Luis Raúl Torres preside la comisión cameral que investiga el contrato de LUMA Energy. (Ramón “Tonito” Zayas)

El representante Luis Raúl Torres, presidente de la comisión cameral que investiga la contratación del consorcio LUMA Energy para la operación y mantenimiento del sistema eléctrico, hizo este jueves sendos requerimientos de información al Departamento de Justicia y la Oficina del Contralor como parte de su pesquisa.

Los requerimientos de información, de los que El Nuevo Día obtuvo copia, están dirigidos al secretario de Justicia, Domingo Emanuelli, y la contralora Yesmín Valdivieso. Ambos funcionarios tienen un término de 10 días calendario para entregar los documentos solicitados.

Tanto Justicia como Contralor deberán indicar, en primer lugar, si realizaron alguna evaluación sobre el contrato, o de las negociaciones previas, entre la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas (P3, en inglés) y LUMA o sus compañías matrices. El contrato, que se firmó el 22 de junio de 2020, es a 15 años y por $1,500 millones, al menos.

Igualmente, deberán informar si la AEE, P3, el Negociado de Energía de Puerto Rico o la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) les solicitó una evaluación u opinión sobre el acuerdo. De existir dicha evaluación u opinión, tendrán que entregar tanto la solicitud como el documento.

Torres pidió a Emanuelli y Valdivieso que emitan “una opinión sobre si es legal” que la AEE pague a LUMA gastos de entretenimiento con fondos públicos. Dicha acción está estipulada en uno de los anejos del contrato correspondiente a los gastos reembolsables.

También, Justicia y Contralor deberán explicar si tienen jurisdicción para evaluar la asignación y distribución de los fondos públicos que administra la AEE; y para “evaluar la forma y manera en que una corporación privada, como LUMA Energy, dispone de fondos públicos y que, además, puede implementar política pública”, según se indica en los requerimientos.

Emanuelli y Valdivieso deberán indicar si, bajo los parámetros de la Constitución y las leyes de Puerto Rico, “es legal que se pueda crear una empresa privada bajo los términos y condiciones como se negoció el contrato de LUMA Energy, usando fondos públicos”.

Como parte de los requerimientos, Torres incluyó copia del contrato –de 336 páginas– para que Emanuelli y Valdivieso hagan su “debida evaluación” y sometan opiniones, observaciones, hallazgos y recomendaciones.

“Los términos concedidos para el requerimiento de documentos son finales e impostergables. Se le advierte que obstruir, impedir o demorar sin justa causa los trabajos de esta comisión, conllevarían que la comisión acuda al tribunal para que se determine si usted incurrió en el delito de obstrucción a la función legislativa. No se aceptará la alegación de que el documento solicitado está disponible en internet. Los documentos deberán ser entregados a la comisión en formato impreso”, se establece en los requerimientos.

Torres preside la Comisión de Desarrollo Económico, Planificación, Telecomunicaciones, Alianzas Público-Privadas y Energía de la Cámara de Representantes, que ha realizado casi una veintena de vistas –públicas y ejecutivas– como parte de la investigación de la contratación de LUMA.

El consorcio está supuesto a asumir las riendas de la AEE el próximo 1 de junio, cuando vence el período de transición.

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