El Departamento de Justicia remitió este viernes al Senado copia del referido que recibió del Departamento de Salud, en 2022, en torno a las presuntas acciones irregulares cometidas por la ahora secretaria de la Familia, Suzanne Roig Fuertes, mientras estaba a cargo del programa que atiende a personas con discapacidad intelectual.

El Senado ya tenía copia del expediente levantado por Salud, agencia que lo entregó más temprano en la semana ante un requerimiento de información separado. Según Justicia, el expediente remitido hoy consta de unas 240 páginas.

La secretaria de Justicia, Lourdes Gómez Torres, precisó que la agencia, además, hizo llegar al Senado copia de la Orden de Cierre y Archivo del Caso.

“El cumplimiento con esta petición de información se hace a menos de 24 horas de haberse recibido y en la mejor disposición de despejar cualquier duda o especulación, cumpliendo con la ley y reglamentos aplicables”, afirmó Gómez Torres, en declaraciones escritas.

Roig Fuertes ha estado bajo fuego desde la semana pasada, cuando el programa Rayos X, de Telemundo, reportó que, en 2021, la funcionaria, como directora de la División de Servicios para Personas con Discapacidad Intelectual, instruyó al hogar que albergaba a un participante a subcontratar a una empresa específica para la provisión de servicios de cuido. El monto de la subcontratación de One Source Investigations, de $60,000 mensuales, supuestamente fue inflado para favorecer a la compañía.

Aunque el Departamento de Salud, entonces bajo la jefatura de Carlos Mellado, removió del puesto a Roig Fuertes y refirió el expediente en 2022 señalando que existían elementos para interpretar que la funcionaria había violado la Ley de Ética Gubernamental, Justicia nunca presentó cargos. En octubre de 2025 –bajo la administración de Jenniffer González y con Roig Fuertes al mando del Departamento de la Familia–, Justicia archivó la investigación.

Tan pronto como la próxima semana, la Oficina de Ética Gubernamental espera determinar si procede una pesquisa contra Roig Fuertes, a raíz de un referido del portavoz del Partido Popular Democrático en el Senado, Luis Javier Hernández.

El jueves, varios medios de comunicación reportaron que el 3 de septiembre de 2025 –menos de dos meses antes del cierre de la investigación– Gómez Torres emitió una orden administrativa que instruyó a los fiscales de la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor a someter un informe al cumplirse dos años del inicio de cualquier investigación que no haya resultado en una “determinación final”.

De acuerdo con la directriz, en los casos cobijados por la nueva orden “no se llevará a cabo gestión investigativa ulterior (…) hasta tanto otra cosa disponga la secretaria de Justicia o hasta tanto se emita determinación conforme dispuesta en el inciso 2 anterior, lo que ocurra primero”.

El Nuevo Día reportó, en tanto, que, el 30 de octubre de 2025, la gobernadora sometió a consideración del Senado el ascenso, de fiscal auxiliar I a fiscal auxiliar II, de Melitza Osorio Santiago, la misma fecha en que cerró la investigación sobre la secretaria de la Familia.