El portavoz del Partido Popular Democrático (PPD) en el Senado, Luis Javier Hernández, insistió este lunes en la reapertura de la investigación contra la secretaria de la Familia, Suzanne Roig Fuertes, al denunciar que, en su análisis, el Departamento de Justicia omitió documentación esencial relacionada con el polémico contrato de $60,000 mensuales otorgado para el cuidado de un paciente.

Justicia, según Hernández, no analizó una demanda de cobro radicada el 12 de octubre de 2022 por One Source Investigations -empresa que proveía seguridad al paciente (INR) en el Hogar Hacienda Don Luis-, contra el proveedor que asumió su cuidado luego de salir de dicha institución el 31 de diciembre de 2021.

“En esta demanda One Source admite que su presidente intervino junto con Wilfredo Benítez para obtener este contrato y que este contrato aumentó de una cantidad equis a otra cantidad. Esa admisión, por parte de esa compañía, reabre un elemento importante a investigar por el Departamento de Justicia”, señaló Hernández.

“Y no son alegaciones, ya son admisiones que el Departamento de Justicia debería investigar”, agregó Hernández en referencia a la supuesta intervención del presidente de One Source Investigations, Jesús Nadal, así como del representante de la empresa Wilfredo Benítez.

Sin embargo, la secretaria de Justicia, Lourdes Gómez, descartó la posibilidad de reabrir la pesquisa y alegó que, durante la investigación, “no se omitió contenido ni se sacaron o quitaron documentos del mismo”. Sostuvo, no obstante, que hay documentos que “no estarán sujetos a descubrimiento o inspección”, según las Reglas de Procedimiento Criminal.

“Toda determinación de cierre de investigación se tomó conforme a derecho y basada estrictamente en la evidencia disponible, no en especulaciones ni rumores”, apuntó en declaraciones escritas. “La justicia no se maneja por impulsos ni titulares, sino por evidencia y por lo que dicta la ley”, afirmó Gómez.

Roig Fuertes, en tanto, dijo que no realizaría expresiones sobre el asunto por respeto “a los debidos procesos actuales de requerimiento de información adicional realizados por parte de entidades oficiales”. Agregó que ha “aclarado” el asunto en discusión pública “en múltiples ocasiones”.

Según Hernández, en el nuevo hogar se intentó replicar el esquema de cobro al que Roig Fuertes estaría vinculada, según una investigación del programa Rayos X (Telemundo). Dicha pesquisa señala que, en 2021, Roig Fuertes concedió un contrato de $60,000 mensuales al Hogar Hacienda Don Luis para el cuidado de un solo paciente, mientras dirigía la División de Discapacidad Intelectual del Departamento de Salud.

El 12 de octubre de 2022, One Source Investigations demandó al nuevo proveedor -el cual no fue identificado- reclamando el pago de $120,000 por los servicios de seguridad ofrecidos para el cuidado del paciente, a quien se identifica con las siglas INR, entre los meses de enero y marzo de 2022, a razón de $40,000 mensuales.

La demanda, de acuerdo al senador José A. Santiago, evidencia, asimismo, que el segundo proveedor conoció de la oportunidad de custodiar a INR por One Source Investigations y que, como parte de la negociación, se presentó una oferta de contratación de $45,000, de los cuales $40,000 serían para One Source Investigations.

Posterior a esta primera oferta, no obstante, surgió una segunda alternativa por $50,000, tras una “intervención” del propietario de One Source, dijo Santiago. Del documento judicial se desprende que el propietario del nuevo hogar no firmó el contrato que le presentó Nadal el 21 de febrero de 2022 en el área del food court de un centro comercial.

“Con este requerimiento de admisiones se desprende de manera evidente que Jesús Nadal y Wilfredo Benítez fueron quienes intervinieron para lograr beneficios contractuales sin pasar por el proceso de contratación del gobierno”, aseveró Hernández.

Tras una investigación, el 25 de octubre de 2025, Justicia concluyó que el contrato de $60,000 mensuales otorgado por la hoy secretaria de la Familia “no era arbitrario” y respondía a la severidad del diagnóstico del paciente. Determinó, asimismo, que no existía evidencia para concluir que Roig Fuertes impuso la contratación de One Source Investigations como condición para otorgar el contrato al Hogar Hacienda Don Luis.

La delegación popular alegó, además, que Justicia tampoco analizó 24 páginas que formaban parte del informe preparado por el Departamento de Salud, pero que aparentemente no fueron remitidas a la agencia. Entre esos documentos, está la copia de un email interno que Roig Fuertes compartió a una persona a la que nombra “Baby”.

El correo electrónico contenía las condiciones que habría impuesto Hacienda Don Luis para asumir el cuidado de INR. “Eso, de por sí, debió haber estado en el expediente porque confirmaría, primero, la cercanía entre la directora de la División de Discapacidad Intelectual y el envío de información confidencial contractual que nunca debió haber sido enviado a un tercero que no es parte de la ecuación”, apuntó Hernández.

Tampoco consta en el expediente de Justicia, según Hernández, copia de un informe en el cual el entonces secretario de Salud, Carlos Mellado, hizo unas “alegaciones directas” contra Roig Fuertes. “Por ende, ellos no investigaron las alegaciones relacionadas con Suzanne Roig”, apuntó. " La secretaria de Justicia debería reabrir el caso basado en que hay prueba nueva", apuntó.

Al hacer el referido, en 2022, Mellado alegó posibles violaciones, por parte de Roig Fuertes, a la Ley de Ética Gubernamental, por supuestamente utilizar las facultades de su cargo y fondos públicos para beneficiar a una persona privada o negocio, y al Código Penal por enriquecimiento ilícito e injustificado.