El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, sugirió este martes que el Departamento de Justicia debió haber reabierto la investigación que archivó, en octubre pasado, contra la secretaria de la Familia, Suzanne Roig Fuertes, relacionada con la otorgación de un contrato, para despejar cualquier duda que persista sobre la pesquisa y su resultado.

“Para el beneficio de todo el mundo –los que denuncian y los denunciados–, lo ideal hubiese sido que se reabriera y tuviera otra capa de verificación o de examen porque si, en efecto, no hay nada, entonces, los denunciados sienten el alivio y el pueblo, o las personas que están denunciando, sienten la tranquilidad de que se repasó, se revisitó... pero no soy el secretario de Justicia”, señaló.

La delegación del Partido Popular Democrático (PPD) en el Senado había solicitado a la secretaria de Justicia, Lourdes Gómez, la reapertura de la investigación. Ayer, lunes, sin embargo, Gómez lo descartó, al alegar que la determinación de cierre se tomó conforme a derecho y basada en la evidencia disponible.

Al cerrar el caso, Justicia confirmó que, como parte de la pesquisa, no se entrevistó a nadie y que la determinación para archivar la denuncia estuvo basada en la documentación sometida por el Departamento de Salud.

Tras una investigación, el 25 de octubre de 2025, Justicia concluyó que el contrato de $60,000 mensuales otorgado por la hoy secretaria de la Familia para el cuidado de un participante de la División de Servicios para Personas con Discapacidad Intelectual de Salud –que dirigía en destaque– “no era arbitrario” y respondía a la severidad del diagnóstico del paciente.

Determinó, asimismo, que no existía evidencia para concluir que Roig Fuertes impuso la contratación de One Source Investigations como condición para otorgar el contrato al Hogar Hacienda Don Luis.

Las expresiones del líder senatorial surgieron en momentos que era cuestionado sobre una orden administrativa firmada por Gómez, en septiembre del año pasado, en la que instruyó a los fiscales de la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor a someter un informe al cumplirse dos años del inicio de cualquier investigación que no haya resultado en una “determinación final”.

Al respecto, Rivera Schatz opinó que, a su juicio, la directriz establece la estructura con la que deben cumplir los informes de investigación. Sostuvo que la normativa “no cambia la obligación que tiene el Departamento de hacer las investigaciones correctamente y profundizar en todos los datos que sean necesarios profundizar”.

De acuerdo con la directriz, en los casos cobijados por la nueva orden, “no se llevará a cabo gestión investigativa ulterior (…) hasta tanto otra cosa disponga la secretaria de Justicia o hasta tanto se emita determinación conforme dispuesta en el inciso 2 anterior, lo que ocurra primero”.

¿Se está usando esa norma para cerrar casos que pudieran ser sensitivos?, se le cuestionó al líder senatorial.

“Tienes que preguntárselo al Departamento de Justicia... la investigación que haga el Departamento tiene que estar correctamente realizada con entrevistas, con evidencia, con declaraciones juradas, con todo lo que podría ser prueba. Si demoró mucho o demoró poco, la conclusión de ese informe, de esa investigación, tiene que ser satisfactoria para el pueblo puertorriqueño”, respondió.

Al momento, sigue pendiente una solicitud del portavoz del PPD, Luis Javier Hernández, para que Justicia entregue al Senado qué casos han archivado a través de la mencionada directriz.

“Hemos estado pidiendo información sobre diversos temas. Hemos sido bastante liberales, damos el espacio para que todo lo que se quiera verificar, se verifique y se examine”, expuso Rivera Schatz.