Tal como anticipó, el portavoz del Partido Popular Democrático (PPD) en el Senado, Luis Javier Hernández, refirió este jueves al Departamento de Justicia y la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) a la secretaria de la Familia, Suzanne Roig Fuertes, por presunto perjurio y promover un alza en compensación a un proveedor de servicios, respectivamente.

Según Hernández, Roig Fuertes ocultó, bajo juramento, que era objeto de una investigación activa del Departamento de Salud al momento de su evaluación y confirmación a Familia.

“Referimos a Roig Fuertes por el perjurio cometido en el proceso de consejo y consentimiento ante el Senado”, lee parte de la carta cursada a la secretaria de Justicia, Lourdes Gómez.

En la misiva –con fecha de hoy, 30 de abril–, Hernández alega que, al completar el documento “Historial Personal de los Nominados”, Roig Fuertes respondió que “no” a la pregunta de si tenía conocimiento de alguna investigación en su contra, omitiendo la pesquisa activa que pesaba sobre ella durante su confirmación.

La titular, de la misma forma, respondió con la palabra “ninguna” a una pregunta donde se le solicitó –como parte de su evaluación– que detallara “cualquier asunto presente o pasado de su vida o sus circunstancias que usted entienda que debe señalar, pues podría crear alguna controversia sobre su designación”.

“Aun cuando contestó en la negativa a ambas preguntas... la funcionaria recientemente ha dicho lo contrario”, dijo el senador del PPD, en referencia a una entrevista concedida por la secretaria, el 14 de abril, al programa Rayos X (Telemundo), donde “admitió” que le mencionó el asunto a la gobernadora Jenniffer González durante una conversación previa a su designación.

“Dichas respuestas fueron puestas bajo el juramento de un notario público, con fecha del 27 de enero de 2025”, sostuvo Hernández, acompañado del senador José A. Santiago.

En 2022, Roig Fuertes fue referida a Justicia por el entonces secretario del Departamento de Salud, Carlos Mellado, por presunto su vínculo con la otorgación de un contrato por $60,000 mensuales, en 2021, al Hogar Hacienda Don Luis para el cuidado de un participante, mientras dirigía –en destaque– la División de Servicios para las Personas con Discapacidad Intelectual.

El señalamiento principal no ha sido la cuantía del acuerdo, sino que estaba condicionado supuestamente a que se subcontratara a la empresa One Source Investigations para servicios de cuido y seguridad.

Justicia, sin embargo, archivó la investigación el 30 de octubre de 2025, cuando Roig Fuertes ya ocupaba la secretaría de la Familia, tras determinar que no existía evidencia para concluir que la funcionaria haya impuesto la contratación de One Source Investigations.

Al hacer el referido, Mellado alegó, además, posibles violaciones, por parte de Roig Fuertes, a la Ley de Ética Gubernamental, por supuestamente utilizar las facultades de su cargo y fondos públicos para beneficiar a una persona privada o negocio, y al Código Penal, por enriquecimiento ilícito e injustificado.

“El Código Penal establece, en su Artículo 269, que comete el delito de perjurio, toda persona que jure o afirme, testifique, declare, deponga o certifique la verdad ante cualquier tribunal, organismo, funcionario o persona competente y declare ser cierto cualquier hecho esencial o importante con conocimiento de su falsedad”, añade la misiva.

La solicitud de intervención a la OEG, detalló Hernández, responde a posibles violaciones a la Ley de Ética Gubernamental por Roig Fuertes supuestamente “promover” que se le aumentara la compensación a un proveedor de servicios de Salud para que subcontratara los servicios de One Source Investigations.

“Nosotros nos reiteramos: Suzanne Roig debe abandonar su posición en el Departamento de la Familia y, si no está dispuesta a ello, como parece estar, entonces, la gobernadora debe demostrar quién es el adulto en la casa y destituir a esta funcionaria. El país no puede aguantar un día más a esta funcionaria en una posición en la que maneja cientos de millones de dólares”, apuntó Hernández.

En declaraciones previas, Roig Fuertes ha dicho que ha “actuado siguiendo los más altos estándares, valores éticos y profesionales”, y negado que estuviera al tanto de la pesquisa mientras era confirmada.

Según Hernández, tanto Justicia como la OEG confirmaron el recibo de sus cartas vía correo electrónico.