Luego de tres semanas en las que insistió en que se trataba de un caso cerrado, la secretaria de Justicia, Lourdes Gómez Torres, abrió la puerta este jueves a que la pesquisa contra la secretaria de la Familia, Suzanne Roig Fuertes, sea reabierta, ante la posibilidad de que exista evidencia nueva que no estuvo previamente ante la consideración de la agencia.

Gómez Torres respondió así a la petición que hicieran senadores del Partido Popular Democrático (PPD), encabezados por su portavoz, Luis Javier Hernández Ortiz, sobre documentos en su poder, incluida una demanda presentada por la empresa a la que Roig Fuertes le otorgó el contrato que ha sido cuestionado, One Source Investigations, y cartas que estaban en el referido que el Departamento de Salud sometió a Justicia, en marzo de 2022, pero no en el expediente examinado por la agencia antes de cerrar la pesquisa, en octubre pasado.

La secretaria de Justicia reveló, en una entrevista televisiva (Telenoticias), que citaría a los senadores Hernández Ortiz, José “Josian” Santiago y José Luis Dalmau “para escuchar la prueba que ellos tienen para determinar si se va a reabrir la investigación o no”.

Cuestionada por El Nuevo Día sobre la posible reapertura del caso, la gobernadora Jenniffer González se limitó a decir, por escrito, que “eso es una determinación del Departamento de Justicia”.

Mientras, al filo de las 6:00 p.m., Hernández Ortiz confirmó que recibió la citación de Justicia, con fecha del próximo martes, pero no asistirá. “Es contraria a derecho. No somos testigo de ningún caso”, dijo.

Comentó, al mismo tiempo, que la delegación del PPD en el Senado citó a Gómez Torres a una reunión, el lunes, a las 10:00 a.m., en su oficina legislativa, para discutir detalles del caso de Roig Fuertes.

“A nosotros, no se nos puede convertir en testigos y mucho menos a quienes refieren asuntos que pueden envolver actos de corrupción. No somos testigos de nada. Somos legisladores ejerciendo una función legislativa”, sentenció Hernández Ortiz.

También esta tarde, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, se pronunció, a través de sus redes sociales, y advirtió que respaldaría a la delegación popular. Acompañó sus expresiones con copia de la citación formal de Justicia. El documento mostrado está firmado por la fiscal auxiliar Melitza Osorio Santiago, quien cerró la investigación contra Roig Fuertes el 30 de octubre de 2025, cuando la funcionaria ya era secretaria de la Familia. Ese mismo día, Osorio Santiago fue nominada por la gobernadora a un ascenso, que obtuvo en noviembre.

“Irrespectivamente de si tiene o no méritos la solicitud de la delegación del PPD, la respuesta no puede ser convertir a los senadores en tarjeta de investigación por su pedido. Mucho menos por parte de la fiscal quien hizo la investigación que se está cuestionando. ¿Si ellos no tuvieran prueba alguna? ¿Cuál sería la acción del Departamento de Justicia? ¿Acusarlos?”, cuestionó el líder senatorial.

“Si no se logra otra vía, mi cargo y mi deber me obligan a defender a los senadores de minoría en los tribunales ¡y lo haré!”, advirtió.

Gómez Torres no estuvo disponible para entrevista, pero, en un comunicado, defendió las facultades investigativas de Justicia, y rechazó que se trate de un intento de “perseguir” a los legisladores de minoría.

“Cuando una delegación legislativa o cualquier ciudadano solicita formalmente reabrir una investigación alegando la existencia de prueba o irregularidades, el Departamento tiene la responsabilidad legal y ética de evaluar esa información. Citar a los proponentes como testigos no es un acto de persecución, sino el procedimiento estándar para recibir y validar la evidencia que el solicitante asegura poseer”, argumentó.

El programa Rayos X (Telemundo) reveló que Roig Fuertes concedió un contrato por $60,000 mensuales, en 2021, al Hogar Hacienda Don Luis para el cuidado de un participante, mientras dirigió la División de Servicios para las Personas con Discapacidad Intelectual del Departamento de Salud. El acuerdo presuntamente estaba condicionado a que se subcontratara a la empresa One Source Investigations –vinculada a un allegado– para servicios de cuido y seguridad.

Previo a las declaraciones de este jueves, Gómez Torres había descartado reabrir el caso, al insistir en que la determinación sobre el cierre se tomó conforme a derecho y basada en la evidencia disponible. Justicia había reconocido, no obstante, que algunos testigos incluidos en la investigación administrativa de Salud no fueron interrogados en la pesquisa archivada.

Hernández Ortiz opinó que las imputaciones contra Roig Fuertes debieron ser remitidas a la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente (Opfei) porque es “una secretaria en funciones, y el archivo del caso se hace mientras está en funciones”. Reveló que le consultó a la presidenta de la Opfei, Ygrí Rivera, quien le respondió que estaba impedida “de dar opiniones consultivas”.

El portavoz del PPD dijo que insistirá en solicitar la reapertura a Justicia y solicitaría a Rivera Schatz que refiera el caso a la Opfei.