El Senado concurrió este jueves con las enmiendas aprobadas más temprano por la Cámara de Representantes al proyecto de reforma judicial del presidente senatorial, Thomas Rivera Schatz, que ahora pasará a la consideración de la gobernadora Jenniffer González para su firma o veto.

Entre otras cosas, el Proyecto del Senado (PS) 1096 propone cambiar la forma en que se ha nombrado a los jueces administradores por las pasadas décadas y eliminaría el cargo de jueces municipales, que pasarían a ser jueces superiores.

La aprobación en la Cámara se dio esta misma tarde, cuando 32 representantes del Partido Nuevo Progresista y Proyecto Dignidad le votaran a favor, mientras que 15 del Partido Popular Democrático y el Partido Independentista Puertorriqueño consignaran su oposición. Seis representantes estuvieron ausentes.

La discusión sobre la medida, en la Cámara, se realizó el pasado lunes, pero la votación se había dejado para un turno posterior.

Entonces, el presidente de la Comisión cameral de lo Jurídico, José “Che” Pérez Cordero, aseguró que la pieza implicaba “pasar del yo al nosotros, otorgando facultades al pleno del Tribunal Supremo de administración para adoptar la reglamentación de cómo se van a escoger figuras claves dentro del proceso de la administración de los tribunales; no se le resta en ningún momento las facultades a la jueza presidenta de administrar la misma rama”.

“Aquí, sencillamente, lo que se está haciendo es, en el ejercicio del poder constitucional de la Asamblea Legislativa, revisando y establecimiento lo que debe ser el funcionamiento del Poder Judicial conforme establece la propia Constitución”, expresó, en tanto, el presidente de la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez.

El PS 1096 busca, además, delegar funciones de designación de jueces regionales y otros puestos al pleno del Supremo, así como eliminar el cargo de juez municipal para pasar a ser juez superior.

En la discusión cameral, la representante pipiola Adriana Gutiérrez Colón consignó la oposición de su delegación, “ante las serias objeciones constitucionales, por objeciones en cuanto a cómo esto va a obstaculizar el acceso a la justicia, por la necesidad de proteger el funcionamiento de los tribunales y la independencia judicial”.

Su compañero de delegación, Denis Márquez, opinó que la propuesta no se ciñe únicamente a la parte constitucional y administrativa del Poder Judicial, sino al control político de los tribunales.

La estructura que se dispone en la pieza establece que el Poder Judicial estará compuesto por los nueve miembros del Supremo; el Tribunal de Apelaciones, con 39 jueces operando en paneles de 3 a 7 miembros; y el Tribunal de Primera Instancia, fijado en 338 jueces, eliminando la categoría de juez municipal.

“A través de este estatuto, cumplimos nuestro deber de procurar un aparato judicial efectivo, actualizado, garante del criterio de independencia judicial y que redunde en el bienestar de los puertorriqueños”, reza la exposición de motivos del proyecto.

Los cambios en que la Cámara introdujo son mínimos, según el entirillado o documento de trabajo de la medida. En esencia, fueron al capítulo 8, de disciplina judicial, para establecer que sería “luego de los trámites procesales correspondientes” que el Supremo podría imponer varias medidas disciplinarias, que incluyen la separación temporal o permanente de las funciones. En el texto original, se establecía que podría ser “previo a” dichos trámites.

En adición, la Cámara extendió a 120 días la entrada en vigor la legislación tras su aprobación. Antes, el término era de 90 días. La extensión también se concedió para atemperar los reglamentos correspondientes.

Desde su radicación en el Senado, la medida ha enfrentado oposición de diversas estructuras judiciales y expertos en derecho constitucional, quienes han apuntado que violenta la separación de poderes que la Carta Magna establece entre las funciones reglamentarias del pleno del Supremo y la autoridad ejecutiva de su juez presidente, cargo que Maite Oronoz Rodríguez ocupa desde 2016.

Desde la promulgación de la Constitución del Estado Libre Asociado, en 1952, el juez presidente ha tenido la facultad de designar a los jueces administradores de cada región judicial y nombrar a los directores auxiliares que laboran bajo el director de la Oficina de Administración de los Tribunales, funciones que los opositores de la pieza consideran que ahora pasarían al Supremo en pleno compuesto por nueve jueces asociados, creando retrasos en el manejo del Poder Judicial.