El Departamento de Justicia concluyó que el contrato de $60,000 mensuales otorgado, en 2021, por la hoy secretaria de la Familia, Suzanne Roig Fuertes, para el cuidado de un paciente, en un hogar de Vega Alta, “no era arbitrario” y respondía a la severidad del diagnóstico del paciente.

Determinó, asimismo, que -tras la prueba evaluada- no existía evidencia para concluir que Roig Fuertes haya impuesto la contratación de la empresa One Source Investigations como condición para otorgar el contrato al Hogar Hacienda San Luis cuando dirigía la División de Servicios para las Personas con Discapacidad Intelectual del Departamento de Salud.

Así quedó consignado en el informe de investigación realizado por el Departamento de Justicia y que fue entregado este lunes al Senado, en respuesta a una petición de su presidente, Thomas Rivera Schatz.

“Evaluada la prueba documental desglosada..., concluimos que no existen los elementos necesarios para la configuración de ninguno de los delitos al amparo de los cuales se nos remite el referido que nos ocupa o algún otro. Esto, de manera tal que se puedan probar algunos de ellos más allá de duda razonable”, lee el documento de 16 páginas que puso punto final, el 25 de octubre de 2025, a la investigación contra Roig Fuertes.

Al hacer el referido, en 2022, el entonces secretario de Salud, Carlos Mellado, alegó posibles violaciones, por parte de Roig Fuertes, a la Ley de Ética Gubernamental, por supuestamente utilizar las facultades de su cargo y fondos públicos para beneficiar a una persona privada o negocio, y al Código Penal por enriquecimiento ilícito y enriquecimiento injustificado.

Alegaba Salud que Roig Fuertes, mientras era empleada de esa agencia, “promovió el aumento de la compensación de propuestas de proveedores de servicios bona fide de la agencia” y “presionó a dichos proveedores para la subcontratación de la compañía One Source Inc. sin ser sometida a los procesos de contratación gubernamental”.

Tras revelarse el contenido del informe de Justicia, Roig Fuertes indicó que siempre ha estado “tranquila y confiada de que la verdad saldría a la luz y pronto”. “Jamás le he fallado a mi conciencia, ni a nadie; he actuado siguiendo los más altos estándares, valores éticos y profesionales. Estamos y seguiremos trabajando por todas las familias y todo el pueblo de Puerto Rico”, dijo la secretaria en expresiones escritas.

Además de Mellado, el caso fue referido a Justicia por la entonces subsecretaria de Salud, Marilú Cintrón. La pesquisa, sin embargo, fue archivada el 30 de octubre de 2025, cuando Roig Fuertes ya ocupaba la secretaría de la Familia. El señalamiento principal han sido las alegaciones de que el contrato estaba condicionado a contratar a One Source Investigations.

Al respecto, Justicia concluyó que Hacienda Don Luis y la Corporación de Servicios de Amas de Llaves (COSAL), empresa encargada de proveer los servicios de cuidadores al hogar, habían hecho “un esfuerzo fallido” en trabajar con el paciente motivo del contrato.

Argumentó, además, que, en un correo electrónico con fecha del 10 de julio de 2021, el propietario de Hacienda Don Luis, Eliut Colón, “reconoció” la necesidad de los servicios de One Source Investigations, al darles la bienvenida indicándole: “Creo que toda la estructura que traen es de vital importancia para el éxito que necesitamos con INR (el paciente)”.

“Lo evaluado no arroja evidencia de ilegalidad alguna en relación con la señora Roig Fuertes, sino más bien procesos normales dentro de ese tipo servicio a personas con discapacidad intelectual, en cuyos casos existe un monitor federal supervisando y velando que se le garanticen sus derechos”, dispuso el Departamento de Justicia, bajo el mando de Lourdes Gómez.

La compensación de $60,000 mensuales, aclara Justicia, incluía los renglones de cuidadores especializados, gastos recurrentes del hogar y del participante, daños a la propiedad ocasionados por el participante y otros imprevistos que pudieran presentarse. El Hogar había estimado en $29,424 el monto para el cuidado mensual del paciente.

Según Justicia, la diferencia surgida entre el presupuesto propuesto por el propietario del hogar y One Service Investigations, que representó un aumento de $12,880, respondía también a la integración de turnos de group leader para todos los días de la semana, incluyendo sábado y domingo, en jornadas laborales de ocho horas diarias, a razón de $25.00 la hora, y de un director y coordinador para cinco días de la semana.

“En el presupuesto de Hogar Don Luis, no existía el puesto de director y coordinador, y el turno de group leader se utilizaba solo tres días a la semana, en jornadas de siete horas diarias a razón de $20.00 la hora diaria”, lee el documento.

El informe hace constar, igualmente, denuncias del propietario del hogar, que entendía que se habían “inflado” los números.

Como parte de la investigación, Justicia recibió, según detalla, 30 documentos, incluyendo declaraciones juradas, tanto del propietario del Hogar Hacienda Don Luis, cuyas preocupaciones motivan el referido al Departamento de Justicia por parte del Departamento de Salud, como de Roig Fuertes. Analizaron correos electrónicos, contratos, minutas de reuniones y una cronología de eventos.

En el documento, se consigna que, dada la evidencia recopilada, la fiscal a cargo de la investigación “entendió innecesario” llevar a cabo procesos de recopilación de evidencia adicionales y la notificación a la alegada imputada, ni al querellante ante el Departamento de Salud, lo que “usualmente se hace en casos de circunstancias similares”. “Concurrimos con el criterio de la fiscal”, apuntó Justicia.

“Actualmente, el Estado no cuenta con prueba alguna que corrobore las alegaciones sobre actos ilegales y/o delictivos relacionadas con la señora Roig Fuertes, no implicando los hechos surgidos en relación con los servicios que se tramitaron para beneficio del participante INR (paciente) en la División de Servicios para las Personas con Discapacidad Intelectual, la comisión de delito alguno”, concluyó.