El secretario interino del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Roberto Lefranc Fortuño, evitó este martes precisar si entregará, en el término provisto de cinco días, la información exigida por el Senado sobre el desarrollo del proyecto residencial de lujo Opus Miramar, limitándose a señalar que el pedido “se atenderá conforme a los procesos, reglamentos y leyes establecidos”.

En declaraciones escritas enviadas a El Nuevo Día, el DDEC sostuvo que el gobierno ha “atendido y respondido” a todos los requerimientos de información recibidos por parte del Senado, traduciéndose en la entrega de más de 2,000 documentos.

“La administración siempre ha mantenido su rendición de cuentas de forma intachable, así que este otro requerimiento se atenderá conforme a los procesos, reglamentos y leyes establecidos”, precisó el DDEC.

En tanto, los desarrolladores de Opus Miramar puntualizaron, también por escrito, que su proyecto “opera en pleno cumplimiento con todas las leyes y reglamentos”, y que colaborarán con cualquier proceso institucional. “Confiamos en que la información que se requiera reflejará su solidez. Nuestro compromiso es continuar enfocados en su desarrollo”, consignaron.

El lunes, el pleno del Senado aprobó la Petición de Información 2026-0089, del presidente del cuerpo, Thomas Rivera Schatz, concediéndole al DDEC dio un plazo de cinco días laborables para que entregue un informe detallado sobre cualquier beneficio contributivo otorgado o en trámite a Opus Miramar o cualquier entidad afiliada, subsidiaria o matriz.

“Esta información deberá ser presentada ante la Secretaría del Senado en un término de cinco días laborables luego de la aprobación de esta petición”, lee el documento avalado a viva voz.

El requerimiento legislativo exige, además, la entrega de copias certificadas de toda comunicación relacionada con el proyecto emitida o recibida desde el 2 de enero de 2023 hasta el presente, ya sea de los proponentes desarrolladores, representantes autorizados, cabilderos, abogados, contratantes, contadores públicos autorizados y consultores.

A Lefranc Fortuño, se le requirió, asimismo, presentar copias certificadas de toda comunicación entre funcionarios o personal de La Fortaleza y del DDEC en torno a Opus Miramar desde el 2 de enero de 2025. El pedido incluye la bitácora completa de reuniones, conferencias, vistas o cualquier tipo de comparecencia, presencial o virtual, en las que se haya discutido, evaluado, presentado o tramitado cualquier asunto relacionado con el desarrollo.

La agencia destacó, en sus declaraciones escritas, que ha respondido a todos los requerimientos previos mediante la entrega de más de 2,000 documentos, distanciándose de las presiones del Senado sobre la urgencia del informe detallado de decretos y comunicaciones.

La solicitud de Rivera Schatz incluye, también, la identificación de toda persona natural o jurídica que haya comparecido ante el DDEC en representación o interés de Opus Miramar, desde el 2 de enero de 2023 hasta la fecha.

Opus Miramar es un proyecto residencial de lujo a construirse, con una inversión ascendente a $80 millones, en el Distrito de Convenciones, que está administrado por la corporación pública que dirige la licenciada Verónica Ferraiuoli. Los trámites de los desarrolladores, según reportes de prensa, iniciaron en 2023, cuando Mariela Vallines dirigía la Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones.

El proyecto es desarrollado por el fondo de inversión local Centuria Opportunities Fund LLC e integra a varias entidades, entre ellas, las firmas SCF Arquitectos y Desarrollos Arquitectónicos, Inc., ambas dirigidas por el arquitecto puertorriqueño Segundo Cardona, publicó este medio a finales de 2025.

Centuria Opportunities, según el Registro de Cabilderos, es cliente de Politank, la firma que, hasta diciembre de 2024, fue propiedad del hoy secretario de la Gobernación, Francisco Domenech.

Para desarrollar el proyecto, la entidad Opus Miramar Development North Tower LLC consumó, a finales de 2025, la compraventa de las parcelas E1 y E2 del Distrito de Convenciones por $6 millones, reportó El Nuevo Día recientemente.

En 2023, el primer acuerdo de compraventa entre las partes fue eje de controversia, ya que, para la venta de las parcelas, no se celebró ninguna subasta ni se publicó un requerimiento de propuestas.

Para aquel entonces, Vallines defendió que la entidad recibió dos “acercamientos” no solicitados y, tras una evaluación, adjudicó la parcela identificada como E1 y E2 “al que entendemos es el mejor proponente”.

Alegó, en ese momento, que la corporación pública actuó dentro del marco legal vigente. La ley habilitadora de la Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones le exime de los requisitos de licitación pública, siempre y cuando la Junta de Directores lo autorice mediante una resolución.