El secretario de Salud, Víctor Ramos Otero, sostuvo este miércoles que no coincide con todas las conclusiones del informe que la agencia preparó el cuatrienio pasado, en el que se señalaron posibles violaciones de la actual secretaria de la Familia, Suzanne Roig Fuertes, a la Ley de Ética Gubernamental, pero que el Departamento de Justicia archivó en octubre de 2025.

Ramos Otero acentuó que no tiene objeción a declarar ante el Senado –que investiga el asunto– en sesión ejecutiva, pero insistió en que sería impropio ventilar el tema públicamente porque está vinculado al tratamiento contratado para un paciente de salud mental. La investigación que el Departamento de Salud realizó el cuatrienio pasado, bajo el exsecretario Carlos Mellado, arrojó que Roig Fuertes, entonces jefa de la División de Servicios para las Personas con Discapacidad Intelectual, pudo haber instruido a un hogar a reclutar a una empresa específica a un costo de $60,000 mensuales, cifra supuestamente inflada para beneficiar al subcontratista.

“Toda la parte administrativa de este caso no se puede desligar de la parte clínica del paciente, así que yo, éticamente, estoy disponible para contestar lo que sea en sesión ejecutiva, pero no voy a hablar públicamente de qué tiene o no tiene el paciente. La parte administrativa de las decisiones que se tomaron no se pueden desligar de la parte clínica del paciente”, recalcó Ramos Otero a los medios, durante un evento organizado por la agencia en un hotel de Condado.

En pasados días, ante un requerimiento del Senado, y luego de objetar en un inicio la petición, Justicia entregó el expediente de la investigación que cerró en octubre del año pasado –cuando Roig Fuertes ya servía como secretaria de la Familia–, que incluye el contenido de la pesquisa administrativa de Salud que halló las potenciales ilegalidades bajo el contrato de $60,000 al mes otorgado al Hogar Hacienda Don Luis. Roig Fuertes, según los hallazgos administrativos, habría impuesto como condición que, con esos fondos, el hogar subcontratara a la empresa One Source Investigations para la provisión de los servicios.

“Ese informe no se hizo en mi administración. No necesariamente estoy de acuerdo con todo lo que dice allí, pero hablar públicamente, como médico, creo que sería antiético. Si otros lo hacen, yo no lo voy a hacer”, dijo, en clara referencia a Mellado, quien, en pasados días, ha defendido en varios medios el proceder de Salud bajo su mandato.

Ayer, martes, en comparecencias televisivas, el exsecretario alegó que One Source Investigations pertenece a una persona que mantenía una relación sentimental con la hoy secretaria de la Familia.

Ramos Otero ripostó que “no creo que casi nada de lo que dice el doctor Mellado”, con quien mantiene diferencias desde que lo venció, en 2018, en la contienda por la presidencia del Colegio de Médicos Cirujanos.

“Él tiene una agenda. Fue enviado para una intención de tratar de afectar a la gobernadora (Jenniffer González), afectar al secretario de la Gobernación (Francisco Domenech) y afectarme a mí, en una instrucción desde su posición de asesor en el Senado. Así que la mayoría de las cosas que él diga yo las tomo con pinzas”, acotó.

De paso, Ramos Otero subrayó que Mellado no puede desligarse del contrato supuestamente impulsado por Roig Fuertes, toda vez que, como secretario, era responsable de suscribir las “justificaciones” para cada acuerdo de servicios, independientemente de la figura que firmaba, en última instancia, la transacción.

Según Ramos Otero, durante su administración, Mellado delegaba todas las firmas de contratos en el subsecretario y el jefe de personal, contrario a la política vigente, en la que el secretario suscribe los contratos con empresas, mientras que el subsecretario y el “chief of staff” se encargan de los demás acuerdos.

“Zapatearse y decir que ‘yo no firmaba’… Usted era el secretario, era su responsabilidad. Era el mismo mecanismo; hay que firmar las justificaciones”, sostuvo.

Mientras, Ramos Otero confirmó que, el pasado fin de semana, realizó un viaje a Kansas City, por invitación del monitor federal que supervisa las operaciones de los programas de discapacidad intelectual de Salud, una gestión oficial de la que también participaron Roig Fuertes y la coordinadora de Eficiencia Gubernamental, Verónica Ferraiuoli.

Insistió en que se trató de un viaje que el monitor había programado originalmente para noviembre, con el objetivo de conocer los servicios de una compañía que provee servicios a adultos con discapacidades.

“Todos estábamos allí invitados por el monitor federal. El monitor escogió las personas que iban a estar en ese viaje”, dijo Ramos Otero, al señalar que, en el caso de Ferraiuoli, está designada por la gobernadora para representarla en los procedimientos de supervisión federal, que también incluyen a la Policía y las instituciones juveniles del Departamento de Corrección y Rehabilitación.