El Departamento de Justicia citará a testigos y analizará documentos -hasta ahora no considerados- para determinar si reabre la investigación contra la secretaria de la Familia, Suzanne Roig Fuertes, por hechos ocurridos cuando laboraba en el Departamento de Salud, y que había sido archivada en octubre de 2025.

“Vamos a evaluar los documentos, vamos a entrevistar personas para, entonces, reevaluar si vamos a reabrir el caso”, informó este lunes la secretaria de Justicia, Lourdes Gómez, quien no anticipó cuándo ni a quiénes citaría. “Siempre he dicho que, si tenemos prueba adicional, se va a reabrir el caso, pero hay que evaluarlo responsablemente para, entonces, tomar una determinación”, apuntó.

La titular de Justicia hizo sus declaraciones tras reunirse, durante la mañana, con el portavoz del Partido Popular Democrático (PPD) en el Senado, Luis Javier Hernández, y la portavoz alterna de la delegación, Marially González.

“Nos satisface mucho el hecho de que se van a citar personas que puedan aportar a la investigación porque era parte de lo que habíamos planteado inicialmente, que se trataba de una investigación de tres años en la que no se había entrevistado ni un solo testigo”, reaccionó Hernández, quien ha reclamado que se retome el asunto.

Gómez reconoció, según había alegado Hernández, que la investigación de la agencia no incluyó toda la documentación disponible.

Al respecto, la secretaria insistió en que el Departamento de Justicia “no escondió evidencia” ni extrajo documentos del expediente que recibieron del Departamento de Salud, sino que se trata de una prueba que la agencia “no había tenido ante su consideración”.

“Vamos a hacer la investigación como se debe, tome el tiempo que sea necesario”, enfatizó.

Inicialmente, Gómez había descartado la posibilidad de reabrir la pesquisa y había afirmado que, durante la investigación de la agencia, “no se omitió contenido ni se sacaron o quitaron documentos del mismo”. El jueves pasado, sin embargo, citó a los legisladores del PPD como testigos, acción que fue descrita por el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, como un “error” y una forma de “intimidación”.

Tras las expresiones en las que Rivera Schatz advirtió que, de mantenerse la citación mediante subpoena, el Senado procedería con su propia pesquisa, la secretaria de Justicia dejó sin efecto el trámite legal y, en cambio, convocó a los senadores a la “reunión formal” celebrada la mañana de este lunes.

En su pesquisa, Justicia concluyó que el contrato de $60,000 mensuales otorgado al Hogar Hacienda Don Luis, en 2021, por la hoy secretaria de la Familia, mientras dirigía la División de Discapacidad Intelectual del Departamento de Salud, “no era arbitrario” y respondía a la severidad del diagnóstico del paciente.

Determinó, asimismo, que no existía evidencia para concluir que Roig Fuertes impuso la contratación de la empresa One Source Investigations –vinculada a un allegado– como condición para otorgar el contrato del cuido del paciente al hogar.

El caso fue referido al Departamento de Justicia, en 2022, por el entonces secretario de Salud, Carlos Mellado, y la subsecretaria Marilú Cintrón. La pesquisa, sin embargo, fue archivada el 30 de octubre de 2025, cuando Roig Fuertes ya ocupaba la secretaría de la Familia. Entonces, Gómez confirmó que la determinación para archivar la denuncia estuvo basada únicamente en la documentación sometida por Salud.

“El Departamento de Salud nos cursa 239 documentos que son los que se toman en consideración”, indicó Gómez, quien señaló que la “evaluación” interna considerará asimismo las razones por las cuales los documentos en controversia nunca llegaron a Justicia.

Entre los documentos que no ha evaluado la agencia, está la copia de un correo electrónico interno que Roig Fuertes compartió con una persona a la que identificó como “Baby”. El email contenía las condiciones que habría impuesto el Hogar Hacienda Don Luis para asumir el cuidado del paciente identificado como INR.

“Queremos aclarar que sí tenemos el correo electrónico. No tenemos el reenvío al alegado ‘Baby’”, mencionó Gómez este lunes.

Tampoco consta en el expediente de Justicia copia de un informe en el cual el entonces secretario de Salud hizo unas “alegaciones directas” contra Roig Fuertes, así como una demanda de cobro radicada, en 2022, por One Source Investigations, en la que la empresa “admite” que intervino en el caso.

“Vamos a estar en constante comunicación con la secretaria (de Justicia), pero también no delegando nuestra responsabilidad legislativa de continuar investigando este asunto... No cerramos nuestra responsabilidad de continuar insistiendo en que este caso se reabra”, expuso Hernández.

Está sobre la mesa, además, una investigación de la Oficina de Ética Gubernamental contra Roig Fuertes por posibles violaciones a la Ley de Ética Gubernamental por, supuestamente, “promover” el otorgamiento de un contrato obviando el debido proceso de ley. Además, queda pendiente un referido a Justicia por posible perjurio durante la evaluación de su nombramiento en el Senado.