El portavoz del Partido Popular Democrático (PPD) en el Senado, Luis Javier Hernández, acudirá este lunes a su cita en el Departamento de Justicia con la expectativa de que la secretaria Lourdes Gómez comprenda los planteamientos de la delegación y las razones por las cuales -a su juicio- resulta imperativo reanudar la investigación contra la titular de la Familia, Suzanne Roig Fuertes.

Hernández, en compañía de la portavoz alterna, Marially González, presentará los documentos que, alegan, fueron omitidos en el informe final preparado por el Departamento de Justicia, que, en octubre de 2025, finalizó la investigación que llevó a cabo contra Roig Fuertes por otorgar un contrato de $60,000 mensuales para el cuidado de un paciente cuando laboraba en el Departamento de Salud.

La reunión, pautada para las 10:00 a.m., será en la sede de Justicia, en Hato Rey.

“Esperamos salir de allí con el convencimiento de que Justicia entiende nuestro planteamiento y las razones por las cuales deberían reabrir este caso”, afirmó Hernández, en entrevista con este medio. “Entrar en controversia con la secretaria (Gómez) no es el punto más importante, sino que al día de hoy tenemos una secretaria de la Familia manejando cerca de $300 millones en contratos, a pesar de que, en el pasado, fue cuestionada por presiones indebidas para beneficiar a ciertos contratistas”, expuso.

En su pesquisa, Justicia concluyó que el contrato de $60,000 mensuales otorgado por la hoy secretaria de la Familia, mientras dirigía la División de Discapacidad Intelectual del Departamento de Salud, “no era arbitrario” y respondía a la severidad del diagnóstico del paciente. Determinó, asimismo, que no existía evidencia para concluir que Roig Fuertes impuso la contratación de la empresa One Source Investigations –vinculada a un allegado– como condición para otorgar el contrato al Hogar Hacienda Don Luis.

Justicia, según Hernández, no analizó 24 páginas que formaban parte del informe preparado por el Departamento de Salud como parte de una investigación administrativa, pero que aparentemente no fueron remitidas a la agencia. Entre esos documentos, está la copia de un correo electrónico interno que Roig Fuertes compartió a una persona a la que identificó como “Baby”. El email contenía las condiciones que habría impuesto Hacienda Don Luis para asumir el cuidado del paciente identificado como INR.

“Ese correo electrónico desata una serie de cuestionamientos de si, en efecto, la secretaria (Roig Fuertes) usó su poder para beneficiar a una persona o compañía cercana a ella obviando el proceso gubernamental o si hubo presiones indebidas”, señaló Hernández. “Si le pasó información confidencial a un tercero llamado ‘Baby’, no me quiero imaginar cómo se puede estar manejando la información sensitiva del Departamento”, apuntó.

Tampoco consta en el expediente de Justicia, según Hernández, copia de un informe en el cual el entonces secretario de Salud, Carlos Mellado, hizo unas “alegaciones directas” contra Roig Fuertes, así como una demanda de cobro radicada, en 2022, por One Source Investigations.

Al hacer el referido, en 2022, Mellado alegó posibles violaciones, por parte de Roig Fuertes, a la Ley de Ética Gubernamental por supuestamente utilizar las facultades de su cargo y fondos públicos para beneficiar a una persona privada o negocio, y al Código Penal por enriquecimiento ilícito e injustificado.

“Queremos corroborar o constatar el por qué habían documentos en el Departamento de Salud que no estaban en el expediente de Justicia y que debieron haber formado parte de la evaluación. No estamos diciendo que alguien desapareció documentos sino que, simple y sencillamente, el Departamento de Justicia, cuando archivó este caso, no tenía todos los documentos”, subrayó Hernández.

Inicialmente, Gómez descartó la posibilidad de reabrir la pesquisa y había afirmado que, durante la investigación, “no se omitió contenido ni se sacaron o quitaron documentos del mismo”. El jueves, sin embargo, citó a los legisladores como testigos, acción que fue descrita por el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, como un “error” y una forma de “intimidación”.

Tras las expresiones, donde el líder legislativo advirtió que, de mantenerse la orden, el Senado procedería con su propia pesquisa, la secretaria de Justicia dejó sin efecto las citaciones y convocó a los senadores a una “reunión formal” para este lunes.

El portavoz de Asuntos Públicos de La Fortaleza, Jean Peña Payano, indicó este domingo que el cambio de postura de la jefa de Justicia “fue producto de cuando dos profesionales y adultos llegan al diálogo”. “No es hasta que ella hace la citación que todos quieren entrar en el diálogo, y ella pues tuvo y accedió a eso”, argumentó Peña Payano.

Respecto a la posibilidad de reabrir la investigación, dijo que “la secretaría de Justicia va a tomar los pasos que sean necesarios”.

Está sobre la mesa, además, una investigación de la Oficina de Ética Gubernamental contra Roig Fuertes por posibles violaciones a la Ley de Ética Gubernamental por, supuestamente, “promover” el otorgamiento de un contrato obviando el debido proceso de ley, y un referido a Justicia por posible perjurio durante la evaluación de su nombramiento.

Según Hernández, durante la evaluación y confirmación de su designación, Roig Fuertes le mintió al Senado, al negar que tuviera conocimiento de alguna investigación en su contra, omitiendo la que pesaba sobre ella desde 2022.

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La reportera Gloria Ruiz Kuilan colaboró en este reportaje.