Ponce - Aunque ha trascendido que personas clave no fueron entrevistadas y hay pedidos de reabrir el caso, la gobernadora Jenniffer González dio por concluida este martes la investigación del Departamento de Justicia contra la secretaria de la Familia, Suzanne Roig Fuertes, sobre un contrato de $60,000 mensuales para el cuidado de un paciente otorgado en 2021, al tiempo que indicó que la retendrá en el puesto.

“El Departamento de Justicia, bajo el pasado gobierno, comenzó una investigación sobre las alegaciones. Y el Departamento de Justicia encontró que no hay ningún tipo de comisión de delito. Y que la persona que firma el contrato no es la actual secretaria. Es otro funcionario dentro del Departamento de Salud. Así que quien tiene la potestad para decidir si hay o no hay una comisión de delito es el Departamento de Justicia, que ya ha dicho que no hay nada ahí”, dijo González, tras participar de la ceremonia de colocación de la primera piedra de la reconstrucción del Museo de Arte de Ponce.

¿Dónde, entonces, queda el argumento de que, supuestamente, hay personas a las que no se les preguntó, que no testificaron, que no fueron llamadas por Justicia, pese a tener información importante en el caso?, cuestionó El Nuevo Día.

“Eso es un asunto del Departamento de Justicia durante la pasada administración, porque todos estos hechos que estamos hablando fueron durante la pasada administración, y el Departamento de Justicia encontró que no había ninguna causa de delito”, reiteró.

¿La secretaria tiene su confianza y permanece en su cargo?, se le inquirió.

“Correcto”, respondió la gobernadora.

Según una investigación del programa Rayos X (Telemundo), Roig Fuertes estaría vinculada a la concesión de un contrato por $60,000 mensuales, en 2021, al Hogar Hacienda Don Luis para el cuidado de un participante, mientras dirigía la Unidad de Discapacidad Intelectual del Departamento de Salud. El señalamiento principal no ha sido la cuantía del acuerdo, sino que estaba condicionado, supuestamente, a que se subcontratara a la empresa One Source Investigations para servicios de cuido y seguridad.

El caso fue referido a Justicia, en 2022, por el entonces secretario de Salud, Carlos Mellado, y la subsecretaria Marilú Cintrón, entendiendo que podía haber posibles violaciones, por parte de Roig Fuertes, a la Ley de Ética Gubernamental por, supuestamente, utilizar las facultades de su cargo y fondos públicos para beneficiar a una persona privada o negocio, y al Código Penal, por enriquecimiento ilícito e injustificado.

Tras evaluar la prueba, sin embargo, Justicia determinó, y lo consignó en un informe, que no existía prueba suficiente para sostener la comisión de delito alguno bajo el estándar de “más allá de duda razonable”, requerido en el ámbito penal.

La investigación fue archivada el 30 de octubre de 2025, cuando Roig Fuertes ya ocupaba la secretaría de la Familia. La decisión, confirmó Justicia, se produjo solo a base del análisis del expediente sometido por Salud, sin entrevistar, por ejemplo, a la propia Roig Fuertes ni al dueño del Hogar Hacienda San Luis, Eliut Colón, quien originalmente se querelló sobre el contrato ante Salud.

Tan reciente como ayer, lunes, la delegación del Partido Popular Democrático en el Senado exigió a la secretaria de Justicia, Lourdes Gómez Torres, que reabra la pesquisa archivada. El portavoz Luis Javier Hernández requirió también la renuncia inmediata de Roig Fuertes y, de no ocurrir, emplazó a la gobernadora a que la destituya.

La semana pasada, Justicia rechazó entregarle al Senado, en respuesta a una petición de Hernández, copia del expediente relacionado con la investigación. No obstante, ayer sometió el informe sobre el cierre de la pesquisa, al tiempo que Salud compartió copia de su “informe de investigación”.

Roig Fuertes se ha amparado en el informe de Justicia para defender su gestión en el servicio público. “Tal y como he manifestado, siempre he llevado la frente en alto, he actuado de acuerdo a mi alta escala de valores, defendiendo mi integridad, por encima de todo”, dijo el lunes.