La gobernadora Jenniffer González sometió ante la consideración del Senado un ascenso de la fiscal Melitza Osorio Santiago al puesto de Fiscal Auxiliar II el 30 de octubre de 2025, justo el mismo día en que la nominada, según fuentes de El Nuevo Día, cerró una pesquisa contra la secretaria del Departamento de la Familia, Suzanne Roig Fuertes, por presuntas irregularidades en la concesión de un contrato.

El documento en poder de El Nuevo Día, firmado por González, fue recibido en la Secretaría del Senado el mismo día que Osorio Santiago, según fuentes de este periódico, cerró la investigación contra Roig Fuertes sin que se refiriera el caso a la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (Opfei).

El informe sobre el archivo del caso que sometió el Departamento de Justicia al Senado esta semana hace constar que la pesquisa cerró el 30 de octubre de 2025.

La Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos, a cargo del presidente del Senado Thomas Rivera Schatz, rindió, el 10 de noviembre de 2025, informes positivos para la confirmación de diversas designaciones radicadas por el Ejecutivo, incluyendo el ascenso de Osorio Santiago a Fiscal Auxiliar II junto con los fiscales Héctor Crespo Correa y Alexandra Nicole Cardín Cruz.

Al ser abordado, este jueves, sobre la designación para el ascenso de Osorio Santiago el mismo día que, según las fuentes consultadas por El Nuevo Día, cerró la pesquisa contra Roig Fuertes, el secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza, Jean Peña Payano, sostuvo que “eso (el ascenso) no ocurre de un día para otro”. Tiene que haber un proceso de someter unos documentos, un expediente”.

“Querer proyectar que pasó en un overnite, de una noche para otra, no es una premisa correcta”, añadió Peña Payano.

El Nuevo Día solicitó a Justicia detalles adicionales sobre el ascenso de Osorio Santiago y aguarda por una respuesta.

La pesquisa contra Roig Fuertes comenzó, en 2022, mediante un referido del Departamento de Salud por presuntas irregularidades en la otorgación, en 2021, de un contrato de $60,000 mensuales para brindar tratamiento a un paciente de salud mental mientras Roig Fuertes era la directora de la División de Servicios para Personas con Discapacidad Intelectual de la agencia.

Al hacer el referido, en 2022, el entonces secretario de Salud, Carlos Mellado, alegó posibles violaciones, por parte de Roig Fuertes, a la Ley de Ética Gubernamental por supuestamente utilizar las facultades de su cargo y fondos públicos para beneficiar a una persona privada o negocio, y al Código Penal, por supuesto enriquecimiento ilícito y enriquecimiento injustificado.

Salud alegó, en el referido, que Roig Fuertes, mientras era empleada de esa agencia, “promovió el aumento de la compensación de propuestas de proveedores de servicios bona fide de la agencia” y “presionó a dichos proveedores para la subcontratación de la compañía One Source Investigations, Inc., sin ser sometida a los procesos de contratación gubernamental”.

Además de Mellado, el caso fue referido a Justicia por la entonces subsecretaria de Salud, Marilú Cintrón. La pesquisa, sin embargo, fue archivada el 30 de octubre de 2025, cuando Roig Fuertes ya ocupaba la secretaría de la Familia. El señalamiento principal ha sido la alegación de que el contrato estaba condicionado a contratar a One Source Investigations, vinculada a un allegado de la actual titular de la Familia.

Al respecto, Justicia concluyó que el Hogar Hacienda Don Luis, en Vega Alta, y la Corporación de Servicios de Amas de Llaves (COSAL), empresa encargada de proveer los servicios de cuidadores al hogar, habían hecho “un esfuerzo fallido” en trabajar con el paciente motivo del contrato.

Justicia argumentó, además, que, en un correo electrónico con fecha del 10 de julio de 2021, el propietario del Hogar Hacienda Don Luis, Eliut Colón, “reconoció” la necesidad de los servicios de One Source Investigations, al darles la bienvenida indicando que “creo que toda la estructura que traen es de vital importancia para el éxito que necesitamos con INR (el paciente)”.

Mientras, la secretaria de Justicia, Lourdes Gómez Torres, justificó este jueves que no se refiriera a la Opfei el expediente sobre Roig Fuertes al resaltar, en declaraciones escritas, que “dicho puesto(,) ocupado en aquel entonces por la señora Roig Fuertes(,) no es de los enumerados en el artículo 4 de la Ley Número 2 del 1988, conocida como la Ley de la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente”.

Según la jefa de Justicia, luego de una “revisión exhaustiva” de sus expedientes, certificó al Senado “que no existe constancia de que la señora Suzanne Roig Fuertes fuera notificada como tarjeta o persona de interés en investigaciones administrativas, civiles o criminales vinculadas a sus funciones previas en el Departamento de Salud entre los años 2021 y 2025”.

“Es importante aclarar que, conforme al trámite ordinario de nuestra institución, no es la práctica general notificar el inicio o la conclusión de este tipo de investigaciones de integridad pública, salvo requerimiento expreso de la ley. Por tal razón, se ha hecho constar que el cierre de la investigación bajo el caso 2022-31-102-00022 no fue notificado a ninguna de las partes involucradas”, abundó Gómez Torres.

Como regla general, la Ley 2-1988 ordena que Justicia refiera a la Opfei los expedientes de investigaciones preliminares relacionadas con funcionarios de primer nivel, que incluyen al gobernador y sus ayudantes, secretarios y subsecretarios de agencias –o el puesto de jerarquía similar–, alcaldes, legisladores, jueces, fiscales, registradores de la propiedad y procuradores de familia y menores. La Opfei, tras recibir el expediente y la recomendación de Justicia, tiene discreción para determinar si asigna o no un fiscal especial.

La ley orgánica de la Opfei, de igual forma, requiere que las personas objeto de investigación sean notificadas del inicio de la pesquisa y, más adelante, de la decisión en torno a la asignación del fiscal especial independiente.

Hoy, jueves, el portavoz del Partido Popular Democrático (PPD) en el Senado, Luis Javier Hernández, exigió la renuncia de Roig Fuertes y la refirió a Justicia y a la Oficina de Ética Gubernamental (OEG), al argumentar que incurrió en perjurio cuando declaró, durante la evaluación de su designación como titular de Familia, que no tenía conocimiento de alguna pesquisa en su contra, y usar su cargo para promover la contratación de la empresa que favorecía.