nuevo, donde, en pasados años, el gobierno estatal adquirió cerca de 20 residencias.

Posteriormente, el plan vigente contempla obras adicionales de ensanchamiento y reemplazo de puentes más al sur, alrededor de Reparto Metropolitano, University Gardens, Villa Nevárez y Jardines Metropolitanos.

Conforme a proyecciones del USACE, la canalización requeriría una inversión de $2,700 millones, de los cuales el Congreso ha asignado poco menos de $1,600 millones.

En tanto, la directora de la Oficina de Planificación y Ordenación Territorial del Municipio de San Juan, Tamara González, confirmó que la administración carece de datos actualizados sobre las etapas futuras del proyecto, que, se anticipa, conllevaría la expropiación de decenas de familias.

Sostuvo que la administración mantiene comunicación con el USACE, pero, al momento, dicho intercambio se limita a las etapas en construcción. La última reunión fue en septiembre.

“Estamos en espera de que, por lo menos, nos demuestren que han avanzado con algún tipo de estudio y nos entreguen algún tipo de estudio, que fue lo que acordamos en septiembre... pero no hemos recibido nada”, subrayó. “Realmente, no sabemos si la expropiación se va a dar o si ellos han considerado hacer algún otro cambio”.

En la última reunión, compartió González, los representantes del USACE le informaron que realizan actualizaciones de estudios de suelo, mensura y proceso de cumplimiento ambiental, entre otros, por los años transcurridos desde su conceptualización y los distintos eventos atmosféricos que han afectado el cauce del río y sus tributarios.

Uno de los principales señalamientos de la comunidad es que las justificaciones para canalizar el río se sostienen en un estudio obsoleto –de más de 40 años–, que no responde ni refleja la realidad climática y urbana actual.

“El Municipio ha sido proactivo en reclamar y velar por que la comunicación y actualización de contratos en etapa de diseño se comparta, así como los resultados de estudios, tiene que ser trasparente, clara y precisa porque ayudará a proveer tranquilidad a la comunidad y confianza en los procesos”, planteó González.

Agregó que el alcalde Miguel Romero rechaza “toda aquella conceptualización que conlleve unas expropiaciones; un desvío de un cauce de un río que pueda agravar y no provea ningún beneficio a una comunidad ni a unas generaciones futuras, no cuenta con su aval ni con su endoso”.